La ley que todos necesitamos

Hace ya largos años, un diputado se propuso impedir el cierre de una aprobación legal y para ello necesitó hablar más de ochenta horas. Al final de la hazaña fue paseado en andas por sus correligionarios opositores, pero no pudo agradecer los elogios porque se le había cortado la voz. Recuerdo que yo, cuando elegí el calificativo que la tal hazaña me provocó, rápidamente acudió a mi mente la frase: “¡Qué gran tontera!”.

Esa hazaña llevó a un extremo y le dio patente de legitimidad a la técnica de prolongar un debate, que hoy estamos viendo en gloria y majestad.

Esa táctica de impedir que el Gobierno legisle -como es su derecho- es antigua en Chile, pero nunca había alcanzado la frondosidad de ahora. No basta calificar ese método de antichileno y antiético, porque el sector que practica ese desleal sistema es impermeable a los razonamientos éticos o patrióticos.

Un gobierno es electo precisamente para que legisle durante su periodo y el impedírselo o entorpecérselo por el método de presentar infinidad de indicaciones busca precisamente coartar esa obligación básica. Sin leyes nuevas no hay cumplimiento de programa y es un fuerte indicativo de fracaso gubernamental.

Yo creo que llegó la hora de corregir esta vieja falencia constitucional y la forma de hacerlo es bastante sencilla: hacer que las sesiones de las comisiones que aprueban los proyectos de ley para que pasen a votación de la sala sean presididas por un juez de turno o un alto funcionario del servicio electoral, quien tendrá la facultad de negar la palabra a quienes quieran presentar acciones a un proyecto de ley que ya ha sido aprobado.

Cierto es que una reforma constitucional puede ser más difícil de aprobar que cualquier otra cosa, puesto que lesiona directamente la calidad de boicoteadora de un gobierno por parte de la oposición, pero tal vez eso abra el camino para justificar una consulta nacional que autorice una disposición antiboicot a la legislación. Estoy seguro de que una consulta nacional de ese tipo va a resultarle de gran apoyo, porque es necesaria, porque es patriótica y porque es ética.

Es de público conocimiento que la oposición al gobierno del presidente José Antonio Kast busca impedirle legislar, mediante la dilación en la aprobación de leyes, recurriendo a la presentación constante de indicaciones que reducen al mínimo la capacidad del Ejecutivo para impulsar su agenda.

Otra enmienda constitucional, que los tiempos están trasformando en imprescindible, es la de las facultades extraordinarias que le permiten al Presidente de la República legislar con decretos con fuerza de ley.

El país ha tenido feliz experiencia cuando se usó ese mecanismo excepcional, y todos los viejos votantes recordamos el feliz uso de esa facultad extraordinaria durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, ya que le permitió a ese mandatario agilizar enormemente la construcción de viviendas.

Yo creo que sin facultades extraordinarias le será muy difícil al presidente Kast ahondar problemas como el desorden en los colegios públicos y especialmente en los más emblemáticos. Creo, igualmente, que la lucha contra la delincuencia y la criminalidad está íntimamente ligada a la agilidad y la elasticidad de la legislación anticriminalidad.

La impermeabilidad de la izquierda a las consideraciones éticas en la política es un problema muy hondo y difícil de explicar. En general se debe a la confusión del concepto de lucha de clase con el concepto de legislación imprescindible que debe tener cada presidente. Sin embargo, no sería esfuerzo perdido el tratar de explicar que la legislación es necesaria para absolutamente todo el mundo y que la necesitamos hoy más que nunca.