El respaldo a quienes defendieron el orden no fue una metáfora

Provocó sorpresa y entendimiento el reconocimiento del presidente José Antonio Kast de que expulsar a 300 mil inmigrantes en un día era una metáfora -o, como luego precisó, una hipérbole-. Sorpresa, por el reconocimiento; entendimiento, porque se trata de una materia que no depende enteramente de la voluntad presidencial, sino también de otros órganos del Estado, de procedimientos administrativos, de relaciones internacionales y de las garantías propias de un Estado de Derecho.  

Distinto es el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, que no admite ser leído como una figura literaria. Esa convicción fue precisamente una de las razones que llevó a muchos chilenos, incluyéndome, a mirar al Partido Republicano como una alternativa política real, en una época en que demasiados optaron por el silencio, la tolerancia e incluso la justificación y romantización de actos vandálicos.

No actuaron por cuenta propia, sino en cumplimiento de un deber, bajo órdenes, con uniforme y con los medios que el mando les entregó. Fueron enviados a enfrentar a quienes destruían el espacio público, instalaban barricadas, quemaban buses, pymes y templos. No enfrentaban simples manifestaciones pacíficas, sino grupos violentos que causaron terror en la ciudadanía, sobrepasando todo límite democrático. Es hora de que el poder civil les devuelva la mano, revisando con justicia las condenas derivadas de una crisis que la propia política provocó y, luego, no fue capaz de contener.

Es un hecho que octubre de 2019 Chile no vivió solo una protesta social, sino una crisis de autoridad, seguridad y sentido común. Es cierto que la revuelta logró convocar a más de un millón de personas en las calles. Pero es más cierto aún que, frente a ese millón, hubo millones de chilenos que permanecimos en nuestras casas, no por indiferencia, sino por temor y por cuidar a nuestras familias. En calles donde la violencia no permitía siquiera el tránsito de un carabinero, menos podía circular libremente un ciudadano. Esa fue una muestra de cómo la democracia podía convertirse en rehén de la violencia.

Por eso la comparación entre los indultos de Boric y los que Kast prometió revisar, es grotesca. No es lo mismo indultar a quien intentó sostener el orden público y proteger la institucionalidad, que indultar a quienes, en el marco de la violencia, pusieron de rodillas al Gobierno, al punto que lo hicieron ceder desde los 30 pesos hasta abrir, bajo la presión de los extremistas, un proceso que buscó reemplazar lo más preciado de nuestra democracia: la Constitución.

El expresidente Gabriel Boric indultó a 13 personas: 12 condenadas por hechos vinculados a la revuelta y a Jorge Mateluna, condenado por una causa distinta, relacionada con el asalto a un banco. Entre los delitos informados públicamente respecto de los beneficiados hubo homicidio frustrado, incendios, lanzamiento o elaboración de artefactos incendiarios, receptación, robo y porte ilegal de piezas de armas o municiones. No eran jóvenes con ilusiones, sino delincuentes dispuestos a todo.

En cuanto a los uniformados, la Fiscalía informó que hasta junio de 2025 existían 102 condenados por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020: 85 de Carabineros, 16 del Ejército y uno de la Armada. También se registraban 219 sentencias condenatorias definitivas en causas de violencia institucional vinculadas a acciones policiales y militares durante las protestas. CIPER, en cambio, con un criterio más acotado, reportó en marzo de 2026 que había nueve uniformados en prisión por casos emblemáticos de la revuelta, todos con condena ejecutoriada.  

Por eso, si el presidente Kast señaló que usaría el indulto, estoy seguro de que no fue una metáfora ni una hipérbole. Pero también estoy seguro de que lo hará de una manera radicalmente distinta a como lo hizo Boric, quien reconoció que hubo una desprolijidad en su decisión. Total, eran parte del lumpen que él mismo invocó cuando era parlamentario. Kast, en cambio, prometió ejercerla mediante una revisión, lo que amerita estudiar los expedientes, informes penitenciarios, antecedentes médicos, análisis jurídico y una razón de Estado clara.

Es también el momento de que quienes invocan los derechos humanos y repiten que el fin de la pena es la reinserción social, no la venganza, demuestren si son de verdad o de cartón.