Golpizas, aplicación de corriente eléctrica y exposición a gases lacrimógenos. Todo eso, mientras de fondo suenan canciones y propaganda chavista. Así describe la familia del exteniente coronel Ovidio Andrés Carrasco Mosquera el martirio que vive el militar —de origen chileno— en la cárcel de “El Rodeo”, donde permanece recluido en Venezuela.
La historia se remonta hace siete años atrás, cuando fue detenido tras ser apuntado como uno de los principales responsables detrás de un supuesto atentado para derrocar al depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2018.
Como principal prueba, desde el gobierno bolivariano presentaron una confesión del propio Carrasco obtenida —según hoy indica su familia— bajo coacción. Fue condenado a catorce años de presidio.
APUNTADO POR EL GOBIERNO
Según antecedentes del caso recabados por Bío Bío Investiga, aproximadamente seis meses después del atentado, en enero de 2019, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acudieron al domicilio de Carrasco —donde residía junto a su familia— y, tras realizar un cateo del lugar, lo subieron esposado a un vehículo del organismo.
Días después, concretamente el 7 de ese mes, el entonces ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló —en una rueda de prensa transmitida para todo el país— las identidades de las supuestas personas detrás de un atentado que intentó acabar con la vida de Nicolás Maduro. Uno de los apuntados era el chileno-venezolano, a quien se acusó de filtrar información sobre la ruta presidencial bajo su rol como jefe de Telecomunicaciones del organismo militar.
En febrero de 2019, el connacional fue sentenciado por la justicia venezolana, en un juicio —según indica la familia— sin derecho a defensa, a cumplir una pena de catorce años, cinco meses, seis días y dieciséis horas de prisión por los delitos de traición a la patria, conspiración, revelación de secretos de Estado y asociación para delinquir.
Desde esa fecha, su familia inició una serie de diligencias en el consulado chileno en Venezuela en búsqueda de ayuda. Además, interpusieron una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por presuntas violaciones a los derechos humanos.
DESDE VALPARAÍSO A PUERTO ORDAZ
Ovidio Andrés Carrasco Mosquera creció en Puerto Ordaz. A dicha localidad, ubicada muy cerca de Brasil, llegó su padre en la década de los 70, directo desde Valparaíso, en busca de mayores oportunidades laborales. Y las encontró. Ingresó a trabajar a una empresa minera. En la ciudad también conoció a su esposa, cuyo nombre no es mencionado en este reportaje por solicitud de la familia. Fruto de esa unión entre el chileno y la venezolana nació el exteniente coronel.
En 1996, Ovidio se mudó a Caracas, donde ingresó a la Academia Militar de Venezuela. Su sueño de toda la vida, , según cuenta hoy su familia a Bío Bío Investiga. Luego de egresar en 2001, comenzó de inmediato de su carrera como oficial con grado de teniente.
Dentro de la institución, decidió especializarse en el área de comunicaciones. Los conocimientos adquiridos le permitieron ser designado como jefe del Departamento de Comunicaciones de la Casa Militar. En 2018 fue ascendido a teniente coronel, manteniéndose en el mismo cargo y grado hasta 2019.
EL “ATENTADO”
Pero el 4 de agosto de 2018 todo comenzó a cambiar. Ese día se celebró en Caracas la conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, donde trabajaba Carrasco. El acto contó con la participación de quien era el mandatario de Venezuela en ese entonces, Nicolás Maduro.
En el acto, Maduro emitió un discurso donde, en resumidas cuentas, destacó la labor realizada por la institución. Todo se desarrollaba con relativa normalidad hasta que, cuando se disponía a terminar sus palabras, se escucharon unas detonaciones que posteriormente fueron identificados como supuestos drones. Estos, de acuerdo con la versión oficial del gobierno, contenían cargas explosivas que detonaron en las cercanías de la tarima presidencial.
Las explosiones, según señaló Jorge Rodríguez —quien en ese momento se desempeñaba como vicepresidente de Venezuela— en una rueda de prensa, dejaron siete efectivos de la Guardia Nacional heridos. Además, atribuyó el ataque a la ultraderecha venezolana. Tiempo más tarde, el gobierno acusó al entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de planificar el atentado en colaboración con Estados Unidos y Perú.
—Cuando ocurrió la situación, mi mamá y yo nos preocupamos. Lo llamamos para saber dónde estaba —recuerda Nicole, hija mayor de Ovidio, en conversación con este medio.
El hecho remeció a todo el país. Mientras los opositores a su mandato consideraban héroes a quienes estuvieran detrás del ataque, los simpatizantes del gobierno los veían como traidores a la patria que debían pagar por sus actos.
SALIÓ ESPOSADO DE SU CASA
Los meses siguientes, el gobierno, mediante distintas ruedas de prensa, le contaba al país sobre el estado de las indagatorias dirigidas a identificar a los responsables del supuesto atentado.
Así, llegó el 30 de enero de 2019. Ese día, Ovidio —según expresa su familia— realizó algo poco usual: volvió temprano a su hogar, cerca de las 17:00 horas aproximadamente. Lo hizo acompañado de otras personas: tres funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes vestían de civil.
El exteniente les pidió a sus hijos que salieran del departamento y lo esperaran en el primer piso del edificio. ¿La razón? Les dijo que los funcionarios realizarían una inspección al interior del inmueble. Los menores no entendían nada. Él se quedó junto a su esposa y los agentes.
Luego de aproximadamente tres horas, Carrasco salió esposado y escoltado por los efectivos del organismo de contrainteligencia. Su esposa, quien también salió en ese momento del inmueble, estaba pálida.
—Hija, cuida a tus hermanos, que me voy y no sé cuándo vuelva —cuenta Nicole que le dijo su padre antes de ser subido a un vehículo de la DGCIM.
Esa fue la última vez que lo vio libre.
—A tu papá se lo llevan detenido porque lo están acusando de intentar matar a Maduro con un dron el año pasado —le dijo su madre.
Al volver a su domicilio, —cuentan— se percataron de que faltaban pasaportes, computadores, ropa, joyas, juguetes y libros.
DESPOJADO DE SU GRADO DE MILITAR
La familia estuvo más de 72 horas sin saber de su paradero. Según una denuncia interpuesta por ellos ante la ONU, recién el 3 de febrero (es decir, tres días después del arresto), a las 21:00 horas, la madre de Nicole recibió una llamada. Desde la DGCIM le indicaron que podía visitar a su esposo en el Hospital Militar Dr. Vicente Salias.
La mujer —de acuerdo al escrito— se dirigió inmediatamente al centro de salud. En el lugar se encontró con su marido recostado sobre una camilla y custodiado por cinco agentes de la DGCIM, los cuales se encontraban armados.
Según el relato de la familia, Ovidio, producto de las esposas, presentaba marcas profundas en sus muñecas que incluso dejaban ver sus huesos. Además, —según el documento— sus brazos estaban edematizados (morados) y enrojecidos producto de una infección.
La esposa de Ovidio pudo hablar con él escuetamente y siempre vigilados. Al otro día, fue trasladado a las dependencias de la DGCIM, ubicada en Boleita, un barrio de la capital llanera. Hasta el lugar nuevamente acudió su cónyuge. Allí le solicitaron que llevara vendas, antimicóticos y cicatrizantes para su esposo.
Horas más tarde, por órdenes de un superior, y pese a la gravedad evidente de sus heridas, fue llevado a la casa presidencial, el Palacio de Miraflores. En el recinto —según la acusación— fue despojado de sus insignias y de su grado militar frente a funcionarios de la Guardia de Honor Presidencial, incluidos excompañeros suyos.
ACUSADO EN CADENA NACIONAL
—Este traidor que traicionó su honor, su palabra, su condición de militar y la amistad que le brindaron unos pocos aquí en el Palacio de Miraflores, fue reclutado por Julio Borges para facilitar el asesinato del presidente Nicolas Maduro.
Estas palabras corresponden a solo un extracto de la rueda de prensa realizada por el exministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, transmitida —desde el Palacio de Miraflores— en cadena nacional tres días después, el 7 de febrero de 2019.
El supuesto traidor al que hace alusión es precisamente Ovidio Carrasco. Y Julio Borges corresponde a un conocido líder opositor venezolano. Según el gobierno, este último reclutó en 2013 al militar “para tramar el magnicidio” que se concretaría cinco años después.
En su alocución, Rodríguez dijo de todo: que Carrasco, aprovechó su rol como jefe de comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial, que le habría facilitado a Borges información clave sobre la ruta del jefe de Estado, incluyendo ubicaciones, relaciones con ministros, vínculos con “grupos de poder” e información sobre la Fuerza Armada, entre otros antecedentes.
Además, sus dichos fueron acompañados de una confesión supuestamente voluntaria del connacional donde aparece reconociendo los hechos.
—Cerca de los eventos del mes de agosto me dicen que no vaya a actividades militares porque se viene el atentado contra el presidente. Me lo dice Julio Borges. Que no vaya a ninguna actividad —se escucha decir a Ovidio en el material audiovisual, revisado por esta Unidad de Investigación.
—El 4 de agosto yo tenía responsabilidades en la actividad [de Maduro]. Estando en la actividad, me llaman de manera desesperada para que me vaya de ahí urgentemente porque había un atentado contra el presidente con unos drones. A la media hora de que me dicen eso, yo salí. Posteriormente pasó lo de las explosiones y el poco de cosas que se conocen bien: explosivos, los drones que no llegaron, y fundamentalmente eso fue lo que pasó —agregó.
Sobre estas declaraciones, Rodríguez sostuvo que Ovidio aceptó voluntariamente someterse a la prueba del polígrafo “para que quedara perfectamente claro que todo lo que estaba diciendo no era nada más que la verdad”.
—Las investigaciones señalan incluso que Carrasco facilitó el proceso para que los drones pudieran atacar la tarima presidencial el pasado 4 de agosto —esgrimió en la rueda de prensa el también hermano de la actual mandataria llanera, Delcy Rodríguez.
—Quien le comunica a Borges dónde iba a hacerse el desfile es Ovidio Carrasco. Queda plenamente establecido —puntualizó.
12 HORAS RETENIDA
Dos días después, la esposa de Ovidio Carrasco llegó a la DGCIM para preguntar por la salud de su marido. El reloj marcaba las 9:00 am. Según expresa la familia, en el interior de las instalaciones fue interrogada y torturada psicológicamente.
Una vez dentro de la sede, la llevaron hacia una especie de salón. En dicho lugar se escuchaban gritos de desesperación provenientes de una habitación colindante, sostienen. De acuerdo con la familia, le hicieron creer que estos correspondían a una persona que estaba siendo torturada y que esa persona correspondía a su marido. La misma técnica habrían aplicado con el exteniente coronel chileno: le hicieron creer que su esposa estaba gritando bajo tortura.
Además —según lo señalado por la familia—, en el recinto la mujer fue amenazada con quedar en prisión si no declaraba que su marido efectivamente estaba detrás del “complot” contra el Gobierno de Venezuela.
Recién a las 10:00 pm se le permitió ver a Ovidio. En ese momento, pese a no existir ninguna acusación formal en su contra, se les indicó que el exteniente coronel quedaría detenido por orden del entonces director de la DGCIM.
Luego de recibir esta noticia, se le permitió salir de las dependencias del organismo de contrainteligencia. En total, estuvo más de 12 horas retenida en las instalaciones.
SIN DERECHO A DEFENSA
Frente a toda esta sucesión de eventos, la familia del militar decidió contratar a un abogado que defendiera a Ovidio Carrasco de las acusaciones en su contra. El primer jurista que eligieron no fue aceptado por el Ministerio Público por presuntamente ser “opositor” al gobierno, según cuenta Nicole Carrasco.
Este escenario, obligó a buscar otro abogado. El segundo abogado solicitó —tras identificarse como su defensor— entrevistarse con Ovidio, sin embargo, desde la DGCIM le prohibieron la entrada. La familia asegura que ellos ni sus abogados nunca pudieron acceder completamente al expediente.
Posteriormente, a la esposa del militar, nuevamente le solicitaron retirar al abogado que representaba a su marido. Por las mismas razones que el anterior: era “contrarevolución”. También le indicaron que como familia se abstuvieran de hacer declaraciones públicas o aparecer en redes sociales. Si no cumplían con esto, la DGCIM podría proceder contra ella o sus hijos en cualquier momento.
—El día que le hicieron el juicio a mi papá. Nosotros no sabíamos. Llamaron rápidamente al abogado y no lo dejaron entrar, fue como un juicio clandestino (…..) tampoco nos dejaron apelar el caso, simplemente lo agarraron, lo sentenciaron y ya está —señala Nicole Carrasco.
BLOQUEO DE ORGANISMOS PÚBLICOS
Además de la negativa a permitirle contar con su propio abogado, la familia Carrasco sufrió el bloqueo de distintos organismos públicos por parte de la Dirección de Contrainteligencia. Por ejemplo, no pudieron concurrir al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), lo que les impedía salir del país, al menos por la vía legal.
—Eso nos prohibió salir del país porque tenemos alerta roja, eso significaría que nos detienen si salimos. (…) Y si nosotros queremos regresar legalmente al país mientras esté el gobierno, tampoco podemos hacerlo porque nos pueden detener, entonces tendríamos que ingresar ilegal —sostiene Nicole.
—También hicieron que nosotros no pudiésemos renovar el pasaporte ni la cédula venezolana, entonces teníamos que andar con documentación vencida y prácticamente inservible porque ¿cómo vives tú fuera de tu país o dentro de un país con documentación vencida? —se lamenta.
Del mismo modo, fue bloqueada la cuenta que su madre tenía en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). También fueron congelados del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y del Servicio Nacional Integrado Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), una institución similar al Servicio de Impuestos Internos (SII) en Chile.
—No podíamos hacer trámites relacionados con declaración de rentas, impuestos, etcétera —señala sobre este último organismo.
En la misma línea, —según acusan— se bloqueó injustificadamente el sueldo del exteniente coronel Ovidio Carrasco y el de su esposa. Toda esta serie de inconvenientes, según palabras de Nicole, los hizo pasar de ser una familia de clase media acomodada, sin mayores sobresaltos económicos, a caer en la pobreza en cuestión de días.
—A mi madre le quitaron el trabajo. Y no podía generar ingresos, de forma legal no podía. Ni buscar trabajo ni emprender. La empresa de repostería se la expropiaron, básicamente —cuenta.
Y agrega:
—Desde 2019 estuvimos como cuatro años viviendo en la clandestinidad. Mi mamá tenía que buscar maneras de vender cosas usadas que teníamos en la casa, como muebles viejos. Como también es enfermera, visitaba gente de forma particular en sus casas.
LA CÁRCEL DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Nicole también relata los primeros días de su padre en la cárcel: —Los despertaban [a todos los presos políticos] a la mitad de la noche, no los dejaban dormir, no dejaban que ellos conversaran entre ellos mismos. En cualquier momento se los llevaban, los sacaban y, no sé, los electrocutaban, les caían a golpes —relata.
La cárcel corresponde al centro penitenciario “El Rodeo I”. Ubicada en el estado de Miranda, se trata de una prisión de máxima seguridad donde son enviados justamente los presos políticos. Allí, asegura Nicole, su padre vive en paupérrimas condiciones.
Por ejemplo, para beber —según expresa la joven— solo tiene a su disposición agua de la llave. ¿El problema? Allí no es potable, sostiene.
—Los dejan todo el día con la luz prendida. O sea, mi papá no tiene posibilidad de descansar con la luz apagada y los dejan todo día con una música de Chávez y Maduro. Mientras están durmiendo, como que los obligan a escuchar este tipo de canciones. De las propagandas chavistas.
En esa línea, dice que le sirven comida fría, en porciones mínimas y en malas condiciones. Sin proteínas. Y como es la única comida que puede obtener, se la debe comer sí o sí para no morir de hambre.
—Es como un arroz todo pegostoso con una mezcla de sabrá Dios qué es. Por eso muchos presos políticos están en desnutrición. No les permiten que les ingresen alimentos, por lo menos ahora donde está mi papá.
Además, cuenta a esta Unidad de Investigación que a los presos que se encuentran en El Rodeo los obligan a usar overoles de color naranjo y a raparse, al más puro estilo del cine estadounidense.
—Los obligan a usar un uniforme naranja. Es obligatorio (…) los obligan a cortarse el pelo, casi calvo —explica.
Según dice, a los internos les lanzan a veces gases lacrimógenos “para tranquilizarlos”. —En verdad los ahogan con eso. A veces los dejan salir a tomar luz del sol, pero es como una vez a la semana —acota.
Sobre el aseo, la higiene y las necesidades básicas dentro del penal, Nicole sostiene que las condiciones no solo para su padre, sino también para todos los presos que se encuentran recluidos en dicho lugar, son inhumanas.
—Los obligan a ir al baño en sus propias celdas, en unos botes de agua plástica. Los obligan a hacer sus necesidades ahí, hasta que algún día se lo limpian. Ellos agarran agua que cae del aire acondicionado para asearse.
Antes de ser trasladado a El Rodeo, Ovidio estuvo cuatro años encerrado en la DGCIM, ubicada en Boleita, un barrio de la capital venezolana. La experiencia en dicho lugar no fue muy distinta. Así lo relata su hija.
—Su celda era horrible, porque ahí estaba en un sótano y en ese sótano llegaban los gases que botaban los autos por los tubos de escape. Y todo ese monóxido que botaba en los autos lo aspiraban ellos. No tenía aire puro —consigna.
DILIGENCIAS REALIZADAS POR SU FAMILIA
Tras esta serie de acciones deliberadas que afectaron a Ovidio Carrasco y a su familia, su padre, Sergio Carrasco, decidió pedir ayuda en el consulado de Chile en Puerto Ordaz. Allí, en 2019, expuso la situación de su hijo.
—Le pidió al gobierno que por favor ayudaran a su hijo porque a Chile le corresponde legalmente ayudar a un chileno en el extranjero, capaz no lo puedan sacar de ahí, pero sí pueden abogar por él, por sus derechos, para que no lo sigan torturando, le puedan rebajar la condena —señala la hija del exteniente coronel.
—Mandó cartas, peleó, insistió, llamaba todos los días porque también llegó la pandemia, entonces la pandemia atrasó un montón de cosas también —agrega la joven.
Según expresa Nicole, su abuelo encabezó las diligencias hasta inicios de 2021. En ese momento, debido a complicaciones de salud, le delegó las riendas del caso a su nuera.
—Se lo derivó a mi mamá porque su estado de salud se complicó. No pudo continuar más. Estaba al tanto, hablaba, pero ya no con la misma insistencia.
Ese año también interpusieron una denuncia en las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas. Y, por recomendación de la ONU, tomaron contacto con la Corte Penal Internacional (CPI), cuyos funcionarios se acercaron a ellos en el contexto de una “investigación de crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la CPI cometidos por las autoridades del Estado en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014”.
En concreto, llenaron un formulario que tenía como objetivo “asistir a las víctimas en la presentación de estas opiniones y observaciones a los jueces”.
LLEGADA A CHILE EN 2022
La situación en Venezuela se hacía insostenible. Según cuenta Nicole, junto a su familia fueron víctimas de intervenciones telefónicas y seguimientos cuando salían de su casa. Además, en el país mucha gente afín a Nicolás Maduro ya los identificaba y apuntaba como los familiares del “traidor”.
Por este motivo, a finales de 2021, buscaron escapar a Chile, con el objetivo de vivir con un poco más de “tranquilidad” y continuar con las diligencias de manera presencial.
—El Consulado en Venezuela nos ayudó (…..) con una visa temporal a mi mamá para que ella pudiera escapar y venirse para acá con nosotros. A nosotros nos dio un pasaporte de emergencia, pero es lo que correspondería a cualquier chileno en nuestra posición. Eso fue en la época de Piñera —sostiene Nicole.
La joven llegó a Chile en 2022, luego de solicitar previamente una visa temporaria en 2021. Desde Venezuela, eso sí, tuvo que escapar de manera ilegal. Su madre y sus dos hermanos, ambos menores de edad, salieron de la misma forma.
Aproximadamente un año después de llegar al país, en 2023, falleció quien había iniciado las diligencias para liberar al exteniente coronel: el abuelo de Nicole, quien desde 2019 hasta esa fecha solo había logrado ver en tres ocasiones a su hijo.
—Era un viaje en auto de 8-9 horas para un señor ya de 90 y tantos años. Entonces, no era fácil trasladarlo. Mi abuelo ya estaba un poco débil. Entonces fue bastante complejo el tema la verdad —cuenta.
Sergio murió sin ver a su hijo en libertad.
REUNIÓN EN CANCILLERÍA
Una vez establecidos en Chile, no se movieron de forma inmediata. El miedo infundido a partir de las amenazas y la persecución recibida en su tierra de origen generó que, en un comienzo, los pasos de la familia fueran evaluados con particular cautela antes de efectuar cualquier tipo de avance en relación con la situación del exteniente coronel.
—Lo que pasa es que antes del 3 de enero para los venezolanos era imposible pensar que íbamos a salir del régimen y de todo lo que estaba pasando en el país. Entonces, decir algo era exponer la vida de mi papá al mil, porque ¿quién lo defendía? —reflexiona Nicole.
Bajo ese contexto, —según dice Nicole— decidieron llevar una vida tranquila y trabajar para poder enviarle dinero a Ovidio. Sin embargo, a partir del “debilitamiento del régimen” que provocó la captura de Maduro, Nicole decidió subir videos a redes sociales exponiendo la situación que aquejaba a su familia y a su padre desde 2019.
Paralelamente, en diciembre del año pasado, retomó las diligencias que habían iniciado en Venezuela. Lo primero que hizo fue requerir información al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile mediante el portal de Transparencia.
Luego, solicitó una reunión con Cancillería a través de la plataforma Ley de Lobby. El encuentro se llevó a cabo el 22 de enero en las oficinas de dicha cartera, ubicadas en Teatinos 180.
—Me preguntaron qué esperaba de ellos y les dije que yo vine aquí a pedirles ayuda, para liberar a mi papá, para solicitar y hacer presión al régimen en Venezuela para que puedan traerlo a Chile, porque es un ciudadano chileno y porque ni si quiera tienen pruebas para tenerlo encerrado —expone Nicole.
—También les dije que a mí no me parece que que el Estado chileno no haya hecho nada y yo no me siento protegida tampoco ni me siento segura acá —agrega.
Nicole dice que le comentaron que, al estar fracturadas las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, el escenario era complejo. Pero que, de todas formas, analizarían el caso para poder prestarle ayuda.
—Básicamente me hicieron saber que los chilenos que están allá, tanto presos políticos o ciudadanos normales están como desamparados en cuanto a temas consulares (….) Por eso, me dijeron que estaban haciendo lo posible para negociar a través de un tercer país, que sí tenga presencia consular en Venezuela, pero hasta el momento no he recibido noticias de eso, me dicen que debo esperar.
Luego de la reunión, le llegó la respuesta desde Transparencia. Al revisar, se encontró con una mala noticia: no hay ningún avance en el caso desde 2021.
—Al principio hay buena disposición, pasan dos, tres semanas y más nunca sé de ellos —afirma.
Consultados por esta Unidad de Investigación, en Cancillería señalan que están al tanto de la situación y le han prestado apoyo a la familia desde que fue detenido.
—Desde la detención del teniente coronel del Ejército venezolano Ovidio Carrasco en 2019, la Cancillería, a través de su consulado en Caracas, acompañó a la familia respecto de su solicitud de asistencia consular, de acuerdo con las facultades expresadas en la Convención de Viena de Relaciones Consulares —sostienen.
“No estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo protección”
Nicole, junto a su familia, hoy hace un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Considera que el hecho de que las relaciones diplomáticas entre los países estén cortadas no impide que el Estado pueda hacer algo más por ayudar a su padre.
—Que de el estado que me hayan dado esa respuesta la encuentro un poco vaga. Entiendo que no hay consulado, pero algo se podrá hacer, no hay pronunciamiento ni siquiera como del presidente ante el caso o de algún ministro, o sea, nada —expresa.
—No estoy pidiendo dinero, ¿sabes? Estoy pidiendo protección. Entonces, como que ni eso, es como un abandono, un descuido total por parte del Estado —añade.
Desde esta Unidad de Investigación se intentó contactar a entidades gubernamentales de Venezuela o derivadas, como por ejemplo el Ministerio Público. Sin embargo, pese a las gestiones realizadas a través de canales oficiales, no fue posible obtener una respuesta hasta el cierre de esta edición.
—Yo les dije que en este caso esperar para mí no es suficiente, porque cada día que pasa es un día que puedo tener menos a mi papá —se lamenta Nicole.
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