Enviando corrección, espere un momento...
Esta guerra de guerrillas reglamentaria tiene un trasfondo político evidente: el gobierno se juega la vida en la velocidad.
Lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se tramita el Proyecto de Ley de Reconstrucción, no fue un debate legislativo, sino un choque de columnas de agua donde el reglamento se utilizó como arma blanca.
El proyecto del Ejecutivo, ese caballo de Troya que bajo un nombre de emergencia busca demoler la reforma tributaria de Bachelet e instaurar un fast track ambiental para proyectos de alta externalidad, se enfrentó a un muro de 1.500 indicaciones presentadas por la oposición.
El gobierno había tomado una conversación en un podcast donde estaban tres destacados diputados de oposición, para tratar de instalar que se estaba buscando trancar la pelota, no dar más empleos ni ayudar a las personas que necesitan sus casas.
La respuesta no fue solo comunicacional, sino que también legislativa. La Moneda respondió con una maniobra de “jugada maestra”: una estrategia de enmiendas sustitutivas que borró de un plumazo las modificaciones opositoras, bloqueando el ataque para imponer su idea original, ahora con pequeños ajustes de redacción. Como las indicaciones del ejecutivo mandan, se caen entonces casi todas las de la oposición.
Esta guerra de guerrillas reglamentaria tiene un trasfondo político evidente: el gobierno se juega la vida en la velocidad.
Los datos de la reciente encuesta Criteria confirman que la sospecha de que este diseño es un traje a medida para los sectores más ricos ha calado hondo: un 46% de la población cree que la ley favorece principalmente a las grandes empresas y personas de mayores ingresos, frente a solo un 35% que piensa que apunta a la creación de empleo.
En ese punto el relato de la oposición ha funcionado perfecto. El Ejecutivo sabe que cada minuto de retraso es una filtración más de agua en su relato de eficiencia. Por eso, su “contra-tsunami” no busca convencer, sino anular.
Salieron también acusaciones de filibusterismo para marcar a la oposición. El nombre no es por piratas, sino que se llama así a las técnicas de obstrucción legislativa que ocupan las minorías que no tienen los votos y buscan retrasar un proyecto.
El origen del nombre es del Congreso de Estados Unidos, donde se ha convertido en una práctica común. Un caso famoso es el del senador republicano Ted Cruz, quien leyó un cuento infantil para dilatar el financiamiento del Obamacare. Aquí, el filibusterismo opera en el tsunami de indicaciones que estiran el chicle hasta el infinito, convirtiendo el trámite en un proceso impopular.
La respuesta del gobierno, al anular masivamente estas indicaciones, es una apuesta de todo o nada. Al intentar forzar un fast track ambiental y un desmantelamiento tributario, está enviando una señal clara: la urgencia no es por la catástrofe, sino por blindar un modelo antes de que la aprobación del Presidente y de la propia reforma siga cayendo.
La buena noticia es que estamos viendo una pelea política de verdad y como decía Pirincho en Comando Jungle, primero digamos la verdad y después nos mentimos. La verdad es que el gobierno necesita sacarla pronto para que no se desplome la aprobación y, por la misma razón, la oposición necesita retrasarla.
Ya que están de moda las metáforas, permítanme una. Lo que presenciamos en realidad no es una discusión profunda sobre la Ley de Reconstrucción, sino un duelo de piratas en un mar de normas legislativas, donde el gobierno intenta navegar a toda vela con un barco cargado de rebajas tributarias que favorecen a los más ricos, mientras la oposición intenta crear un tsunami para hacerla naufragar, pues no tiene los votos.
