Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero A.G., anulando la obligación de utilizar los prefijos 600 y 809 en llamadas por cobranzas extrajudiciales, impuesta por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en 2025. El retail financiero argumentó que estas comunicaciones no son publicidad, sino para regularizar pagos, y que la medida afectaba su capacidad de gestionar la morosidad.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) publicó en el Diario Oficial una modificación alusiva a los servicios asociados: las llamadas de cobranzas extrajudiciales volverán a ser de tipo “normal”, es decir, el usuario ya no las verá con los prefijos 600 o 809 en su celular.
Ello, porque la Corte Suprema acogió los recursos legales que presentó la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero A.G., que argumentó que ese tipo de contactos no podían ser catalogados como publicidad o spam.
Recalcaron que su objetivo era exclusivamente para que un cliente regularizara su situación de pago.
Además, las empresas advirtieron que estaban enfrentando un grave perjuicio en su capacidad de gestionar la morosidad y recuperar los créditos otorgados.
Por consiguiente, la resolución de la Suprema indicó que no era posible calificar el ejercicio de la cobranza extrajudicial telefónica como un “servicio complementario”; y agregó que era “meramente una comunicación efectuada por el acreedor a un deudor determinado, a través del medio telefónico”.
Con este cambio normativo, por tanto, se volvieron a abrir las puertas para que las comunicaciones destinadas a la cobranza extrajudicial queden completamente eximidas de usar los prefijos 600 y 809.
Cabe recordar que en agosto de 2025 comenzó a regir la regulación que determinó que las empresas debían usar esos números en comunicaciones masivas, de forma que fuera más fácil identificarlas ante la molestia de la ciudadanía por el spam telefónico y fraudes.
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