El "congelador" judicial: la estrategia de Santander para frenar la millonaria demanda de BancoEstado

Era un miércoles de marzo de 2026 cuando la jueza Isabel Eyzaguirre Flores abrió el expediente que tenía sobre su escritorio y tomó una decisión que pocas veces se ve en los tribunales civiles chilenos: se declaró incompetente para seguir conociendo el caso. No porque no supiera derecho. Sino porque, como millones de chilenos, tenía una CuentaRUT en BancoEstado y era, al mismo tiempo, cliente de Santander. Ambos bancos estaban frente a ella, peleando por $33.245.640.049.

Ese momento resume bien el estado de una causa que, en el papel, debería ser relativamente directa: un contrato de 30 años, una tarifa impaga, una demanda. Pero en los pasillos del 8° Juzgado Civil de Santiago, la “guerra de las transferencias” entre BancoEstado y Santander se ha convertido en algo mucho más complejo: una disputa de trincheras donde la batalla real no es sobre quién tiene razón, sino sobre quién logra congelar el tiempo.

La jugada del “congelador”

Según los documentos de la causa, pareciera ser que la defensa de Santander no está en negar la deuda. Está en suspenderla. A través de un recurso técnico denominado litispendencia por conexidad, el banco de capitales españoles argumenta que el juez civil no puede fallar mientras el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) no termine de tramitar su propia causa paralela sobre el mismo conflicto tarifario.

La tesis es que lo que resuelva el TDLC sobre si las tarifas cobradas por BancoEstado son o no abusivas producirá una “cosa juzgada refleja”. En la práctica, si ese tribunal especial determina que la tarifa de 0,01 UF por transferencia es ilegal, la demanda de $33 mil millones se caería automáticamente en sede civil, sin que Santander tenga que pagar un peso en el intertanto.

En cambio, por parte de BancoEstado se sostiene, en el expediente, que se trata de una táctica para “instrumentalizar” la justicia y dilatar el pago de una obligación contractual que, a su juicio, no admite discusión.

El costo del efectivo físico

Mientras el debate público se centra en si 0,01 UF es un precio “justo de mercado”, el expediente judicial contiene un argumento que ha pasado casi inadvertido fuera de los tribunales.

BancoEstado ha introducido el concepto de costo de liquidación de efectivo como pieza central de su justificación tarifaria. El banco estatal sostiene que su red, compuesta por CajaVecina y sucursales en zonas extremas del país, opera de facto como una corresponsalía para el sistema bancario privado.

Según consta en el expediente al que tuvo acceso Radio Bío Bío, cada vez que un cliente de Santander realiza una transferencia hacia una CuentaRUT ubicada en una localidad remota, es BancoEstado el que debe desplegar camiones de valores, gestionar el efectivo físico y garantizar que ese dinero esté disponible para el destinatario. Es un costo operativo real, argumenta el banco, que los bancos privados no asumen y que, según esta lectura, justifica una tarifa diferenciada.

La jueza inhabilitada

A la complejidad técnica del caso se sumó, en marzo de 2026, un tropiezo administrativo. La jueza titular del 8° Juzgado Civil, Isabel Eyzaguirre Flores, debió declararse inhabilitada para conocer el juicio. La razón, consignada en una resolución que consta en el expediente: la magistrada es cliente de Santander y, a la vez, titular de una CuentaRUT en BancoEstado. Ambas partes del litigio conviven en su vida cotidiana.

El conflicto de interés obligó a suspender los términos procesales y ha generado una rotación de jueces subrogantes que dificulta la continuidad de una causa que ya acumula más de 60 folios de incidentes procesales. Un expediente que crece, pero que no avanza.

Guerra de los testigos

El último frente abierto en el expediente es la disputa por los testigos. Santander ha solicitado que declaren gerentes de bancos competidores, con el argumento de demostrar que ninguna otra institución en la industria cobra las tarifas que BancoEstado exige. La estrategia apunta a enmarcar el juicio como un caso de precios fuera de mercado.

El BancoEstado, en cambio, está bloqueando esas diligencias. Su argumento: este no es un proceso para auditar a la banca chilena, sino un juicio sobre el cumplimiento de un contrato específico suscrito hace 30 años. Lo que cobren otros bancos, sostiene, es irrelevante para resolver si Santander pagó o no lo que prometió pagar.

Requeridos por la Unidad de Investigación de Bío Bío, ni BancoEstado ni el Santander emitieron una declaración al respecto.