Marcelo Moya cayó detenido en 2018 por una alerta que se encendió desde Europa. Fue la Interpol de Alemania quien se comunicó con Chile para avisar que desde su dirección IP se estaba descargando pornografía infantil. Cuando lo detuvieron, Moya no lo negó. Entregó todos sus aparatos y se fue condenado por 12 años. Pena que terminará de cumplir el 28 de octubre de 2029.
Hoy —a ocho años de su sentencia— lanzó una ofensiva contra Gendarmería para que lo dejen usar un computador y tener acceso restringido a internet. ¿La razón? Dio la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y obtuvo puntaje nacional. Quiere estudiar Ingeniería.
Su petición, que ingresó el mismo año que sacó excelencia académica, se reduce a que lo dejen matricularse y estudiar en modalidad online. Según su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, su único objetivo es la reinserción social: tener una oportunidad cuando cumpla su condena.
Pero Gendarmería le dijo que no. Que no tenían ni una sala, ni un computador, ni mucho menos internet. Los pocos aparatos que tenían en la cárcel eran usados en los talleres que impartía el propio penal. Y como ley pareja no es dura, aplicarían la misma decisión para todos los internos.
Con ambos argumentos sobre la balanza, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó su decisión. Si bien Moya está privado de libertad, mantiene “incólume” su “derecho a la educación en la medida que las posibilidades de la unidad penal en la que se encuentra lo permitan”.
En simple, Marcelo Moya podrá volver a estudiar.
Puntaje nacional
Cuando se encendió la alarma desde Alemania, la Policía de Investigaciones le siguió el paso. Llegaron a la casa de su padre el 8 de noviembre de 2014 a las siete de la mañana. Con la autorización del papá ingresaron hasta el dormitorio de Moya.
No opuso resistencia. Entregó dos notebooks, dos discos duros, su celular y otros dos teléfonos. Les dijo a los funcionarios que quería cooperar y hasta les indicó dónde tenían que buscar los archivos.
Los documentos en sus dispositivos acreditaron cuatro hechos constitutivos de delitos. Y al mismo tiempo, se le condenó por almacenamiento y producción de pornografía infantil y abuso sexual. Le dieron 12 años en total que comenzaron el 21 de octubre de 2015.
Desde entonces, ha demostrado buena conducta en la cárcel, de acuerdo con documentos de Gendarmería. Y tras siete años condenado decidió volver a estudiar. Se preparó y en 2025 rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Obtuvo puntaje nacional, según certificó el DEMRE.
Así, manifestó su intención de volver a matricularse en Ingeniería y solicitó a Gendarmería un equipo y una sala para estudiar online.
Sin espacio físico
La petición encendió las alertas. Si bien Gendarmería no lo aseguró explícitamente durante la tramitación del recurso, lo cierto es que existe temor de que Moya navegue por sitios que no están destinados a sus estudios. Algo que es desestimado por su abogado, Ricardo Bravo Cornejo.
—No estamos frente a un permiso general para navegar en internet, sino ante una medida acotada, fiscalizable y compatible con la seguridad penitenciaria —asegura el letrado—. El equilibrio correcto no es negar automáticamente la educación, sino permitirla bajo controles adecuados: equipo supervisado, horarios definidos, sitios restringidos, bloqueo de páginas no autorizadas y registro institucional del uso.
En su respuesta formal, Gendarmería solicitó derechamente rechazar el recurso de protección. En dicha instancia explicaron que el penal no podía otorgarle lo que él pedía por cuestiones logísticas.
Todo se redujo a una sesión que tuvo el Consejo Técnico de la cárcel el 17 de diciembre de 2025. A la vista, además de la petición de Moya, tenían el Oficio Circular N° 343 que explicaba los parámetros del acceso controlado de internet para personas privadas de libertad que requieran cursar estudios superiores de manera telemática.
En principio, se manifestaron conformes con que “pudieran desarrollar sus estudios superiores al interior del establecimiento”. Sin embargo, no resultaba posible debido a que el penal no contaba con un espacio físico habilitado para tales fines.
“Carece de puntos de red que permitan proporcionar los enlaces computacionales requeridos a los sitios web de la respectiva entidad educacional y no dispone de equipos computacionales para asignar a quienes pretendan cursar estudios online”, argumentaron.
Asimismo, aseguraron que no existía un acto discriminatorio ni arbitrario porque “la institución aplica uniformemente la normativa e instrucciones internas a todos los privados de libertad que se encuentran en la misma situación del recurrente”.
Por lo demás, Moya “goza de un régimen penitenciario diferente al resto de la población penal”. Lo anterior, por el delito que está cumpliendo y con el objetivo de resguardar su seguridad.
En abril de este año hicieron otra reunión. Concluyeron que “los equipos computacionales de Gendarmería mantienen cupos limitados a la red de internet, siendo aquellos destinados para el desarrollo de las actividades propias de esta Institución”. Agregaron que, además se estaban instalando antenas para inhibir la señal wifi. Y de igual forma plantearon que adentro del penal ya se impartían clases de educación media y técnico profesional.
Recurso acogido
Según el recurso de protección, la posibilidad de que un interno acceda a educación está expresamente contemplada en el artículo 59 del Decreto 518 del Ministerio de Justicia. Éste dice que “la Administración Penitenciaria incentivará, con fines de reinserción social, a que los internos efectúen estudios de enseñanza media, técnica o de otro tipo”.
Con estos antecedentes la Corte de Apelaciones expuso que si bien Moya está privado de libertad ambulatoria, mantiene “incólume su derecho a la educación, en la medida que las posibilidades de la unidad penal en la que se encuentra lo permitan”.
Expusieron que las “dificultades técnicas” de Gendarmería son totalmente salvables, dado que “solo requieren un lugar con acceso a internet”.
En simple, no se trataría de una imposibilidad material absoluta, sino de la una decisión no querer reasignar los recursos ya disponibles.
“La negativa de la recurrida a la solicitud del actor debe considerarse antijurídica, porque, además de atentar contra el artículo 13 del tratado internacional, vulnera el propio Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (…) Tal conducta antijurídica debe equipararse al concepto ilegal””, concluyeron.
Con dichos antecedentes, la Corte de Apelaciones acogió el recurso y obligaron a Gendarmería a realizar todas las gestiones necesarias para “proporcionar al recurrente, Marcelo Moya, un lugar físico y acceso a internet —con las limitaciones necesarias—, para que este pueda desarrollar sus estudios superiores bajo la modalidad online”.
“Construir un proyecto de vida”
Para el abogado del condenado, Ricardo Bravo Cornejo, estas barreras de Gendarmería perjudican directamente la reinserción social:
—Cuando Gendarmería niega este tipo de solicitudes sin una fundamentación individualizada, afecta la reinserción social porque desincentiva el esfuerzo, castiga la iniciativa personal y reduce las posibilidades reales de preparación para la vida posterior al cumplimiento de la pena. La educación en contexto penitenciario no es un premio, es una herramienta de reinserción.
Y agrega:
—Si el sistema penal busca que las personas no reincidan y puedan reconstruir un proyecto de vida, entonces debe facilitar —con controles, por supuesto— el acceso a estudios, capacitación y formación.
Gendarmería ya no puede apelar al recurso porque se le venció el plazo.
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