El proyecto de ley misceláneo del Gobierno promete reactivación económica, desarrollo social y empleo. Sin embargo, al revisar su contenido la promesa desaparece. El proyecto es una reforma tributaria orientada a reducir la carga impositiva de las empresas por diversas vías y, bajo dicho paradigma, busca financiar ese costo mediante el debilitamiento de instrumentos públicos y disminuyendo la capacidad del Estado.
La lógica del proyecto descansa en una cadena de supuestos: bajar impuestos aumenta la inversión, lo que generaría crecimiento y, en consecuencia, se produciría mayor empleo. El problema es que no existe evidencia robusta de que una rebaja impositiva logre lo anterior.
La única medida del proyecto que el Gobierno vincula directamente al empleo es el Crédito Tributario al Empleo, y confirma el problema de este errado diagnóstico. Aunque se presenta como incentivo laboral, en realidad es una reducción impositiva encubierta, la que se suma a la del impuesto corporativo.
El Crédito al Empleo no exige creación de puestos de trabajo y menos formalización de trabajadores. Ni siquiera mantención de las planillas actuales de las empresas, quienes puede despedir libremente y seguir recibiendo automáticamente el beneficio.
Además de esta paradójica forma de promover el empleo, el Crédito es de aplicación automática y general, lo que hace que su costo sea elevado y provoque un alto riesgo fiscal. Por ello, no son casuales las críticas desde todos los sectores técnicos y políticos. La objeción no es ideológica: es de diseño.
Una política pública que compromete tantos recursos fiscales debiera demostrar con claridad qué problema resuelve, a quién beneficia y qué resultados exige a cambio. Estas respuestas no existen, o al menos no se advierte públicamente que es otra rebaja impositiva y, aun peor, se pasa por alto cómo se financia el Crédito.
Para compensar su costo, el proyecto avanza eliminando la Franquicia Tributaria de Capacitación. Es evidente que la franquicia requiere reformas: hay problemas de pertinencia, calidad y participación que deben abordarse. Pero reformar no es lo mismo que desmantelar, y especialmente si se trata del principal instrumento de capacitación laboral en Chile. Dicha circunstancia se suma al recorte presupuestario del Servicio de Capacitación y Empleo, es decir, existe un sacrificio general del sistema de capacitación laboral.
Adicionalmente, para financiar el costo del Crédito se propone un diseño normativo preocupante: la incompatibilidad con beneficios económicos destinados a la contratación.
En la discusión parlamentaria se advirtió que el Crédito no garantizaba la creación de empleos y, por ello, la incompatibilidad que se genera, tras la aplicación automática y obligatoria del Crédito, con el Subsidio Unificado al Empleo o el Bono de Contratación de Mano de Obra en Zonas Extremas tiene consecuencias especialmente graves: Reducir la aplicación de políticas públicas que buscan apoyar contratación formal en grupos o territorios con mayores dificultades. A diferencia de la franquicia, en este caso no existe una eliminación explícita, es el diseño normativo el que recorta recursos fiscales por secretaría.
Por lo anterior, si el objetivo era construir una agenda de empleo, el Gobierno pudo fortalecer y flexibilizar el Subsidio Unificado al Empleo, ampliar su cobertura, incorporar nuevas poblaciones y rebajar requisitos, lo que permitiría generar también retención laboral. Asimismo pudo avanzar en una reforma pendiente e imprescindible: Sala Cuna para Chile.
Estas herramientas rompen una barrera real, la desigual distribución del cuidado y su impacto sobre la participación laboral femenina. El Subsidio Unificado al Empleo tiene una línea específica para fomentar la contratación de mujeres y la sala cuna universal, permitiría aumentar empleo, formalidad, autonomía económica de este sector y la productividad.
El proyecto confunde política laboral con política tributaria. Propone una rebaja impositiva adicional al impuesto corporativo, siendo una medida cara y sin garantías. Así, sostener esta otra apuesta tributaria podría terminar con instrumentos de fomento al empleo efectivos.
Los parlamentarios tienen la oportunidad de analizar el Crédito y sus efectos, especialmente a propósito de la eliminación de la franquicia como instrumento de capacitación y la reducción de los beneficios a la contratación en sus propios territorios. De implementarse estas medidas, de empleo ya no queda nada.
Fidel Bennett
Francisco Neira
Estudio La Firma
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