Quienes más resienten esta situación son obviamente los millones de usuarios y usuarias, que tienen que enfrentarse a largas esperas para ser atendidos, lo que es aún más dramático cuando se trata de consultas de especialidades o intervenciones quirúrgicas.

Las últimas semanas han sido alarmantes para todo el mundo de la salud. El recorte presupuestario que está aplicando el gobierno, en medio de señales y declaraciones contradictorias de las mismas autoridades, ha generado un rechazo transversal.

Una medida que no tiene justificación técnica y que arriesga generar un colapso mayor en un sistema de salud pública que ya arrastra un déficit presupuestario enorme.

Esto cuando nos hemos acostumbrado a ver que muchos hospitales agotan su presupuesto anual a partir de agosto, teniendo que recurrir al endeudamiento o a recursos especiales por parte del fisco para llegar a fin de año. La deuda asumida para terminar el periodo se va acumulando con la anterior, generando un círculo vicioso que mantiene a los recintos en un estado permanente de escasez financiera.

Quienes más resienten esta situación son obviamente los millones de usuarios y usuarias, que tienen que enfrentarse a largas esperas para ser atendidos, lo que es aún más dramático cuando se trata de consultas de especialidades o intervenciones quirúrgicas.

En medio del conflicto quedan las y los trabajadores de la salud. Personal que sostiene en sus hombros un sistema en el que siempre faltan recursos, insumos, manos e infraestructura.

Y sostener el sistema en estas condiciones trae consecuencias: la salud física y mental de las y los trabajadores de la salud se deteriora día a día entre los turnos extenuantes, los malabares para entregar atención cuando falta espacio, tiempo y recursos; y la violencia recibida por parte de quienes descargan su frustración en los funcionarios. Esto repercute en que suben los niveles de ausentismo y enfermedades laborales, lo que genera un problema adicional de capacidad del sistema.

La ministra de Salud, May Chomalí, repite una y otra vez que la reducción no afectará la atención de usuarios. Pero, ¿saben las personas que el recorte del gobierno incluye los recursos para reemplazos? Si un trabajador se enferma o sale de vacaciones, no habrá quien tome su lugar. Esto claramente afectará la capacidad de entregar atención, aumentará los tiempos de espera y golpeará una vez más a los ya extenuados equipos, que se verán aún más sobrecargados.

¿Saben las personas que el recorte también incluye el área de compra de insumos? Todo esto en un contexto en que la decisión del mismo gobierno de eliminar el Mepco, gatillando un alza histórica de los combustibles, también ha repercutido en el alza de precios de insumos y medicamentos.

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Para que quede más claro: el recorte que se pretende aplicar equivale a un año completo de funcionamiento de 15 hospitales públicos. Ese 2,5% también es asimilable al costo de la construcción de tres hospitales de alta complejidad. ¿Estamos en condiciones de quitar estos recursos?

La salud pública no puede estar a merced del capricho ideológico anti Estado que predomina hoy en quienes toman las decisiones políticas del gobierno. No se puede recortar un sistema ya estresado financieramente. Por el contrario, debemos trabajar en conjunto para proveer de más recursos y hacer más eficiente la atención. Para ello, la autoridad sabe que las y los trabajadores de la salud estamos a disposición.