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Mientras tanto, las y los trabajadores de la salud volvemos a cargar sobre nuestros hombros el costo de una crisis que no provocamos.
El gobierno de José Antonio Kast ha decidido avanzar en una peligrosa política de asfixia contra la salud pública chilena. Lo que intentan presentar como un simple “ajuste presupuestario” o una “reorganización financiera” es, en realidad, una operación política e ideológica que pone en riesgo la atención de millones de personas y profundiza el deterioro de una red asistencial que ya funciona al límite.
El Decreto N°333 no deja espacio para interpretaciones ingenuas: los recortes afectan directamente programas de Atención Primaria, prestaciones hospitalarias y financiamiento clínico. Solo en el Programa de Prestaciones Institucionales se ajustan más de $109 mil millones, mientras que el financiamiento hospitalario por GRD supera los $79 mil millones. A esto se suman modificaciones por más de $18 mil millones en Atención Primaria de Salud.
Estamos hablando de menos recursos para hospitales, urgencias, pabellones, reemplazos y atención territorial. Estamos hablando de listas de espera que seguirán creciendo, de hospitales funcionando bajo presión extrema y de trabajadores y trabajadoras obligados a sostener el sistema con sobrecarga laboral y precarización. El propio informe técnico señala que el decreto genera riesgos concretos: retraso en listas de espera, restricciones en hospitalización, menor disponibilidad de pabellones y reducción de reemplazos.
Por eso resulta sorprendente e inaceptable que la ministra de Salud, May Chomalí, haya intentado tranquilizar a la opinión pública afirmando que estos recortes no afectarían las atenciones clínicas. Los datos oficiales desmienten completamente esa afirmación. Cuando se reduce el financiamiento hospitalario, cuando se limita la capacidad operativa de los recintos y cuando se restringen las contrataciones y reemplazos, claro que se afecta la atención de las personas. Decir lo contrario es faltar a la verdad.
Lo más grave es que la ministra prefirió no dar la pelea política para defender la salud pública frente al ajuste impuesto por Hacienda. En lugar de enfrentar al ministro Jorge Quiroz y advertir las consecuencias sanitarias y humanas de esta decisión, terminó administrando el recorte y validando una lógica de contención del gasto que golpea directamente a las familias trabajadoras que dependen del sistema público.
Y aquí hay un punto político de fondo que el país debe discutir con honestidad. El gobierno de Kast no está improvisando. Existe una estrategia clara: debilitar progresivamente la salud pública para abrir espacio al negocio privado. Cuando se desfinancia el sistema estatal, cuando se deteriora la capacidad hospitalaria y cuando se instala la idea de que lo público no funciona, se construye el escenario perfecto para empujar la privatización de la salud.
Lo hemos visto antes en Chile. Primero se estrangula financieramente al Estado y luego aparecen quienes ofrecen el mercado como supuesta solución. Pero la salud no puede transformarse en un privilegio para quien pueda pagar. Más de 15 millones de personas dependen del sistema público y hoy ese sistema ya enfrenta deuda hospitalaria, déficit operacional y listas de espera críticas. Reducir aún más el presupuesto no es eficiencia: es irresponsabilidad.
Los mayores impactos de este ajuste ya tienen nombre y territorio. Servicios de Salud como el Metropolitano Sur, Occidente, Sur Oriente, Valparaíso-San Antonio y Viña del Mar-Quillota aparecen entre los más comprometidos. Hospitales como el Sótero del Río, Barros Luco en Santiago; Gustavo Fricke en Viña del Mar, Carlos Van Buren en Valparaíso o el Guillermo Grant Benavente de Concepción verán afectada su capacidad operativa. No estamos hablando de cifras abstractas. Estamos hablando de personas que esperarán más por una cirugía, una cama, una consulta o un tratamiento.
Mientras tanto, las y los trabajadores de la salud volvemos a cargar sobre nuestros hombros el costo de una crisis que no provocamos. El decreto reconoce un escenario de sobrecarga laboral, desgaste físico y emocional y restricciones de contratación. Otra vez se pretende que el sistema sobreviva gracias al sacrificio de quienes sostienen hospitales, consultorios y servicios de urgencia.
Frente a este escenario, las organizaciones sindicales no podemos limitarnos a observar. La historia del movimiento de trabajadores y trabajadoras de la salud demuestra que cada derecho conquistado ha sido fruto de la unidad, la organización y la movilización. Esa sigue siendo nuestra principal herramienta para enfrentar las injusticias y defender la salud pública.
Porque cuando se recorta el presupuesto de salud, no solo se recortan números. Se recortan derechos, oportunidades y dignidad. Y frente a eso, desde la Confederación Fenats Nacional no vamos a guardar silencio.
