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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Segundo Tribunal Ambiental paralizó la expansión de la mina Collahuasi en Chile, revocando su Resolución de Calificación Ambiental por deficiencias en la evaluación de impacto en comunidades indígenas. La Sociedad Nacional de Minería expresó preocupación por este proyecto de US$3.200 millones, vital para el sector. La decisión judicial genera incertidumbre y afecta la inversión en un país que lucha con burocracia.

Uno de los yacimientos mineros más importantes de Chile tiene paralizado su proyecto de expansión ante la decisión de la justicia ambiental. Por ello, desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) se mostraron preocupados y pidieron “certezas y señales claras” para el mercado.

Se trata de la iniciativa “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de la minera Doña Inés de Collahuasi, donde el Segundo Tribunal Ambiental dictó sentencia el 14 de mayo y revocó su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Esto porque se acogió parcialmente las reclamaciones de comunidades indígenas, ordenando retrotraer el proceso administrativo al detectar deficiencias en la evaluación de la posible afectación del proyecto a ciertas comunidades.

Sector minero pide “certezas” ante revés de proyecto de Collahuasi

Considerando lo anterior, desde Sonami recordaron que la iniciativa para extender la vida útil de Collahuasi en dos décadas, aumentar la producción e implementar una planta desaladora de agua, estima una inversión sobre los US$3.200 millones, y “representa uno de los proyectos mineros más relevantes del país”, que obtuvo su RCA en diciembre de 2021.

“La decisión judicial ordena retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental, paralizando un proceso técnico que ya había sido ratificado por el Comité de Ministros en agosto de 2023, lo cual introduce un complejo factor de incertidumbre para el desarrollo productivo nacional”, apuntaron en un comunicado.

En esa línea, el presidente del gremio minero, Jorge Riesco, sostuvo que esto envía “una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo”, recalcando que la iniciativa de Collahuasi “vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.

También el timonel comentó que el fallo “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización”.

“Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”, concluyó.

Collahuasi es una de las minas chilenas de cobre más importantes del mundo. Junto con Escondida, son los únicos yacimientos ubicados en el top 10 de minas más productivas a nivel global en 2025, según estudios en la materia.

En la página web de la compañía, recalcan que poseen un depósito de cobre de 10.380 millones de toneladas en la región de Tarapacá. La cuprífera es operada por Anglo American y Glencore, ambos dueños de un 44% de Collahuasi, mientras que un 12% pertenece a Japan Collahuasi Resources B.V.

Según Sonami, las operaciones generan más de 7 mil empleos directos e indirectos, con una contribución económica del 46,8 del PIB regional y 1,32% del PIB nacional.

Tras conocerse la decisión del tribunal ambiental, desde Collahuasi defendieron que la tramitación “se desarrolló en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente”, por lo que evalúa las acciones legales a seguir.