Skakira rompió su silencio luego que la justicia española exculpara a la artista colombiana de haber cometido fraude fiscal en relación a sus ingresos emitidos en 2011.
“Después de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, afirmó La Loba mediante un comunicado difundido por la firma de abogados que la asesoró en el caso.
“La propia administración (española) nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, apuntó mediante el despacho de abogados Prada Tax Advisor.
Este lunes se dio a conocer que la Audiencia Nacional falló a favor de la barranquillera al anular una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011, emplazando a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros (70 millones de dólares).
De acuerdo a medios españoles, la Agencia Tributaria apelará a la sentencia en el Tribunal Supremo.
El fallo estableció que la administración española no pudo acreditar la permanencia de Shakira en España, en 2011, por más de 183 días, límite que en términos fiscales establece una residencia. Todo esto en relación al cobro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Se trataba, hasta ahora, de la última hebra judicial pendiente entre Shakira y el fisco español. Para la cantante, la idea es que el caso “siente un precedente para Hacienda”.
e acuerdo a un reporte de la agencia Efe, el abogado de la cantante, José Luis Prada, criticó duramente el modo de proceder del ente español, que “asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse”.
Y celebró que la justicia funcione “de verdad” frente a “posiciones administrativas inaceptables”.
En 2018, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio tras argumentar que vivía fuera de España en 2011. Según el fallo, la estadía acreditada de la española alcanzó 163 días, y no más de 183 como delimita la ley.