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Cuando el presupuesto se encoge, la gestión se asfixia y quien termina pagando la cuenta es el usuario que no tiene otra opción que atenderse en el sistema público.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sostenido una tesis que desafía cualquier lógica racional al afirmar que “a veces uno, con menos recursos hace más”. Para el sector sanitario y quienes vivimos el ajuste permanente de estos recursos, en un sector fuertemente demandado como los hospitales públicos, esta afirmación no es solo un error técnico, sino una muestra de indolencia ante una realidad desafiada.
La salud pública y su operatividad no pueden reducirse a una planilla o inventario a recortar sin que se desintegre el tejido social del 80% de la población nacional que se atiende en ella.
El recorrido de esta geografía del recorte ingresado a Contraloría como el decreto 333, revela un impacto devastador en puntos críticos de la red asistencial que contempla un recorte de $413.193 millones al presupuesto del Ministerio de Salud. La mayor reducción impacta a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con una disminución de $147.715 millones, afectando directamente el financiamiento de la red pública hospitalaria del país.
Lo que se presenta como ajustes marginales son golpes estructurales a recintos que sostienen la salud de las zonas más pobladas y vulnerables del país: en Santiago, el Hospital Sótero del Río encabeza esta lista con una disminución de $3.182 millones, seguido por el Hospital Salvador con $2.757 millones. La situación se replica con la misma gravedad en regiones, afectando al Hospital de Los Ángeles con $2.706 millones, al Guillermo Grant Benavente de Concepción con $2.696 millones y a recintos clave en La Serena, Chillán, Rancagua, Talcahuano, Valdivia, Antofagasta y Puerto Montt, entre muchos otros.
La eficiencia que el Ejecutivo propone se traduce en un inminente y brutal colapso de los servicios de urgencia que ya se encuentran trabajando al límite con listas de espera que se prolongan indefinidamente y pone en el horizonte inmediato una disminución drástica en la calidad de la atención.
Es materialmente imposible que un hospital mantenga su productividad y cobertura si se le quitan los recursos esenciales para operar. Es imposible que con menos recursos se pueda hacer más. Cuando el presupuesto se encoge, la gestión se asfixia y quien termina pagando la cuenta es el usuario que no tiene otra opción que atenderse en el sistema público.
Este tijeretazo presupuestario señalado como un 2.5% no es inocuo y desde ya evidencia cómo directores de hospitales, amparados en una supuesta autonomía administrativa, han comenzado a tomar medidas arbitrarias que incluyen la reducción de horas y la ralentización forzada de las atenciones.
En el ya complejo tablero de la política pública chilena pocas veces hemos asistido a una desconexión tan profunda entre la retórica de la buena voluntad y la cruda realidad que plantea el proyecto del Ejecutivo. Mientras la ministra de Salud, Dra. May Chomali, citó a los principales gremios de la salud pública para asegurarles en una reunión institucional que los ajustes presupuestarios no golpearían la atención de los usuarios, la oferta de hacer más con muchos menos recursos que emana desde el Ministerio de Hacienda y las acciones de precarización directa detectadas en los hospitales, cuentan una historia diferente y peligrosa.
Cuando se instala esta falacia de mejora reduciendo los recursos no solo se intenta justificar un ajuste presupuestario, sino también se reitera subliminalmente la noción de que el problema son los funcionarios supuestamente “sobrantes”, “flojos” o “parásitos”. Dichos calificativos refuerzan una lógica cuyo verdadero objetivo parece ser el de achicar el Estado. Una caricatura que desconoce la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras de la salud pública que sostienen servicios colapsados, con jornadas extenuantes y recursos insuficientes, precisamente para evitar que el sistema termine abandonando a quienes más lo necesitan.
Este gobierno fue elegido por una mayoría con la principal promesa de fortalecer la seguridad, pero no podemos ignorar la importancia de la seguridad sanitaria como pilar de la paz social. Como FENATS Unitaria hemos instruido a nuestras federaciones en todo el país para establecer una vigilancia activa y elaborar la métrica objetiva que exija a cada director de hospital que responda con honestidad sobre su capacidad real de mantener las prestaciones sin afectar a los pacientes. En otras oportunidades hemos preguntado de manera retórica “¿Cuál es el valor de una vida?”. Hoy esa duda se vuelve urgente y concreta ante este plan de recortes inhumano y tecnocrático.
Frente a este escenario, se vuelve indispensable abrir una mesa de trabajo amplia y vinculante entre el Gobierno, el Ministerio de Salud, el Poder Legislativo y los gremios de la salud pública, con el objetivo de evaluar de manera transparente el impacto real de estos recortes y construir soluciones responsables que resguarden la continuidad y calidad de la atención.
Las decisiones presupuestarias en salud no pueden seguir adoptándose de manera unilateral ni desconectadas de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de hospitales y consultorios; requieren diálogo político, participación técnica y un compromiso efectivo con la dignidad de los pacientes y trabajadores del sistema público.
Como organizaciones participantes, quedamos a la espera de una respuesta inspirada desde la perspectiva de la dignidad humana y la justicia social que la ciudadanía necesita para garantizar la seguridad que le fue prometida.
Ricardo Ruiz Escalona
Presidente Nacional FENATS Unitaria
