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La crisis hídrica no nos da margen para la desidia. La evaluación ambiental no puede ser utilizada como una herramienta para obstruir el desarrollo.
La Región de Coquimbo se encuentra hoy en una encrucijada. Mientras los efectos del cambio climático amenazan la seguridad hídrica de miles de personas, el proyecto de una planta desalinizadora —una solución que ha demostrado ser probada y eficiente— se ve frenado por lo que denominamos la “paradoja de los permisos”.
Este fenómeno es el síntoma de un sistema donde los intereses de grupos específicos pueden terminar asfixiando el bienestar general. Si bien es innegable que existen cuestiones ancestrales y ambientales relevantes en juego, el derecho de una comunidad entera a acceder al agua para consumo humano debe ser siempre la prioridad. Resulta irónico que, de persistir este bloqueo, los mismos reclamantes sufrirán las consecuencias de una región desabastecida.
Observamos con preocupación un patrón recurrente que podría calificarse como el “negocio de la obstrucción”. Grupos organizados, amparados en las normativas vigentes, presentan demandas con el fin de impedir la ejecución de proyectos, esperando en ocasiones obtener algún tipo de compensación económica para deponer su actitud.
En situaciones de urgencia, ceder ante estas presiones solo sienta un precedente peligroso para el desarrollo del país.
Cuando una iniciativa busca mitigar fenómenos naturales que amenazan directamente la vida humana, ésta debe ser considerada como estratégica. En tales casos, la urgencia debe primar, buscando mecanismos de compensación que sean justos pero que no sentencien a muerte la viabilidad de la obra.
Frente a los mitos, la evidencia es clara: la academia y la experiencia internacional respaldan la desalinización. En Chile ya operan más de 25 plantas sin impactos negativos significativos en el ecosistema marino.
El argumento del daño por la descarga de salmuera carece de sustento empírico, pues se ha demostrado que la dilución del agua salina en el mar ocurre en un promedio de menos de 11 segundos. Hasta hoy, ningún estudio ex post ha validado los temores de los opositores.
Por todo lo anterior, desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) proponemos una reforma necesaria con tres medidas urgentes: la primera es la validación de los reclamantes: es imperativo crear un sistema que evalúe la pertinencia de quienes elevan quejas, exigiendo que sean organizaciones debidamente registradas, con responsables identificados y financiamiento transparente.
Además, se deben abordar los costos por obstrucción, por lo que, las reclamaciones que no sean acogidas por los organismos de evaluación deben acarrear costos onerosos para quienes las presentan, desincentivando así el litigio estratégico sin fundamento.
Asimismo, debe haber un registro de proyectos estratégicos y por eso, se deben priorizar iniciativas cuyo beneficio ambiental sea superior al impacto eventual y crear un registro de argumentos que permita desechar objeciones reiteradas cuando estas no cuenten con pruebas efectivas.
La crisis hídrica no nos da margen para la desidia. La evaluación ambiental no puede ser utilizada como una herramienta para obstruir el desarrollo; es necesario priorizar siempre el interés general o terminaremos condenando a regiones enteras por el peso de la burocracia y los intereses particulares.
