Leídos a la luz de la NSS 2025, los hechos recientes no anticipan una transición democrática conducida desde fuera ni protagonizada por la oposición. Indican, más bien, la consolidación de un método.
Esta columna integra información pública para un análisis estratégico sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
La he diseñado bajo la fórmula de un informe estratégico, que bien podría entenderse como un conjunto de consideraciones que cualquier gobierno podría construir si no cuenta con información privilegiada sobre el escenario visible y, dada la importancia de los hechos, se busca tener un conjunto de hipótesis de base suficientemente robustas para navegar en un contexto con alta incertidumbre.
Como es obvio, todo pequeño dato debe ser utilizado para posibles inferencias, pero sin desatar la imaginación de los rieles de la prudencia. Como se vislumbra, toda la información utilizada es pública y se trabaja con elementos de geopolítica teórica y análisis de contextos de crisis.
Parte 1: Decisiones de forma de la intervención
La acción estadounidense contra el liderazgo venezolano (la extracción de Nicolás Maduro y su arribo a Estados Unidos para ser juzgado) debe leerse menos como un episodio excepcional y más como una forma de intervención estabilizada en el repertorio contemporáneo del poder.
No hay aquí voluntad de transformación del orden interno (cambio de régimen) ni ambición de control territorial (colonialismo). Las lecturas que circunscriben la acción de Estados Unidos a los repertorios anteriores pecan de la lectura ideológica o de un diagnóstico de época que entiende el presente en continuidad con el pasado reciente, asunto que no es razonable. Lo que hay es algo más sobrio —y por eso mismo más inquietante—.
Partamos por el síntoma principal: judicialización selectiva como sustituto de la acción geopolítica clásica. No hay un acto formal sobre el gobierno o dictadura de Maduro, sino que se elige una denuncia y el rótulo de narcotraficante. No es una intervención fundada políticamente, sino que se opera por una ruta más objetiva como es el derecho, pero también con menos profundidad en la capacidad de acción. Es decir, más allá del ruido y el impacto, de momento se trata de una detención.
Esta lectura es espinosa, ya que si la intervención tiene tintes políticos, la acción no tuvo la aprobación del Congreso y ello podría suponer un acto ilegal. Por eso las autoridades de Estados Unidos enfatizaron que Maduro era un fugitivo y que lideraba el requerimiento la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aunque de ella solo se conoce una publicación en redes sociales que señalaba que Maduro “pronto se enfrentarían a todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.
En el mismo camino Marco Rubio (ministro que ha liderado las vocerías al respecto) y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declararon que la acción llevada a cabo fue a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desde el inicio, la operación (en lo formal) se presentó despojada de fundamentos políticos, aunque la retórica de Trump y Rubio haya sido a ratos desbordada. No se invocaron principios democráticos ni se construyó un marco moral de liberación nacional. El señalamiento fue estrictamente penal. La figura de Nicolás Maduro apareció no como jefe de un régimen autoritario, sino como imputado en una red criminal.
Esa decisión no es cosmética: fija el campo de juego. Al renunciar explícitamente al lenguaje político, Estados Unidos se libera de la obligación de ofrecer una salida política. Pero pierde profundidad. Como veremos al final, esta pérdida es parte probable del diseño.
La operación, además, fue deliberadamente incompleta. Fue una extracción limpia en lo militar, pero políticamente era débil, ya que era evidente que esa detención no generaba un cambio de régimen. Por cierto, no fue ingenuidad, fue el diseño. El acto, por eso mismo, no dejó control posterior y no alteró la correlación de fuerzas internas del poschavismo.
Leída desde una lógica tradicional, parecería un fracaso, como algunos medios de Estados Unidos critican: solo se extrajo a un líder y no a los cinco principales, no cayó el régimen, se negocia con él. Marco Rubio ha tenido que defender esa postura con argumentos logísticos: diciendo que no se podía ir más lejos en la operación para que fuera limpia.
Sin embargo, bajo el modo de interpretación más transparente, la acción revela coherencia ya que no buscaba producir efectos estructurales. El objetivo era marcar el terreno, no transformar. Había que dejar claro el mensaje sobre el futuro de quienes no colaboran (aparentemente hubo dos llamadas de Trump a Maduro advirtiendo para negociar, pero éste creyó que al llamarlo implicaba que no podían detenerlo). La idea era disciplinar, no gobernar. El escarmiento es individual (Maduro), pero el mensaje es sistémico y da cuenta de una forma de proceder que no ha sido habitual y que viene a modificar el campo de acción de Estados Unidos.
No es una jugada sobre Venezuela. No es simplemente el petróleo. Es una señal del modo en que actuará Estados Unidos. La intervención, como siempre, busca demostrar poder, entre otros objetivos, pero la grandilocuencia no está acompañada realmente de grandes actos políticos. Zelensky, sin ir más lejos, se muestra rebelde y Putin no cumple los sueños de Trump. La acción eficaz, aun cuando modesta, ya no es de injerencia global, sino americana. No es poco, porque en este continente se juega mucho en términos de recursos. Pero ha dejado de ser relevante en significación ideológica, como lo fue hasta hace algunas décadas. Ya analizaremos esto.
Hay una premisa que suele omitirse: Maduro nunca ha sido el centro real de mando del chavismo tardío. El poder venezolano opera como una coalición de aparatos relativamente autónomos —militares, económicos, judiciales, territoriales— cuya cohesión depende menos del liderazgo presidencial que de la preservación mutua frente a amenazas externas.
En ese contexto, personalizar el castigo no apunta a provocar una fractura inmediata, sino a introducir una jerarquía del riesgo. No todos están igualmente expuestos; no todos están igualmente protegidos. El sistema recibe el golpe, pero no se desarma. Y tal como enseñó el imperio romano, Trump amenaza con miras a una negociación: no quiere gastos (como una guerra), quiere ganancias (como una negociación).
La reacción del régimen tardochavista confirma esta lectura. El discurso no fue incendiario ni movilizador. Fue oblicuo. En particular, la conducta discursiva de Delcy Rodríguez —centrada en solicitudes formales, en la exigencia de pruebas, en la evitación del conflicto directo— no debe interpretarse como debilidad ni como ignorancia. Es una estrategia de contención semántica. El discurso oblicuo no busca revelar intenciones, sino delimitar lo posible. Marca fronteras definiendo límites: hasta aquí se responde, desde aquí no se escala.
Este tipo de lenguaje, lejos de ser irrelevante, es típico de escenarios donde existen canales indirectos abiertos o, al menos, donde se desea no clausurarlos. No prueba que haya negociación previa, pero sí que no se está cerrando la puerta. En contextos de alta opacidad, el silencio controlado es una forma de coordinación negativa: no se acuerda, pero se evita romper.
La oposición venezolana, por su parte, permanece estructuralmente ausente del juego real. La obtención del Nobel por María Corina Machado refuerza el capital simbólico internacional, pero no altera la arquitectura interna del poder. No hay capacidad de traducción entre presión externa y movilización interna. La hipótesis de una transición inducida desde abajo —o siquiera desde una oposición articulada— debe considerarse definitivamente descartada. Todo lo que ocurra, si ocurre algo, será inter-élites.
En este marco, las declaraciones de Marco Rubio, que insisten en el carácter acotado de la operación (aunque ese discurso se ha ido cayendo por lo poco atractivo para las masas que buscan una acto de mayor eficacia), no deben leerse como simple comunicación pública. Funcionan como señales de compromiso limitado.
Estados Unidos no busca —ni puede— hacerse cargo de la gobernabilidad venezolana. No dispone de legitimidad internacional para una segunda acción de mayor alcance, ni de incentivos estratégicos claros para asumir ese costo. Lo interesante es que no solo no pretende hacerse cargo de la política interna, sino que consideran que sus aliados naturales (la oposición y específicamente Corina Machado) no dan el ancho para hacerse cargo del proceso, porque no tienen control en las fuerzas armadas. Esto revela las dificultades que tiene Estados Unidos (y la razón por la que ha desistido tantas veces antes) a la hora de tomar cartas en el escenario venezolano.
¿Dónde tiene capacidades Estados Unidos? Tiene la capacidad de prolongar un proceso judicial. Y ahí aparece el núcleo estratégico del diseño. El juicio largo, internacionalizado, reiterado en foros y agendas multilaterales, permite a Estados Unidos mantener iniciativa en un escenario de bloqueo geopolítico más amplio.
Incapaz de resolver Ucrania, incapaz de resolver Venezuela, el poder se desplaza hacia un terreno donde sí puede operar: el penal, el financiero, el reputacional. La judicialización prolongada cumple entonces una doble función. Hacia afuera, sostiene una narrativa global contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hacia adentro del sistema venezolano, mantiene una presión constante sin cruzar el umbral del colapso. No busca caída; busca administración del conflicto. Es una señal de modestia, por supuesto adornada de altisonancia.
En este sentido, los escenarios se bifurcan en dos: una transición de negociación con Estados Unidos por parte de un postchavismo converso y casi arrepentido, basado en una estabilidad autoritaria bajo presión judicial externa sostenida; o una radicalización que pueda dibujar nuevas salidas a la aporía existente.
Si se mantiene el escenario donde hay un régimen que no cae, una oposición que no entra, y una potencia que no gobierna, entonces estaría garantizada una estable y compleja crisis de modalidad estática. Un precario equilibrio.
Donald Trump reordenó el campo interpretativo con una crudeza poco habitual incluso para los estándares de la política estadounidense al descartar explícitamente a María Corina Machado como figura posible de una transición y, simultáneamente, referirse en términos positivos a Delcy Rodríguez, Trump no está emitiendo una opinión ideológica, sino marcando interlocutores posibles y descartables. En su lenguaje, eso equivale a definir quién pertenece al campo de lo gobernable y quién queda fuera de él.
Este gesto debe leerse en continuidad con la lógica previamente descrita: Estados Unidos no está pensando Venezuela como un problema de sustitución política clásica, sino como un conflicto a administrar. La transición no es el horizonte inmediato. Lo que se busca es la estabilidad negociada.
En ese marco, la oposición venezolana aparece nuevamente como un actor simbólicamente visible pero estratégicamente irrelevante. La insistencia de Machado en ofrecer privatizaciones totales, apertura radical y alineamiento completo con Washington no fracasa por exceso de ortodoxia liberal, sino por algo más elemental: no controla estructuras reales de poder. Desde la perspectiva estadounidense, no se trata de quién promete más, sino de quién puede ejecutar sin provocar colapso.
En resumen, Trump no es un miserable envidioso por el premio Nobel de la Paz que busca vengarse de Corina Machado por haberle arrebatado el trofeo. Trump sabe que Machado y compañía han recibido dones insólitos para construir su poder y siempre lo han desaprovechado. Es decir, desecha un actor inviable.
La mención positiva a Delcy Rodríguez introdujo, en cambio, una ambigüedad calculada durante las primeras horas. Finalmente se hizo explícito a casi cuarenta y ocho horas de la detención: ella queda a cargo de una transición manejada a distancia por Trump. Delcy no es presentada como alternativa democrática ni como heredera legítima, sino como figura funcional dentro del aparato existente.
Su valor no radica en un proyecto político propio, sino en su capacidad de contención, articulación y gestión sin desborde. En un sistema donde el poder no ha estado nunca plenamente concentrado en la figura presidencial, Delcy representa algo distinto a Nicolás Maduro: no el símbolo, sino la operadora.
Parte 2: Los escenarios
Escenario uno: Administración del conflicto sin transición
En esta hipótesis, la referencia positiva a Delcy no implica sucesión ni pacto previo cerrado. Es simplemente el reconocimiento de que ciertos actores del chavismo tardío son interlocutores posibles para acuerdos parciales: energía, sanciones, flujos financieros, contención social.
La extracción o neutralización de Maduro —real o simbólica— funciona como escarmiento personalizado, pero no como detonante de ruptura interna. Las manifestaciones sin represión encajan aquí como cálculo frío: no escalar, no provocar, no ofrecer pretextos. El régimen se mantiene, Estados Unidos presiona judicialmente, y la oposición queda al margen.
Es un escenario de riesgo reputacional: los venezolanos en la diáspora y la mayoría interior espera un salvataje y no entienden que Estados Unidos no vaya más lejos (“es poderoso y nos apoyan” dicen). Quizás esto explica, no digamos un giro, pero sí los esfuerzos de anunciar, a cuentagotas, posibles próximas acciones, como hicieron Trump y Rubio en las primeras horas, aunque fueron desmentidas al final.
Escenario dos: negociación implícita con entrega de condiciones
La ausencia de defensa activa en el retiro de Maduro desde su residencia, sumada a la falta de represión posterior y a la validación discursiva de Delcy, podría indicar coordinación interna: una negociación previa, una decisión del propio Maduro de no resistir, o una habilitación desde sectores del aparato.
Sin embargo, la clave es el “podría”. La falta de resistencia también puede explicarse por cálculo de costos, desorganización o decisión estratégica de no escalar. Este escenario solo se confirmaría si emergen señales adicionales como la reconfiguración visible de mandos, cambios en control de recursos estratégicos o gestos materiales de apertura.
Escenario tres: señal externa más que interna
Existe una tercera lectura menos intuitiva pero igualmente plausible: Trump no estaría hablando principalmente a Venezuela, sino al entorno internacional. Al mostrar disposición a tratar con figuras del régimen, envía una señal a China, Rusia y actores energéticos de que Estados Unidos no busca humillación ni vacío de poder, sino salidas ordenadas. Estaría desechando el significado político o la distinción occidentalismo de democracias versus autoritarismo.
En este escenario, Delcy es una figura retórica: no una aliada ni una sucesora, sino un símbolo de que Washington prefiere negociación a caos. La oposición, en este marco, es irrelevante porque no forma parte del equilibrio geopolítico mayor.
Los tres escenarios comparten un núcleo común: la exclusión estructural de la oposición como vehículo de transición. La denostación explícita de Machado no es un accidente ni una provocación; es una clausura estratégica. Estados Unidos no está dispuesto a apostar por un actor que no puede garantizar gobernabilidad, aun cuando prometa alineamiento total y reformas profundas. Trump apuesta por la eficacia. Las privatizaciones no son el problema. El asunto está en la ausencia de poder efectivo.
El elemento más estable del cuadro es, por tanto, negativo antes que positivo: no habrá una transición conducida desde fuera ni protagonizada por la oposición. Lo que se discute es si habrá o no una reconfiguración negociada dentro del postchavismo y bajo qué condiciones.
La judicialización prolongada, el discurso oblicuo, la contención represiva y las señales cruzadas de Trump apuntan a una misma lógica, la que supone mantener presión sin ruptura y castigar sin gobernar, mientras tanto se negocia (si acaso) o se actúa en el contexto de unos límites que ya han quedado claros sin la eventual necesidad de conversar (improbable).
Narrativamente, el conflicto venezolano ha entrado así en una fase distinta. Menos épica, menos ideológica, más técnica. No se trata ya de quién cae y quién llega, sino de quién administra, quién contiene y quién resulta prescindible. En ese tablero, la oposición habla fuerte, promete mucho y ofrece todo, pero sigue sin lo único que importa en esta etapa: capacidad real de mando.
Parte 3: Los fundamentos explícitos de la geopolítica de Estados Unidos
La secuencia de hechos recientes en Venezuela —la judicialización personalizada del liderazgo, las señales discursivas cruzadas de Donald Trump, la deslegitimación explícita de María Corina Machado, la referencia positiva a Delcy Rodríguez, la escasa represión del gobierno venezolana frente a manifestaciones— adquiere plena inteligibilidad cuando se la lee en diálogo directo con la National Security Strategy of the United States of America (publicada recién en noviembre de 2025). No se trata de hechos sueltos ni de improvisación táctica: convergen con una doctrina que redefine fines, medios y prioridades.
La NSS 2025 rompe explícitamente con el universalismo post–Guerra Fría. La “estrategia” deja de ser una lista de deseos normativos y se convierte en selección dura: dónde actuar, con qué instrumentos, y con qué límites.
En ese marco, Venezuela deja de ser un “caso moral” y pasa a ser un problema funcional hemisférico. La prioridad Nº1 —Hemisferio Occidental bajo el “Trump Corollary” de la Doctrina Monroe— no implica maximalismo intervencionista, sino control de alineamientos estratégicos y prevención de penetración extra-hemisférica (China, Rusia, Irán) en activos críticos: energía, infraestructura, puertos y finanzas.
Desde esta doctrina, la judicialización selectiva del liderazgo venezolano no es una antesala de transición ni un error de cálculo; es coherencia instrumental.
El “flexible realism” explícito en la NSS habilita relaciones pacíficas y comerciales sin imponer transformaciones democráticas. La vía penal —narcotráfico, crimen transnacional— permite castigar conductas que afectan la seguridad estadounidense sin asumir la gobernabilidad del país ni activar compromisos de reconstrucción de la nación. El resultado buscado es la administración del conflicto con costos controlables, no el colapso del régimen. El objetivo político es dar un tinte de épica y profundidad a un acto tan frío y calculado.
La personalización del castigo en Nicolás Maduro dialoga con otro supuesto doctrinario. Se trata de la primacía del Estado-nación y el rechazo a la ingeniería institucional externa. En un sistema donde el poder real opera como coalición de aparatos, el escarmiento individual jerarquiza riesgos sin desarmar el conjunto. La operación, deliberadamente incompleta y sin control territorial posterior, es consistente con un diseño que no busca efectos estructurales. La ausencia de escalamiento posterior no es una falla, sino que es el límite autoimpuesto por la estrategia.
Las señales discursivas de Trump encajan, asimismo, con la NSS. La desvalorización de Machado no es ideológica; es doctrinaria. La estrategia prioriza capacidad de ejecución y estabilidad por sobre promesas normativas. Estados Unidos no está dispuesto a cargar con los costos sociales y políticos de una transición opositora sin control efectivo de coerción, administración y territorio. Las privatizaciones totales ofrecidas como “carnada” no resuelven el problema central que la doctrina identifica: gobernabilidad sin desorden. Por eso la oposición queda fuera del campo de lo gobernable.
La mención positiva a Delcy Rodríguez, en cambio, dialoga con la aceptación de regímenes “tal como son” que la NSS explicita en Medio Oriente y extiende como principio general. No se trata de consagrar una sucesión, sino de reconocer interlocución funcional: contención, articulación operativa, gestión sin desborde. En clave doctrinaria, Delcy es tratable y, en cambio, la oposición es riesgosa. Esta lectura también explica el discurso oblicuo del chavismo.
El dato de manifestaciones que celebraron la detención de Maduro sin represión del régimen adquiere aquí un sentido preciso. Cada cual hace lo que puede, no es solo un poder débil (del poschavismo), sino que son dos. Estados Unidos ha requerido un subterfugio. Su tesis es la contención que reduce costos económicos y políticos internacionales y preserva margen de negociación.
Finalmente, el factor energético —central en la NSS y a menudo subestimado en el debate político— cierra el círculo. Energía barata y abundante es seguridad nacional. Venezuela aparece así menos como problema ideológico y más como activo energético mal administrado. De ahí la preferencia doctrinaria por negociar acceso y estabilidad antes que destruir el aparato estatal o apostar a transiciones inciertas.
Parte 4: Síntesis
Leídos a la luz de la NSS 2025, los hechos recientes no anticipan una transición democrática conducida desde fuera ni protagonizada por la oposición. Indican, más bien, la consolidación de un método: judicialización selectiva, presión sostenida sin ruptura, interlocución funcional con presión individual al aparato vigente y exclusión de actores sin capacidad de mando.
La doctrina no prueba conspiraciones internas ni las vuelve necesarias para explicar el curso de los acontecimientos. El escenario dominante es una estabilidad autoritaria bajo presión judicial externa, coherente con la prioridad hemisférica, el realismo flexible y la seguridad económica como seguridad nacional.
En este marco, Venezuela no abre una solución; sino que marca una posible doctrina de Estados Unidos, una forma de gestión del conflicto alineada con la doctrina estadounidense recién publicada y con un escenario de crisis occidental donde habrá que usar la musculatura que se tiene. Probablemente esta ruta por la que se opta es un esfuerzo de ir leyendo un escenario internacional muy complejo: Rusia en Ucrania, China presiona a Taiwán y Estados Unidos retorna a América Latina y lo marca en Venezuela.
Quizás el diseño de mostrar un poder a partir de un acto acotado (y barato) para luego negociar al estilo romano con el gobierno vigente, obteniendo granjerías económicas, sea el estilo de Trump desde aquí en más. De ser así, ¿es doctrina propia o está coordinada con las estructuras permanentes de la seguridad de Estados Unidos?
Como se ve, tenemos pistas, pero la claridad está escasa. O no tenemos información suficiente o todavía hay muchas elites que no saben cómo moverse en una época todavía sin orden.
Enviando corrección, espere un momento...
