La mezquindad de Chile con los pueblos indígenas

En los últimos años hemos visto cómo diversas personalidades políticas y líderes industriales han montado una verdadera campaña del terror contra una herramienta fundamental (prácticamente la única en nuestra legislación) para la defensa y resguardo de los derechos de los pueblos indígenas, así como la regulación del borde costero, como lo es la Ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche.

La acusan de haberse transformado en una de las “principales fuentes de incertidumbre económica en varias regiones”, de estar “generando conflictos graves” en el país o de “paralizar el desarrollo de proyectos”. De hecho, hace unos meses un expresidente llegó a declarar que “lo primero que tenemos que hacer es matar la Ley Lafkenche, porque está matando la industria del salmón en Chile”, atribuyéndole el éxito o fracaso de un sector productivo en particular a un cuerpo legal cuya finalidad es bien distinta.

Ley Lafkenche

Lejos de la desinformación en torno a ella, el objetivo central de esta ley, promulgada en 2008, es reconocer y proteger los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas sobre el borde costero, por una parte, asegurando que sus prácticas tradicionales vinculadas al mar -como la pesca artesanal, la recolección de mariscos y algas y la navegación- puedan mantenerse y transmitirse a futuras generaciones y, por otra, permitiéndoles la protección del maritorio.

Para ello, la ley creó la figura jurídica del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo), una herramienta que, contrario a lo que se ha pretendido instalar en la opinión pública, no entrega propiedad sobre el mar, sino que otorga derechos de uso y administración preferente a las comunidades indígenas sobre áreas delimitadas, reconociendo así su vínculo ancestral con estos espacios.

Otros países

En el mundo son tan relevantes este tipo de legislaciones en materia de derechos humanos y conservación ambiental, que otros países miembros de OCDE también cuentan con instrumentos que permiten a sus pueblos indígenas participar en la gestión de áreas marinas.

Ejemplo de ello es lo que ocurre en Nueva Zelanda, donde la Ley de Áreas Marinas y Costeras (de 2011) permite a las comunidades maoríes reclamar sus derechos sobre los territorios marinos y co-gestionar los recursos con el gobierno.

En Canadá, en tanto, el organismo federal responsable de gestionar los recursos pesqueros y oceánicos del país (Fisheries and Oceans) tiene mecanismos claros de apoyo y fomento a la pesca indígena, como las iniciativas Pesca Comercial Indígena del Atlántico, Pesca Comercial Indígena del Pacífico y Pesca Comercial Indígena del Norte, destinadas a promover las oportunidades comerciales para las comunidades indígenas.

Junto a estas iniciativas, el ejemplo de la Ley Lafkenche es destacado a nivel internacional como una buena práctica. De hecho, en el informe ‘El océano y los derechos humanos’, elaborado por la relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible de Naciones Unidas, Astrid Puentes, se destaca a esta normativa y los ECMPOs como referentes mundiales en la protección de comunidades indígenas y la gestión sustentable del ecosistema marino, poniendo en relieve el impacto cultural, ambiental y espiritual de estos mecanismos, al estimular tanto la conservación marina, como la inclusión de comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre los recursos naturales.

Intentos de modificar o limitar

Por eso llama tanto la atención que, mientras diversas organizaciones expertas en la materia destacan la integración de la gestión indígena como un modelo exitoso de gobernanza marina y ambiental, en nuestro país se avance en el sentido contrario. Ejemplo de ello son los múltiples intentos por modificar o limitar la implementación de esta ley: el año pasado, ya se había intentado al introducir una indicación en la Ley de Presupuestos para suspender por un año la presentación de nuevas solicitudes de Ecmpo, además de establecer un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes en curso.

Y ahora se suma una nueva tentativa con la aprobación en general en el Senado de un proyecto de ley que busca modificarla y que, lejos de “perfeccionar” la norma, introduce cambios que debilitan derechos consuetudinarios, limitan la autonomía de las comunidades y subordinan sus territorios a intereses económicos.

Más grave aún es la decisión de modificar este proyecto sin una consulta indígena previa, lo que refleja no sólo un claro retroceso en la protección de los Ecmpo(contraviniendo tanto la intención original de la ley como estándares internacionales de derechos humanos), sino que demuestra además una severa falta de respeto del Estado de Chile a estas comunidades y, lo que es aún peor, una vulneración flagrante de derechos ya garantizados.

Es alarmante que una buena parte de la clase política haya decidido abrazar la agenda empresarial y poner los intereses de estos grupos de poder por sobre el bien común de los ciudadanos y, particularmente, de las comunidades indígenas; sobre todo considerando el escenario ambiental y climático en la actualidad, y los compromisos internacionales firmados por el país para mitigar esta situación, como el Marco Global Kunming-Montreal, que busca proteger el 30% de los ecosistemas marinos y terrestres a 2030, a lo que esta normativa contribuye directamente.

Es de esperar que las reservas de constitucionalidad expresadas tanto por el Ejecutivo como por el senador Huenchumilla surtan el efecto necesario para poner freno a este sinsentido que pretende sabotear una normativa que simplemente viene a reconocer el vínculo ancestral de nuestros pueblos indígenas con el mar.

Continuar presentando esta ley como un problema o un obstáculo a la inversión no solo es una manipulación, refleja también una mezquindad brutal que debiera ser fuertemente condenada por las autoridades y la ciudadanía.