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Que las leyes no se queden en el papel, que los reglamentos se publiquen en los plazos y que las políticas se traduzcan en resultados verificables.
La reciente sesión especial del Senado, donde el Ministerio del Medio Ambiente presentó el estado de avance del Programa de Regulación Ambiental, no solo permitió conocer los avances de la agenda normativa. También abrió la puerta para analizar en qué materias seguimos al debe, especialmente cuando se trata de transformar leyes en normas vigentes y exigibles.
Este tipo de instancias son una oportunidad para evaluar el verdadero accountability ambiental del Ministerio del Medio Ambiente: su capacidad para rendir cuentas con transparencia, cumplir los plazos comprometidos y responder por los resultados obtenidos.
Reglamentos que no llegan y leyes que quedan en el papel
El caso más urgente es el de la Ley 21.600 que crea el SBAP. El plazo para dictar sus reglamentos vence el próximo 6 de septiembre, y a estas alturas parece difícil que se cumpla. Ninguno ha sido publicado.
Entre los más relevantes están el Reglamento de Clasificación de Ecosistemas Amenazados y Planes de Manejo, el Reglamento sobre Áreas Protegidas y el Reglamento sobre Compensaciones en Biodiversidad, cuya falta de vigencia retrasa la implementación de la nueva institucionalidad para proteger la biodiversidad.
La situación no es distinta con la Ley Marco de Cambio Climático. La ley mandató la dictación de 23 reglamentos en un plazo de un año desde su publicación (13 de junio de 2023). El plazo venció en junio de 2024 y, pese a que varios han tenido algunos avances, reglamentos clave aún no han sido publicados.
Entre ellos: el reglamento de Normas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, el de Certificados de Reducción o Absorción de Emisiones y el del Sistema de Certificación Voluntaria de GEI y uso del agua. Sin estos reglamentos, instrumentos esenciales para la mitigación y adaptación climática siguen sin aplicación efectiva.
Tampoco escapa a este panorama la Ley 21.368 sobre Plásticos de un Solo Uso. Su reglamento técnico —clave para definir los requisitos y procedimientos de certificación de los plásticos autorizados— debía estar publicado hace mucho tiempo.
La demora obligó incluso a tramitar un proyecto de ley que prorrogara la entrada en vigencia de varias de sus obligaciones, justamente para dar al Ministerio del Medio Ambiente el plazo adicional necesario para dictarlo. Ese nuevo plazo venció en diciembre del año pasado y, pese a ello, el reglamento sigue sin publicarse. La consecuencia es un escenario de incertidumbre para la industria gastronómica y sus proveedores, que deben adaptarse a exigencias que entrarán en vigor el 13 de febrero de 2026 sin contar aún con reglas claras sobre los materiales y estándares que deberán cumplir.
Fiscalización: el otro pilar del accountability
La fiscalización es otro componente esencial de este accountability ambiental. De nada sirven leyes claras si su aplicación en terreno es débil, errática o discrecional. La Superintendencia del Medio Ambiente debe garantizar que las normas se cumplan, que las infracciones se corrijan y que quienes dañen el medio ambiente respondan por ello.
El proyecto de ley que busca fortalecer la capacidad fiscalizadora de la SMA representa una oportunidad para avanzar, pero su éxito dependerá de que durante su tramitación se genere un proceso de trabajo abierto, con diálogo franco, capacidad de negociación y voluntad de construir acuerdos transversales. Solo así se podrán otorgar mayor certeza jurídica, evitar espacios de discrecionalidad y corregir las preocupaciones legítimas que la iniciativa aún genera.
Chile tiene el talento técnico, la capacidad institucional y el compromiso ciudadano para liderar en esta materia. Pero ese liderazgo exige coherencia: que las leyes no se queden en el papel, que los reglamentos se publiquen en los plazos y que las políticas se traduzcan en resultados verificables. De lo contrario, seguiremos acumulando compromisos ambientales sin la fuerza jurídica ni la implementación necesaria para cumplirlos.
