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Alrededor de 3.000 familias damnificadas por los devastadores incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en el verano de 2024, siguen aguardando por soluciones. Los vimos esperando al Presidente Boric el día de la cuenta pública el 1 de junio pasado en las inmediaciones de Cerro Castillo con la esperanza de ser escuchados. El mandatario no se acercó a saludarlos. Tampoco sus ministros.
La ejecución presupuestaria
Las cifras sobre la reconstrucción en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana son críticas. En el Instituto Libertad hemos seguido de cerca la ejecución presupuestaria del “Fondo de Emergencia Transitorio”, que otorgó en forma extraordinaria el Congreso. Para el año 2024 se dispuso de $47 mil millones, pero solo pudieron ejecutar $2 mil 700, es decir, un 4,2%.
De un total de 3.824 viviendas que resultaron con daños, solo 59 inmuebles han sido entregadas a los afectados. De ese total, 40 inmuebles corresponden a personas que ya contaban con un subsidio al momento del siniestro, gracias a lo cual pudieron adquirir una casa en otros lugares. Según un reciente informe del Minvu serían 96 casas, lo que sigue siendo extraordinariamente bajo, comparado con otras catástrofes recientes, en que la capacidad de respuesta ha sido muy superior.
De alrededor de 700 viviendas en construcción, más de 500 están bajo la modalidad de autoconstrucción. Es decir, se trata de familias que están edificando con sus propios recursos; dependerá del apoyo y asistencia técnica que reciban de Serviu, que sus casas puedan calificar para la recepción final y recibir un subsidio.
Cuando el Estado no cumple su promesa
Cuando ocurrieron los siniestros en febrero de 2024, el Presidente Boric, manifestó que se trató de “la tragedia humana más grande que hemos tenido como país desde el terremoto de 2010”. También llamó a que se requería “unidad de acción; no solo palabras, principalmente acción”, para superar estos lamentables hechos. Hasta a hora han sido más palabras que acción, aunque las referencias sobre la reconstrucción también escasearon en la reciente cuenta pública.
Nuestra Constitución señala que el Estado “está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”, premisa que se debería cumplir a cabalidad, sin embargo, bajo la actual administración, el Estado no ha estado a la altura, si lo comparamos con la reconstrucción del 27F, de la tragedia de Chaitén o del incendio de Chiloé, a fines del gobierno del Presidente Piñera.
En todos esos casos se dictaron las normas de excepción que permitieron avanzar en las soluciones habitacionales bajo una lógica que obviamente no puede ser la misma que para el otorgamiento de subsidios en régimen normal. Las actuales autoridades parecen más preocupadas por no “beneficiar” a aquellos damnificados que poseen más de una vivienda -por poner un ejemplo- que de restablecer una vivienda digna a miles de familias que sufren la apatía e indiferencia nuestras autoridades y están enfrentando un segundo invierno en ascuas.
Luis Pardo
Director ejecutivo
Instituto Libertad
