Los cuatro personajes cardinales de esta historia son tres: Camila Vallejo y Ángel Valencia, la ministra y el fiscal. En medio hay un tercero, el exdirector de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, cuya debilidad estructural no permite que participe activamente de esta historia. Y en el horizonte hay un cuarto, Sebastián Piñera o el piñerismo o la derecha realmente existente (con capacidad de gobierno). La trama usted la conoce. El presente esfuerzo es solo dar perspectiva.
Hace una semana la detención del exdirector de la PDI fue vista como una oportunidad política por la ministra Vallejo.
¿Fue una acción de gobierno o un arrebato personal? Si fue una acción meditada, ¿por qué llamó al día siguiente para frenar el proceso de debate? ¿O sencillamente no estaba en sus planes que el fiscal nacional contestara generando un conflicto entre poderes? No lo sabemos. Pero algo se huele.
Según señaló La Tercera la semana pasada “el análisis en los equipos internos era que los antecedentes expuestos en la formalización, con figuras de la derecha incluidas, como el exministro del Interior Andrés Chadwick y el excanciller Andrés Allamand, permitían ser tajantes en los juicios del caso”.
¿Fue una acción del sector, pero sin el gobierno?
Las palabras de Vallejo generaron una avalancha desde el Frente Amplio, pero no desde el gobierno. ¿Fue una acción del sector, pero sin el gobierno? Pero entonces, ¿por qué la ministra comenzó? ¿O estamos ante un acto derivado del ímpetu y no de la razón?
Es un problema tener que ponderar constantemente la variable de la acción personal sin estrategia alguna para el análisis político. Esta es una nota al pie, pero es tan importante que la puse en el texto.
Las palabras de Vallejo fueron: “Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”.
La frase es altisonante y fue inmediata luego de la formalización del exdirector de la PDI.
El ataque no era contra la fiscalía, de hecho, se hacía parte de la fiscalía. Y eso quizás es lo que molestó al fiscal nacional, porque Vallejo se refería al detrimento de posibilidades de la fiscalía por culpa de este caso.
Pero hay más. La ministra refiere a una posible ‘red de corrupción de cuello y corbata’. El énfasis en la corbata es un distintivo de época (de todos modos las redes de corrupción no suelen ser de overoles).
El problema no está en la corbata, por supuesto, pese a quien pese. El problema es que una red de corrupción es una referencia genérica muy poco clara.
Pero si hubiera sido algo más concreto también sería un problema. Referirse a delitos por parte de autoridades siempre es un problema. Y más si se trata de asuntos de corrupción ya que estos fenómenos comienzan golpeando a personas. Pero finalmente el costo de la crisis se lo lleva el Estado como un todo. La ciudadanía termina castigando al sistema político y al Estado como institución. Los nombres pasan, los desastres institucionales quedan.
Está claro, por sus actos, que la ministra consideró inapropiadas las consecuencias de su acto.
En resumen, la acción fue fallida, era un ataque político y se convirtió en un problema institucional. Error de cálculo. Pero el tema de fondo es comprender cómo un contexto y la naturaleza del fenómeno son la clave del futuro de esta crisis.
¿Cuál es el contexto?
En los ciclos de protestas globales de 2011 y 2019 alrededor de la mitad de los países que tuvieron grandes protestas o estallidos tuvieron casos de corrupción como parte o factor principal de las causas de las manifestaciones.
El Estado está pasando hace rato una temporada mala. De hecho, se ha instalado como posibilidad real en muchos sitios que el Estado sea conducido por gente que no cree en el Estado y que luchan incansablemente por gobernarlo.
Ese es el contexto internacional.
Pero a nivel nacional hay más. Resumo los hechos:
1) En 2011 comienza un proceso de impugnación de gran profundidad que supone una crítica al modelo de sociedad. Las protestas educacionales contagian el sistema económico a través de un barniz de crítica ética y de sospecha por la legalidad de sus actos. La crisis educacional, de hecho, no solo arrastró a universidades o autoridades educativas, sino también a empresas como empresas de retail, proyectos energéticos, bancos y plantas de alimentos. He ahí la profundidad que se muestra en el contagio.
2) En los años siguientes el clima de impugnación se mantuvo, avanzando la idea de un proceso constituyente e intensificándose las críticas a ISAPRES, AFPs y otras empresas estratégicas.
3) Desde 2011 hasta los primeros meses de 2015 el clima de impugnación a la elite, centrada fundamentalmente en el mundo de la empresa y en el modelo económico, no tenía contestación relevante.
La negación del gobierno de Sebastián Piñera solo agravó el daño y la palabra ‘lucro’ mutó para referir a aquellas ganancias económicas resultantes de acciones innobles o directamente ilegales realizadas por las elites sociales dada su posición en la sociedad.
4) Los líderes del movimiento estudiantil plantearon un concepto opuesto, llamado ‘gratuidad’, que aparecía como la solución simbólica ante el pecado del lucro.
5) Michelle Bachelet asumió en 2014 habiendo concedido carta de ciudadanía al ‘lucro’ como el mal de la época y acusó a los poderosos de siempre’. La lucha contra el lucro alcanzaba niveles de misión civilizatoria y de dignidad nacional. Lo público abogaba por terminar con el mal actuar de los privados.
Pero un día, bueno o malo según le parezca, el sol de la mañana vino acompañado de una historia en la que el hijo de Michelle Bachelet se había reunido con el principal multimillonario chileno y se había conseguido un crédito, gracias a esa acción, luego de que el mismo banco lo había rechazado.
Era difícil encontrar el delito por parte del hijo de Bachelet (que había sido nombrado autoridad además), pero era evidente el problema político. El momento elitista vestía a Michelle Bachelet y su discurso se caía a pedazos.
Ese día, literalmente, el clima comenzó a cambiar. No es un decir, lo puedo decir con mediciones que hicimos entonces a través de big data.
6) La palabra corrupción (de connotación estatal) ocupó el lugar del ‘lucro’ (de connotación empresarial). Ahora fue la izquierda la que no entendía el problema. La ventana de oportunidad comenzaba a desvanecerse y cada día que pasara se achicaba el espacio.
Pero los líderes de lo que sería pronto el Frente Amplio no lo veían así. No veían razón alguna para que su personal santidad sufriera modificaciones. Y no había apuro.
7) El discurso de impugnación dejó de ser exclusivo de la izquierda y apareció por derecha, he ahí Kast.
8) La ventana de oportunidad para la izquierda seguía existiendo, pero no era por ser de izquierda, sino por ser nuevos: merecían la oportunidad. Y la tuvieron. El proceso constituyente (el primero) fue su debut en el poder. Y el gobierno de Boric fue lo siguiente.
9) Los convencionales constituyentes de izquierda llegaron a volver a representar la obra de la rabia contra todo lo establecido. Destruyeron así las dos variables de quien detenta poder: el respeto de las instituciones (que son sagradas porque provienen del rito) y la eficacia (cambiar la vida de las personas para mejor). Vociferantes e inútiles pasaron de salvadores a partícipes del mal. La ventana se cerró.
Nunca sabremos si el gobierno de Gabriel Boric ha tenido más problemas por sí mismo o por la herencia fatídica del proceso constituyente fallido.
Pero hay algo que es claro. La ventana de simple impugnación duró entre junio de 2011 y febrero de 2022. Ese ciclo de impugnación se cerró, pero no se terminó el malestar social. Estamos en el instante en que se ha de definir el siguiente ciclo. Hasta el instante la impugnación actual podría convertirse en un proceso fundamentalmente antiestatal.
Y en medio de este escenario, de este clima, la ministra Vallejo quiso reflotar el ‘lucro’. Y la siguieron muchos pensando que el gobierno se arriesgaba a cruzar el río. Pero no era tal. O quizás sí, de hecho no sabemos.
Si lo que se quiere es volver a la impugnación al mundo empresarial el gobierno tendrá que tomar una decisión dura: sacrificar todo lo hecho para apaciguar los ánimos y avanzar a la batalla.
O quizás buscar un pequeño triunfo para mejorar la posición, pero ¿cuál?
¿Puede el presidente Boric salir a decir ahora que Sebastián Piñera era parte de una red de corrupción después del fervor con el que reivindicó el nombre del fallecido mandatario?
De momento nada tiene sentido.
La confusión es total y no sabemos si el gobierno busca un pacto con la derecha, una batalla regulada para obligar acuerdos o una paz de segundo tiempo. No lo sabemos. Quizás nos enteremos pronto. O quizás nunca nos enteremos. La gran pregunta es si el gobierno tiene la respuesta, aunque sea íntima, a esta pregunta.
La ministra Vallejo llamó al fiscal Valencia y dio explicaciones. Un día antes había hecho un llamado a la historia. Valencia contestó. ¿Y la historia? Aún no lo sabemos. En favor de la ministra hay que decir que algunas ocasiones la historia le ha contestado.
