El abogado Ignacio Ried, defensor del jefe comunal de San Ramón, Gustavo Toro, se refirió a la presentación de un recurso por parte del exalcalde de la comuna Miguel Ángel Aguilera, que busca anular la repetición parcial de las elecciones municipales ya que el proceso estaría “irremediablemente viciado”.
En conversación con BioBioChile, Ried comentó que “las razones que da el Sr. Aguilera en su reclamo de nulidad no tienen ninguna base (…) evidentemente que los electores no iban a elegir a una persona que está siendo investigada por delitos tan graves como cohecho, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, y ahora último, fraude electoral”.
Además soslayó que la defensa de el exalcalde de San Ramón, “ha desplegado distintas estrategias y ‘maniobras’ —como dijo el Ministerio Público— para tratar de evitar su formalización, y todas han fracasado. Trató de recusar al juez de garantía, alegó tener Covid y al final no era cierto, etc. Esto es otro capítulo, pero no me cabe duda que el tribunal electoral va a terminar rechazándolo”.
En tanto confirmó que la repetición de las elecciones en 65 mesas de San Ramón dio como resultado que “los electores pudieran manifestar su voluntad libre de que querían como alcalde al Sr. Gustavo Toro, y no al Sr. Aguilera”.
Este fin de semana, Miguel Ángel Aguilera recurrió al Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana para denunciar la “constitución y apertura irregular” de las mesas donde se repitió la elección lo que significó, según el recurso, “que miles de personas durante las horas de la mañana se retiraran de los locales de votación sin haber podido emitir su voto“.
En la misma línea, acusó “actos de intervencionismo efectuados por candidato a alcalde al interior de local de votación”, con ello se refiere a que el aspirante, David Cabedo, se desplazó por dependencias del local emplazado en la Escuela Sendero del Saber donde: visitó mesas, abordó a electores, sacó fotografías a electores al momento de ingresar a la urna.
De manera concreta, también apuntó a Toro de haber acarreado votantes mediante el arriendo de vehículos, lo que se señala en el documento como: “Testigos observaron en los alrededores de los locales de votación personas que, con listado en mano, trasladaban a electores en vehículos, manteniendo comunicación por radio entre ellos“.
Así mismo inculpó que los apoderados del candidato electo solicitaron las cédulas de identidad de algunos votantes para, según el escrito, tomar nota de sus datos personales y el número de folio de sus votos, “o que evidencia actuaciones ilegales y arbitrarias que dan cuenta de un evidente intervencionismo electoral”.
