Un nuevo error cometió el Servicio Médico Legal de Concepción, luego de entregar un cuerpo equivocado a una familia, el cual ya fue enterrado. El hecho motivó la apertura de un sumario interno.

El caso ocurrió en julio de este año, cuando la reducida familia de un adulto mayor concurrió al SML penquista para retirar el cuerpo y sepultarlo, recibiendo un cadáver equivocado, de lo que sólo se tuvo conocimiento después de una reciente revisión de archivos del servicio, precisamente orientada a detectar anomalías después de los últimos casos, como el del joven Sergio Mardoff.

En ese sentido, la equivocación detonó la apertura de un sumario, expuso el intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa, quien además afirmó que “esto no puede volver a ocurrir”.

En definitiva, los pocos cercanos del hombre fallecido sepultaron a otra persona, a lo que se suma que -por una “coincidencia”- el individuo murió un día antes que su hermana, también adulta mayor, por lo que del pequeño grupo que vivía cerca de la Plaza Cruz de Concepción, sólo queda una mujer que estaría en Curanilahue, en total desconocimiento de la situación.

Por su parte, el director nacional (s) del SML, Gabriel Zamora Salinas lamentó el episodio, añadiendo que “este es un hecho extraordinariamente grave, y primero nosotros queremos expresar nuestras excusas a la familia”.

Pese a lo indicado por Zamora, el SML penquista no pudo ubicar a un familiar del hombre cuyo cuerpo se creyó retirado, pero que sigue en el servicio.

“Esta es una situación que estamos corrigiendo y revisando nuestros protocolos para evitar que esto vuelva a suceder”, agregó, apuntando también que “se notificó a la fiscalía porque esto forma parte de una causa judicial y la fiscalía determinará las responsabilidades penales que estén involucradas”.

¿Qué pasa con quien sí fue enterrado? Está identificado, pero nadie de su familia lo ha reclamado. Se trataría de una persona en situación de calle o de extrema pobreza.

Este último error se suma a lo ocurrido a Sergio Abraham Urra Venegas, cuyo cuerpo estuvo “olvidado” dos años en el Servicio Médico Legal de la capital regional.