Cuando la jueza Andrea Pizarro llegó a su trabajo en el Juzgado de Letras de La Calera el lunes 18 de noviembre de 2024, el ministro Rafael Corvalán llevaba más de media hora esperando. El entonces presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso había arribado antes de las 8:00 horas, acompañado de la relatora de Pleno y otras dos personas, y había reunido a los funcionarios del tribunal en el segundo piso del recinto.
La magistrada ni siquiera se pudo sentar. Mientras buscaba un lugar en la sala de reuniones, Corvalán la detuvo. Le dijo que debían conversar en su oficina. Allí, el ministro le entregó copia de la resolución de un sumario en su contra, firmada apenas una hora antes por la fiscal judicial Jacqueline Nash, que determinaba su traslado transitorio. Su reemplazo ya estaba listo: era una de las personas que acompañaba al ministro.
La Unidad de Investigación de Bío Bío accedió a documentación de tres sumarios iniciados a propósito de la situación en el Juzgado de Letras y Garantía de La Calera, incluyendo el proceso contra Pizarro y una investigación disciplinaria que hoy tiene contra las cuerdas a Corvalán.
Al ministro ya se le formularon cargos. Entre otras cosas, se le recrimina haber “excedido sus funciones” y “afectado la dignidad” de Andrea Pizarro en la notificación del traslado.
Este es tan sólo uno de los cuatro sumarios que enfrenta el ministro Corvalán por sus actuaciones durante su periodo como presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Relatos coherentes
El 15 de julio de 2024, la Primera Fiscalía Judicial de Valparaíso —dirigida por Nel Greeven— abrió una investigación por maltrato laboral contra la magistrada del Juzgado de Letras y Garantía de La Calera, Catalina Lagos.
Su origen estaba en una denuncia firmada por la otra jueza del tribunal, Andrea Pizarro, junto con seis funcionarios. En el escrito, redactado por Pizarro, se acusaba a Lagos de descalificar a los trabajadores tanto en público como en privado, aplicar sanciones injustificadas y generar un clima laboral que los tenía al borde del colapso.
Un mes después, la psicóloga Paola Lagos Núñez —analista de la Corporación Administrativa del Poder Judicial— emitió un informe técnico tras entrevistas individuales con los denunciantes.
Según el documento, los funcionarios habían presentado episodios de “llanto, tristeza, angustia, miedo, problemas gastrointestinales, alteraciones del sueño, desorientación, dificultades en la atención y concentración”.
—Los relatos se observan coherentes y sistemáticos en el tiempo noviembre de
2023 a la fecha —expresaba el informe—. Incluso ante la denuncia antepuesta, el trato se mantiene oscilando hoy hacia conductas burlescas hacia estos mismos.
Medidas “exorbitantes”
Con esos antecedentes la fiscal judicial formuló cargos contra Catalina Lagos el 21 de octubre de 2024 y tres días después dictó su traslado. En esa última resolución, a la que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío, Greeven afirmó que entre las juezas Pizarro y Lagos existía un conflicto que se había iniciado cuando la segunda se había reincorporado a sus funciones en agosto de 2023 y se le “asignaron 11 causas contenciosas y tres voluntarias que tenían plazo para dictar sentencia vencido”.
—La situación se acentuó cuando la investigada asumió la presidencia efectuando cambios, así como con la orden de la jueza señora Pizarro de “dosificar” la providencia de 147 causas (…) en circunstancias que la jueza señora Lagos estaba ausente y significó que tuviera que firmar despacho ingresado días antes y que parece configurar un patrón —relató la fiscal.
En ese contexto se produjeron dos reuniones en que Lagos “levantó la voz y en la segunda señaló que doña Andrea Pizarro era inexperta y desagradable”. Por lo mismo, Lagos dictó un decreto económico —resolución interna— en contra del jefe de la Sección Laboral, “sin darle oportunidad de defenderse”.
La fiscal aseguró que algunas de las medidas que había tomado Lagos podían “ser exorbitantes a sus facultades”. Si bien dijo que el tenor de los comentarios negativos que había realizado contra los funcionarios era “impreciso”, sostuvo que su comportamiento había afectado emocionalmente a los trabajadores.
Discriminación laboral
La fiscal hizo hincapié en el caso de una ayudante de servicios. La denuncia original acusaba que Lagos había comenzado a ignorarla y no le dirigía la palabra debido a que se había retrasado en sus tareas. Según la funcionaria, la demora se había producido porque la jueza citaba a reuniones todas las semanas después de almuerzo.
Más tarde, la funcionaria fue trasladada desde la Sección Civil a la Laboral. La magistrada Lagos dio la orden de eliminarla en el grupo de WhatsApp de la unidad, lo que nunca se había hecho con ningún funcionario previamente, según la denuncia.
La fiscal aseguró en la resolución de traslado que la conducta desplegada por Lagos podía constituir una “violación al artículo 544 Nº 3 del Código Orgánico de Tribunales [que sanciona las conductas negligentes en el ejercicio de los deberes] y trato inadecuado en los términos que lo define el Protocolo de denuncias de maltrato y acoso laboral del Poder Judicial”.
En el caso de la ayudante de servicios, afirmó que las acciones de la jueza podían constituir discriminación laboral.
Sin embargo, al día siguiente de dictado el traslado, Greeven recibió un oficio del presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rafael Corvalán, pidiéndole que reconsiderara la medida.
La compraventa
El ministro Corvalán ya había aparecido en esta historia previamente a la denuncia. La jueza Pizarro conversó con él un mes y medio antes —el 3 de junio de 2024— por videoconferencia, para informarle de las situaciones de maltrato comunicadas por los funcionarios.
Corvalán le comentó que haría llegar la información al Pleno. Dos días más tarde dicha instancia resolvió que el juez presidente informara a Pizarro que la denuncia debía realizarse formalmente siguiendo las disposiciones de la Corte Suprema. La magistrada Pizarro recién fue notificada el 12 de junio.
Tras haberse concretado la denuncia, Corvalán recibió el 26 de junio un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con los antecedentes. El asunto se revisó en el Pleno del 1 de julio. Ese día se ordenó abrir el sumario contra Lagos, con el voto a favor de Corvalán. Una semana después el ministro dictó la orden de remitir los antecedentes a la Fiscalía Judicial.
En ningún momento el ministro Corvalán dio a conocer al Pleno que había vendido a Lagos su casa en Limache en 2020, ni tampoco que le había otorgado un mandato para que actuara a su nombre en la transacción.
Según informaría Corvalán más tarde, en el sumario abierto en su contra, la venta se había dado tras su divorcio, debido a que el inmueble “ya no era residencia familiar”. Además, él se desempeñaba en ese entonces en la Corte de Apelaciones de Iquique.
—Otorgué un mandato con facultades de autocontratar a la compradora ya que en su calidad de jueza me dio la absoluta confianza para ello, desde que a doña Catalina Lagos no la conocía y llegué a su persona por un amigo de Limache que me comentó que una jueza quería comprar una propiedad —afirmó Corvalán.
El sumario contra Pizarro
Catalina Lagos volvió al Juzgado de Letras y Garantía de La Calera el 4 de noviembre de 2024, luego de que su traslado fuera anulado. Según contó la jueza Pizarro en uno de los sumarios, ese día Lagos comenzó a llamar a los funcionarios a su oficina.
—[El jefe de la Sección Laboral] subió a mi oficina y me dice que la magistrada lo está llamando al privado y que no quiere ir. Le dije que estuviera tranquilo, que vería lo que se pudiera hacer —relató Pizarro.
Ese mismo día, Pizarro emitió un decreto económico, el que se fundaba en que la jueza Lagos había intentado “reunirse privadamente con los denunciantes”. En él, ordenaba como “medida de resguardo” que durante ese día “los denunciantes únicamente se comunicaran con la jueza Lagos por correo electrónico”.
Durante la tarde el Pleno de la Corte de Valparaíso ordenó abrir un sumario contra la magistrada Pizarro por considerar que el decreto podía ser “una extralimitación”.
En la resolución respectiva se detalló que se debía indagar la eventual responsabilidad por “arrogarse atribuciones de la jueza presidente del tribunal, en perjuicio del clima laboral” y por “cualquier conducta constitutiva de maltrato y/o acoso laboral en contra de la señora Catalina Lagos (…) y/o funcionarios del Juzgado de Letras de La Calera”. Junto con ello se dejó sin efecto el decreto económico.
A cargo de la indagatoria quedó Jacqueline Nash, de la Segunda Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Una reunión en la Corte de Valparaíso
La fiscal Greeven volvió a dictar el traslado de Catalina Lagos el 7 de noviembre de 2024, el que se concretó al día siguiente.
Una semana más tarde, el 15 de noviembre, Rafael Corvalán citó a una reunión en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para tratar la situación del tribunal calerano. A ella asistieron las fiscales Nash y Greeven, la relatora de Pleno, la psicóloga Lagos y la directora zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, además de otros directivos.
De acuerdo con la denuncia de Andrea Pizarro contra Corvalán, en la ocasión se acordó su traslado, a pesar de que era una decisión que debía depender exclusivamente de la fiscal del sumario. La versión de Corvalán, que consta en sus descargos, es que la fiscal Nash informó que tomaría la determinación de trasladar a Pizarro.
Sin estar siquiera dictada la resolución de traslado de Pizarro, por decisión de Corvalán se solicitó a los magistrados suplentes Gabriel Ferrer y Carlos Jones presentarse el lunes siguiente en el Juzgado de Letras y Garantía de La Calera.
Recién el lunes a las 7:31 horas Jacqueline Nash firmó el traslado de Pizarro al Primer Juzgado de Letras de Quillota, como secretaria. Minutos más tarde Corvalán llegaba al tribunal calerano, con la relatora de Pleno y los suplentes.
Cargos contra Corvalán
En la formulación de cargos contra el ministro Corvalán, el fiscal Mario Fuentes dio por acreditados los cinco hechos investigados. El primero de ellos era que el juez no informó de su vínculo con Catalina Lagos en cuanto a la compraventa de su casa y el mandato entregado.
El segundo hecho guarda relación con la manera en que se designó a los jueces suplentes. Si bien Corvalán se defendió argumentando que el Pleno le había facultado para resolver la situación del Juzgado de Letras y Garantía de La Calera, el fiscal arguyó que en ningún caso eso le permitía pasar por sobre los procedimientos establecidos en el Código Orgánico de Tribunales.
Los mismos jueces suplentes declararon que fueron contactados por Corvalán la semana anterior a asumir. El magistrado Gabriel Ferrer, quien asumió el puesto de Pizarro, aseguró que el ministro lo llamó unos días antes.
—Preguntó si estaba disponible para asumir una suplencia que la corte necesitaba en forma muy especial porque se trataba de un juzgado con un grave problema (…) de clima laboral y que otro juez egresado de la academia iba a asumir por el otro juez —contó Ferrer.
El fiscal judicial sostuvo en el tercer cargo que Corvalán había entregado personalmente la resolución de traslado a Pizarro, lo que “en los hechos hizo las veces de notificación”.
—Dicha actuación no se encuentra dentro de las funciones propias del Presidente de la Corte de Apelaciones y excede en consecuencia las competencias de quien ejerce la jefatura superior de dicho tribunal —detalló el persecutor—. [Constituye] un acto impropio, que altera la igualdad de trato, afecta la dignidad de la magistrada receptora al exponerla innecesariamente ante terceros.
Designación de administradora
En el cuarto punto el fiscal criticó la intervención de Corvalán para designar a la nueva administradora suplente del tribunal. Durante una década ese cargo había sido ocupado por la misma persona, cuya destinación se renovaba cada año.
Luego de que fuera una de las funcionarias que firmó la denuncia contra Catalina Lagos, en 2025 se realizó un nuevo proceso para proveer el cargo. El tribunal elaboró una terna, en la que la funcionaria aparecía en primer lugar. Sin embargo, no fue seleccionada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Al respecto, Corvalán declaró en el sumario que seleccionó a una funcionaria a quien le había pedido previamente que postulara y que quedó segunda en la terna. El ministro aseguró que obró dentro de sus competencias, pero el fiscal acusó que podía estimarse que actuó “motivado por intereses distintos a la recta administración de justicia”.
Por último, se menciona que Corvalán “gestionó de manera activa y directa la reconsideración del traslado de la magistrada Lagos, mientras que no efectuó gestiones equivalentes respecto de la jueza Pizarro”. De esa forma Corvalán había comprometido “el deber de igualdad y el estándar de imparcialidad exigido a toda autoridad judicial”.
Sumarios suspendidos
Los sumarios contra Catalina Lagos y Andrea Pizarro permanecen suspendidos mientras no se resuelva la situación de Corvalán. Al igual que en el caso del proceso contra Lagos, en la indagatoria contra Pizarro se alcanzaron a formular cargos.
A la dictación del decreto económico se sumaron acusaciones de irregularidades en el nombramiento de receptores ad hoc, por el conflicto con Lagos y un último cargo por maltrato verbal contra una funcionaria.
En su defensa, Pizarro argumentó que el decreto económico se fundó en un “estado de necesidad”, para proteger a los funcionarios. Según ella, la crisis en el Juzgado de Letras y Garantía de La Calera no se debió a un problema mutuo entre las juezas, sino a los actos de acoso laboral ejercidos por Lagos.
En cuanto al nombramiento de los receptores ad-hoc, la magistrada manifestó que se debió a la reanudación de los términos probatorios civiles tras la pandemia, sumado a la renuncia de una receptora titular. Junto con ello, expuso que a su entender el Código Orgánico de Tribunales la habilitaba para obrar de esa forma, y que por lo demás la jueza Lagos había hecho lo mismo.
Acusación de maltrato verbal
La jueza Pizarro también apuntó que la funcionaria que la acusó de maltrato verbal —específicamente, de haberla tratado de tonta— había mencionado el supuesto insulto recién en su tercera declaración, sin especificar cuándo habría recibido la ofensa. Para respaldar que habían tenido una buena relación, la jueza acompañó al proceso cientos de páginas con mensajes de WhatsApp entre ella y la trabajadora, en los que se apreciaba un trato cordial.
Según Pizarro, la denunciante y una de las supuestas testigos habían sido quienes solicitaron a Corvalán dejar sin efecto el traslado de Catalina Lagos.
—Luego [la funcionaria denunciante] fue beneficiada por la jueza Lagos con la modalidad de teletrabajo extraordinario permanente —se lee en los descargos de Pizarro.
Igualmente, Pizarro cuestionó a la otra testigo, quien había demostrado “clara animadversión” contra los funcionarios que habían denunciado a Lagos, especialmente contra la administradora suplente del tribunal.
Los otros procesos contra Corvalán
El ministro Rafael Corvalán enfrenta cuatro sumarios en total. Al juez ya se le formularon cargos en otro de los procesos, iniciado tras una denuncia de maltrato presentada por los magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, según informó Ciper.
Además se abrió una tercera indagatoria contra el ministro por maltrato laboral a la periodista de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y una última por la presunta obstrucción de las medidas de protección instruidas por la mutual en favor de dicha funcionaria.
A través de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, el ministro Rafael Corvalán se excusó de responder las preguntas de la Unidad de Investigación de Bío Bío sobre el sumario relativo al Juzgado de Letras y Garantía de La Calera, debido a que en el proceso hay un recurso de apelación pendiente ante la Corte Suprema.
Las juezas Catalina Lagos y Andrea Pizarro también declinaron una entrevista al respecto.
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