Narcopoder, un rival con calle

Durante años, Chile ha observado el fenómeno del “narcopoder” como un guión lejano, exportado de latitudes tropicales. Sin embargo, el balance del periodo 2020-2026 es implacable: el narcopoder se instala en el tejido institucional, disputa al Estado el monopolio de la fuerza, penetra el sistema de justicia, tiene la capacidad de amenazar gobiernos locales y, lo más alarmante, comienza a disputar la lealtad de la ciudadanía.

Nos encontramos ante un fenómeno expansivo en pleno proceso evolutivo. Con el objeto de asegurar los cargamentos de droga y lavar dinero ilícito, el narco busca espacios informales y los conquista en forma progresiva. Pero en la actualidad ha demostrado tener la capacidad de identificar vulnerabilidades propias del sistema estatal y accionar sobre ellas generando mecanismos para erosionar la institucionalidad.

Dicho en corto, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes avanzan en el establecimiento de instancias de gobernanza criminal en sectores en que desplazan al Estado.

Ejemplo de ello es el “narcobienestar” —esa capacidad de las bandas para proveer seguridad y servicios donde el municipio no llega— ha creado una base social que protege al delincuente y lo valida como un referente de éxito.

Tendencias del avance

Si analizamos las tendencias de este lustro, el avance más peligroso no es el aumento de la violencia —que ha sido brutal con la llegada del sicariato y las “casas de tortura”— sino la captura institucional.

Casos como el de San Ramón abrieron la puerta a una realidad antes negada: la infiltración en gobiernos locales. Tengamos en cuenta, además, que desde el 2023, una serie de alertas señala la configuración de una “narcopolítica” incipiente que busca financiar campañas y plantas administrativas para asegurar impunidad.

No podemos dejar pasar un informe de la Fiscalía Nacional sobre el Crimen Organizado (oct, 2025), en que el organismo advirtió que la amenaza de prácticas de corrupción institucional es real.

A lo anterior se suma la transnacionalización. La llegada de franquicias como el Tren de Aragua ha dotado al narcopoder local de una sofisticación logística y una crueldad que el sistema penal chileno no estaba diseñado para procesar.

Algunas luces

Entre 2023 y 2025, el país logró hitos significativos pero que aún presentan grandes desafíos. La Política Nacional contra el Crimen Organizado y el estreno del Ministerio de Seguridad Pública constituyen elementos de reforzamiento, diques de contención, que podrían verse muy bien en el papel, pero dependen de las capacidades de ejecución en terreno.

Con todo, el enfoque ha pasado de la “guerra contra la droga” al “ahogo del patrimonio”. La Ley Antinarco ha permitido empezar a desmantelar la base financiera de estas bandas, entendiendo que el dinero, es una de las fuentes clave del narcopoder.

Sin embargo, estos avances son frágiles. El balance de 2026 nos muestra una paradoja: mientras los homicidios y hechos de violencia rural han comenzado a ceder en zonas intervenidas, la percepción de inseguridad sigue por sobre el 85%. El Estado se puede atribuir avances estadísticos, pero pierde la batalla por la paz mental del ciudadano.

Proyección 2026: El riesgo del Estado fallido

La proyección para lo que resta de 2026 es crítica. Con el reciente recorte presupuestario del 31,7% en los programas contra el crimen organizado, aprobado en el presupuesto fiscal 2026, corremos el riesgo de desmantelar los diques justo cuando enfrentamos la marea más alta. El desafío está planteado para la administración de gobierno entrante.

Un aspecto sustantivo de la dificultad radica en el hecho que el narcopoder también está mutando en forma creciente hacia la economía legal, infiltrando diversos rubros mediante el lavado de activos. En algunos países de la región hay registros de lavado de dinero con influencers, quienes cuentan con el respaldo de bots para inflar el movimiento de sus páginas. Este proceso va de la mano con la legitimación y masificación de la narcocultura en la música, estética y redes sociales, normalizando el fenómeno.

La infiltración en la economía legal y la masificación de la narcocultura, sitúan al narcopoder como un mecanismo válido de movilidad social aspiracional para jóvenes que no ven futuro en el sistema formal. Este fenómeno tendrá mayor validez en una economía recesiva que sea incapaz de ofrecer oportunidades de desarrollo individual.

El desafío de Chile para los próximos años no es solo policial. La verdadera lucha contra el narcopoder se dará en la capacidad de las instituciones para evitar la erosión, parchar sus fisuras y recuperar la confianza ciudadana.

Si el Estado no es capaz de ofrecer una alternativa de orden y movilidad social más eficiente que la que ofrece el “narco-patrón”, el país se arriesga a convertirse en un archipiélago de zonas liberadas, donde la ley en vez de marcar la pauta sea una anécdota para quienes dominen estructuras paralelas.

Esperemos que el marco de coordinación regional que ofrece “Shield of Americas” tenga resultados positivos, y que el Ejecutivo en Chile sea capaz de ejecutar con eficiencia políticas y mecanismos para enfrentar las redes criminales en el país. En especial porque el narcopoder no es una amenaza futura; es un vecino que construyó la casa y trae muchos invitados a bailar maleanteo, a validar el narco-reggaetón.