Concejales señalaron que la solicitud de investigación contra la jefa comunal ya fue realizada. De confirmarse las acusaciones, Rossat enfrentaría los cargos de abandono de deberes.

Bajo la lupa continúa la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind.-exUDI), luego de que se revelase que su empresa Protecc Chile -vinculada a servicios de seguridad- sostuviese negocios ilegales con diferentes organismos estatales.

De las 501 órdenes de compra que se adjudicó la firma, 87 de ellas se realizaron fuera de la normativa vigente. Entre las instituciones que suscribieron dichos contratos figura la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio de Salud Aconcagua y la Municipalidad de Catemu.

Lee también...
 Empresa de la alcaldesa de Hijuelas habría sumado 87 órdenes de compra con el Estado pese a nueva ley Martes 20 Octubre, 2026 | 09:57

En este sentido, la abogada especializada en derecho administrativo, Mónica Bascuñán, indicó que de comprobarse la responsabilidad de Rossat en este hecho, se le aplicarían los cargos por abandono de deberes, al tratarse de una autoridad pública.

Asimismo, afirmó que todos los contratos que se suscribieron luego de la promulgación de la normativa deben ser invalidados.

Expertos en esta materia sostienen que las cargas no solo deben recaer en la firma acusada, sino también en las instituciones estatales que abrieron sus procesos de licitación y que no se informaron sobre la procedencia de la empresa, tal como lo constató el Director Ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa.

Concejales de la comuna indicaron a La Radio de que ya se presentó la solicitud ante Contraloría para investigar a la jefa comunal, oficio que se realizó durante la semana pasada.

Radio Bío Bío se comunicó con la alcaldesa Verónica Rossat, quien señaló haber cerrado el tema y declinó pronunciarse al respecto.

Uno de los entes involucrados, la Municipalidad de Catemu, consignó que el trato suscrito con la firma de Rossat fue invalidado, luego de que se revelase que detrás de Protecc Chile había una autoridad comunal.

En específico, la compra constó de un servicio de guardias y compras de cámaras de seguridad para el CESFAM de Catemu, avaluada en casi 6 millones de pesos.

Cabe recordar que la Ley 21.659 de Seguridad Pública -que entró en vigor el 28 de noviembre de 2025- prohíbe que las empresas privadas cuyos propietarios sean alcaldes ofrezcan servicios de seguridad al Estado.