Un escándalo político se vive en Colombia, a raíz de una entrevista que dio una excontratista del estado, llamada Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por, presuntamente, intercambiar contratos estatales por favores sexuales.
De acuerdo a lo que acusó Jiménez, los hechos datarían de 2019, cuando Petro ejercía como senador en el país sudamericano. La mujer aseveró que habría 40 personas involucradas en el caso.
Polémica en torno a Gustavo Petro en Colombia
Según su relato, el exmandatario le otorgó vinculaciones laborales mediante contratos de prestación de servicios en el sector público a cambio de dichos encuentros.
“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, dijo Jiménez a Semana.
En la misma publicación, la denunciante aseguró que las contrataciones estatales eran utilizadas como un mecanismo de retribución e intimidación para evitar que las involucradas hicieran públicas las situaciones presenciadas.
Asimismo, Jiménez declaró haber transportado sustancias psicoactivas por solicitud del exsenador y aportó fotografías de pertenencias, capturas de conversaciones por redes sociales y copias de expedientes laborales como respaldo de sus afirmaciones.
“Que use el Estado, o sea, la plata de los colombianos para sus beneficios. El sexo no lo pagaba con su propio sueldo. No, de su bolsillo no”, añadió la denunciante.
De acuerdo con documentos revisados por medios como la revista Semana y el diario El Tiempo, Deicy Alejandra Jiménez Ramírez figura en cinco contratos con entidades del Estado que suman un valor superior a los 100 millones de pesos (unos 31,600 sólares).
Entre los vínculos contractuales verificados se encuentran dos contratos en el Congreso de la República entre 2022 y 2023, destacando uno firmado en septiembre de 2023 por más de 34 millones de pesos (unos 10,700 dólares) para la Primera Vicepresidencia del Senado.
Adicionalmente, registros oficiales reportados por El Tiempo revelan que la joven obtuvo dos contratos en el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026 que superan los 40 millones de pesos (unos 12,600 dólares), así como un contrato directo suscrito en junio de 2025 con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por un monto de 18 millones de pesos (unos 5600 dólares).
Tras la difusión de la entrevista, el expresidente Gustavo Petro publicó un comunicado oficial de dos páginas en la red social X donde rechazó los señalamientos.
El exmandatario aseveró que las acusaciones constituyen una intromisión en su vida privada impulsada por sectores opositores y defendió sus políticas públicas argumentando que su gestión buscó brindar oportunidades económicas a mujeres vulnerables y madres cabeza de hogar.
“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, manifestó Petro.
“Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales”, agregó el exmandatario.
En su escrito, Petro sostuvo que durante su vida pública no ha cometido delitos ni ha utilizado el poder estatal con fines personales o afectivos.
“Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar. En mi sexualidad no está el uso del poder, sino la búsqueda del amor y su realización”, afirmó el expresidente.
A raíz de las publicaciones periodísticas, el Instituto Anticorrupción presentó una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con copia a la Corte Suprema de Justicia, para solicitar la investigación de posibles delitos como peculado por apropiación, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
En el mismo sentido, la Red de Veedurías de Colombia radicó una acción legal solicitando un juicio por indignidad y la recolección de pruebas sobre la responsabilidad del exmandatario.
Paralelamente, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar una ruta inmediata de medidas cautelares y de seguridad para salvaguardar la vida de Deicy Jiménez.
Diversos sectores políticos instaron a los organismos de control y al aparato judicial a actuar con celeridad para esclarecer la veracidad de las acusaciones.
“El testimonio de Deicy sobre una presunta red de explotación sexual del expresidente Gustavo Petro es gravísimo y los hechos deben ser investigados por las autoridades. Sería inadmisible usar los cargos del Estado, que deberían proveerse con criterios de mérito, para explotar sexualmente a mujeres”, declaró la senadora Jennifer Pedraza del partido Dignidad y Compromiso.
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