En el piso 18 de una torre frente al campo dunar de Concón, en plena oficina 1801, alguien instaló un Data Center —una sala con servidores y equipos informáticos— en un sector que, según las denuncias presentadas, debería estar demolido por orden judicial.
Ese detalle, más que una anécdota, resume el nudo de un conflicto que ya llegó a la Contraloría General de la República, el organismo que fiscaliza que los municipios y servicios públicos actúen conforme a la ley.
El complejo se llama Boulevard Montemar y está ubicado en avenida Concón-Reñaca 4.000, frente a las dunas que le dan identidad a esa zona costera de la Región de Valparaíso. El proyecto fue aprobado en 2016 y recibió su recepción definitiva en 2019, pero desde entonces habrían surgido una serie de modificaciones que nunca contaron con autorización municipal.
Una demolición que seguiría pendiente
La denuncia fue impulsada originalmente por Susan Escobar Gatica, abogada y propietaria de una oficina en el edificio, y luego respaldada por la Fundación Defendamos la Ciudad. Según los antecedentes difundidos por la fundación, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón —la repartición encargada de fiscalizar permisos de construcción— habría detectado intervenciones sin autorización en los pisos 17 y 18 de una de las torres.
Esas obras habrían sido objeto de una orden de demolición dictada por el Juzgado de Policía Local, tribunal que resuelve infracciones municipales, a través del Decreto Alcaldicio N°2105/2026. Sin embargo, la medida no se habría materializado hasta ahora, según sostiene la presentación ante Contraloría.
Entre las intervenciones descritas figuran la eliminación de una doble altura que estaba originalmente aprobada, la incorporación de una estructura metálica y un aumento de la superficie edificada. Los denunciantes afirman que algunas de esas dependencias habrían seguido siendo utilizadas y ofrecidas comercialmente, pese a las resoluciones que las cuestionan.
Los cuestionamientos no se limitan a esos dos pisos. También apuntan a un presunto cambio de destino de espacios comunes —como estacionamientos de visitas y para personas con discapacidad— hacia unidades privadas o hacia una explotación comercial vinculada a un strip center del propio complejo, según los detalles de El Periodista, medio que reveló el ingreso formal de la nueva presentación el pasado 18 de septiembre.
Quién denuncia y qué pide
La nueva presentación ante Contraloría fue ingresada por Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien adhirió al trabajo previo de Escobar. El escrito, dirigido a la contralora general Dorothy Pérez, solicita revisar de forma integral las actuaciones de la Municipalidad de Concón, su DOM y otros organismos vinculados al proyecto.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia se refiere a planos que habrían sido usados para modificar sectores del inmueble sin contar con la aprobación municipal correspondiente. Según el documento, esos planos fueron confeccionados por los arquitectos Víctor Quiroz y Raúl Puelma. Quiroz es hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y ya había estado en el centro de otra polémica inmobiliaria en Concón, vinculada al proyecto Alto Santorini, aunque el ministro ha rechazado cualquier intervención suya en esa iniciativa.
El abogado de la agrupación medioambientalista Duna Viva, Gabriel Muñoz, explicó que la presentación busca revisar las modificaciones al proyecto autorizado en 2016 y determinar si existieron faltas administrativas en las actuaciones municipales. Muñoz detalló el sentido de recurrir a Contraloría en este tipo de casos, según indicó a Radio Bío Bío.
La denuncia también incluye un capítulo eléctrico: de acuerdo con los antecedentes acompañados, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) habría constatado sellos vulnerados y conexiones irregulares, incluyendo conductores de la oficina 1801 derivados hacia un empalme de otro piso, atravesando espacios comunes.
Qué responsabilidades podrían surgir
Sobre las eventuales consecuencias legales de este tipo de situaciones, el abogado de la Universidad de Chile, Francisco González, distinguió entre las facultades que tiene el municipio para ejecutar una orden de demolición firme y las acciones que pueden emprender por su cuenta los copropietarios afectados.
González precisó, además, que una infracción urbanística no constituye por sí sola un delito. Explicó que para que exista responsabilidad penal es necesario acreditar hechos concretos que correspondan a una conducta expresamente sancionada por la ley, y no basta con que una construcción esté fuera de norma.
Consultada por Radio Bío Bío, la Seremía de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, indicó que no tiene participación en el proyecto ni ha recibido requerimientos de Contraloría, por lo que señaló no contar con información ni un pronunciamiento sobre el caso. La Municipalidad de Concón, por su parte, aún no se ha referido a los antecedentes denunciados ni a la eventual ejecución de la demolición pendiente.
Un dato aparte: según la documentación acompañada a la denuncia, en marzo de 2020 —cuando la inmobiliaria desarrolladora concentraba cerca del 96,77% de los derechos de copropiedad del edificio— se aprobó en una asamblea extraordinaria una modificación al Reglamento de Copropiedad que después la propia DOM habría constatado que nunca fue tramitada como corresponde.
El conflicto ya trascendió el ámbito administrativo: la actual administración del condominio también entregó antecedentes al Ministerio Público para que se investigue una serie de operaciones realizadas entre 2020 y 2026 sobre bienes comunes y recursos del edificio. Ahora será la Contraloría, y eventualmente la Fiscalía, la que determine si detrás de los planos, las demoliciones pendientes y los estacionamientos convertidos en negocio hay solo errores administrativos o algo más.
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