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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Parlamento Federal belga aprobó tras 10 horas de debate un anteproyecto que permite redadas en domicilios de extranjeros en situación irregular con miras a su expulsión, siempre con autorización judicial. La izquierda lo considera contrario a la Constitución. La ley aún requiere aprobación definitiva y llega en medio de una crisis del gobierno de Bart de Wever.

El Parlamento Federal belga autorizó este viernes las redadas policiales en los domicilios de extranjeros en situación irregular con vistas a su expulsión. Se tratará de las personas que no cumplen con su obligación de abandonar el territorio y de aquellas “que puedan atentar contra el orden público y la seguridad nacional”.

Después de 10 horas de deliberaciones, el parlamento federal belga ha votado un anteproyecto de ley para que sea posible arrestar a personas que no tengan permiso de residencia en Bélgica.

La propia policía podrá ir a los domicilios en búsqueda de las personas que las autoridades consideren que representan un peligro para el orden público o la seguridad nacional, y siempre y cuando exista una autorización judicial.

La medida es extremadamente controvertida, porque podría convertir a Bélgica en el primer país europeo en tomar una medida que recuerda a las detenciones de migrantes en Estados Unidos.

Contraria a la Constitución

Los grupos de la izquierda ya han puesto la voz de alarma y consideran la norma como contraria a la Constitución. Otros diputados temen que, aunque la medida se aplique solo para personas que hayan delinquido, poco a poco se abra la mano a arrestar a todos los migrantes.

La ley tiene que aún ser aprobada definitivamente, y se produce justo cuando el gobierno está en plena crisis política. El primer ministro belga, el nacionalista conservador Bart de Wever, presentó a principio de semana su dimisión, pero el rey no la ha aceptado, y ha instado al ejecutivo a seguir negociando unos presupuestos controvertidos con recortes de 10.000 millones de euros.