Ocho querellas criminales fueron presentadas en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, además del seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y el director del Serviu regional, Rodrigo Muñoz, por parte de familias damnificadas por el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024.
La acción judicial fue interpuesta por vecinos del sector El Olivar, quienes acusan a las autoridades de presuntas irregularidades en el proceso de reconstrucción, asegurando que la paralización de las obras y el término de sus contratos se sustentaron en documentos falsos. Según plantean, estos antecedentes buscan respaldar órdenes de demolición de viviendas que forman parte del plan de reconstrucción.
De acuerdo con el abogado de las familias, Juan Andrés Pavez, las querellas imputan los presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público.
El profesional sostuvo que las autoridades pretenden demoler 170 viviendas sociales argumentando supuestas fallas constructivas.
Conflicto por viviendas
“Estas familias son víctimas del accionar de estas autoridades, quienes han impedido que puedan recibir sus viviendas. (…) Sus casas presentan un avance de entre el 95 y el 98%; ellos ven sus casas listas y no pueden recibirlas”, afirmó Pavez.
El abogado agregó que entre los afectados existen adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con cáncer y menores de edad, quienes —según indicó— permanecen viviendo como allegados mientras esperan la entrega de sus viviendas.
Asimismo, cuestionó la decisión de avanzar con las demoliciones, asegurando que distintos informes técnicos no recomendarían esa medida.
“Las medidas adoptadas por el ministro son injustificadas, ya que diversos expertos, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo, y los informes del IDIEM encargados por la autoridad, no recomiendan demolición”, señaló.
Empresa también presentó una querella
Las nuevas acciones judiciales se suman a una querella presentada el pasado 5 de junio por la empresa Social Arquitectura, entidad patrocinante del proyecto habitacional, también dirigida contra las mismas autoridades.
En esa causa se denuncian presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y fraude al Fisco.
Según la empresa, las resoluciones adoptadas por las autoridades habrían estado fuera de sus competencias legales y habrían derivado, entre otros efectos, en la demolición de cuatro viviendas que, de acuerdo con los informes técnicos, no presentaban observaciones.
Por otra parte, las familias informaron que también se encuentra pendiente la revisión de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante el cual buscan detener nuevas demoliciones de viviendas sociales en el sector El Olivar.
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