El diputado Jaime Bassa ingresó un segundo oficio de fiscalización contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tras la paralización del tramo final de la Ciclovía Metropolitana Nueva Alameda.
El nuevo requerimiento, que también va dirigido al Ministerio de Obras Públicas, está respaldado por toda la bancada del Frente Amplio.
La exigencia es que ambas carteras informen las razones detrás de la suspensión del financiamiento del proyecto, que como consecuencia frenó la construcción de su tercer tramo. Este tendría una extensión de 3,8 km entre las avenidas Exposición y Pajaritos, atravesando Estación Central, Lo Prado y Maipú.
Como se mencionó, tras conocerse la determinación de la nueva administración del Minvu, ya se había levantado un primer oficio en mayo de este año. Sin embargo, no hubo respuesta alguna del ministerio.
Bassa insiste en justificar la suspensión
La nueva fiscalización impulsada por Bassa busca “que el Ejecutivo entregue los antecedentes técnicos, jurídicos y presupuestarios que fundamentaron la decisión. Así como las medidas adoptadas para resguardar la seguridad de peatones y ciclistas”.
“Nos preocupa que el ministerio haya optado por guardar silencio frente a un requerimiento formal de fiscalización, respecto de la paralización de una obra que impacta directamente la seguridad vial de miles de personas. Este es el segundo oficio que presentamos, pues el primero nunca fue respondido”, señaló el diputado.
Denuncia peligros para la ciudadanía
En esa línea, afirma que “cuando existen antecedentes técnicos que advierten riesgos para la vida de las personas, el Estado tiene el deber de responder con transparencia y hacerse cargo de sus decisiones”.
Esto último apunta a que el eje Alameda registró 1.922 siniestros de tránsito, 42 personas fallecidas y 777 lesionadas entre 2020 y 2024. Dichos antecedentes fueron incorporados en el oficio.
Además, el documento recalca que el proyecto Nueva Alameda contempla una inversión comprometida de $2.500 millones durante 2026 y $5.700 millones para 2027. Esto, en el marco de un convenio de programación suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
De esta manera, el segundo oficio solicita que el Ministerio de Vivienda responda el requerimiento despachado en mayo e informe el estado de ejecución del convenio de programación, los fundamentos jurídicos y administrativos de la suspensión del tramo final de la ciclovía.
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