Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto de ley que busca establecer inhabilidades para la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, además de incorporar causales que permitan revocar el beneficio.
La iniciativa es impulsada por la diputada del Partido Republicano Javiera Rodríguez y apunta a evitar que se repitan casos como los registrados tras las manifestaciones de octubre de 2019, cuando algunas pensiones fueron otorgadas a personas con prontuario policial que posteriormente volvieron a cometer delitos.
En concreto, la propuesta buscaría fortalecer el régimen jurídico de las pensiones de gracia mediante requisitos objetivos para su otorgamiento, una regulación legal del procedimiento de evaluación y la incorporación de inhabilidades expresas.
Además, contempla fortalecer la Comisión Especial Asesora, crear mecanismos permanentes de revisión y establecer causales de revocación, con el objetivo de reducir los espacios de discrecionalidad administrativa.
La diputada Rodríguez sostuvo que las pensiones de gracia “hace tiempo han estado en tela de juicio”, especialmente por los beneficios entregados tras el estallido social.
“Estas pensiones fueron entregadas directamente a personas que tenían antecedentes y que, después de haber sido entregadas, siguieron cometiendo delitos”, afirmó la parlamentaria.
En esa línea, explicó que la propuesta busca “no solamente establecer requisitos de inhabilidades, sino que también hablar de causales de revocación“.
“Estamos muy orgullosos de hacernos cargo de un problema que afecta también a los chilenos, porque esto es plata pública”, agregó Rodríguez.
La legisladora manifestó además su esperanza de que el Ejecutivo y el Congreso trabajen para modificar la regulación de este tipo de beneficios.
Charpentier apunta a las “pensiones de desgracia”
Por su parte, la diputada republicana Paz Charpentier, también firmante del proyecto, afirmó que la iniciativa pretende terminar con lo que calificó como “pensiones de desgracia”.
“Una pensión de gracia que se entrega a delincuentes es una pensión de desgracia que los chilenos no estamos dispuestos a pagar“, sostuvo.
El proyecto distingue las distintas categorías de pensiones de gracia y establece requisitos objetivos para cada una de ellas. Asimismo, regula los procedimientos de evaluación y fortalece los mecanismos de control posteriores, manteniendo la atribución constitucional del Presidente de la República.
Charpentier afirmó que la propuesta apunta a terminar con lo que considera una situación injusta, cuestionando las pensiones de gracia otorgadas a personas condenadas por delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019.
Enviando corrección, espere un momento...
