La tentación del falso orden

Un gobierno enfrenta hoy un tablero que ninguno de sus antecesores conoció. Los partidos se multiplicaron y se achicaron al mismo tiempo. Los órganos autónomos del Estado reclaman competencias que antes no se tenían en disputa. Los cuerpos políticos se subdividen en grupos que negocian por separado. El resultado es una aritmética en la que ningún acuerdo se sostiene con los mismos socios dos veces seguidas. La palabra que suele describir esto es fragmentación, y nombra bien la superficie. Menos se ha nombrado qué le exige esa fragmentación a quien gobierna. La respuesta que casi todos dan es una sola palabra: ordenar.

Samuel Kernell, que estudió durante décadas la presidencia estadounidense, observó algo parecido en el Washington de los años ochenta, antes de que fuera evidente en el resto del mundo. Documentó el paso de un pluralismo institucionalizado, donde unas pocas coaliciones estables negociaban entre sí, a un pluralismo individualizado, donde cada legislador actúa como una empresa propia y las lealtades resisten lo que dura un cálculo.

Chile llegó a ese punto por su propia ruta. La foto final se parece, un sistema donde nadie manda lo suficiente para conducir, y donde todos mandan lo suficiente para bloquear.

Kernell describió también la salida más frecuente. Cuando la negociación se encarece, el presidente se dirige directamente al electorado, por sobre el Congreso, y busca que la presión de las encuestas haga el trabajo que las coaliciones ya no hacen.

La maniobra se ve como orden porque instala una voz firme sobre el ruido. Ese mismo orden endurece las posiciones, retira legitimidad a los demás actores y encarece el siguiente acuerdo. En definitiva, el sistema queda más difícil de conducir que antes.

Existe una segunda manera de responder al mismo tablero, que consiste en volver legible el rumbo. En ella, el gobierno ordena sus prioridades en lugar de perseguirlas todas, concentra la discusión pública en pocos problemas definidos y mantiene sus cuentas en un estado que la ciudadanía puede seguir sin ser experta. Su voz da un punto de referencia respecto del cual ubicarse para el resto. Lo que la separa de la primera es el efecto que produce sobre el sistema político más allá del gobierno de turno.

Esa distinción vale para cualquier actor, y ahí está su interés. Ninguna de las dos maneras es propiedad de un signo político. Un oficialismo que reemplaza la construcción de acuerdos por la apelación permanente a la opinión pública recurre a la primera. Una oposición que convierte un desacuerdo en acusación constitucional recurre a la misma lógica desde la vereda contraria.

La reciente acusación contra el exministro Grau, luego rechazada, ilustra el punto con nitidez. Fracturó a los sectores de derecha que impulsaron o apoyaron el libelo y terminó afectando al propio gobierno. Ambos casos tratan la fragmentación como un recurso que se explota más que como un problema que se conduce.

La distancia entre una manera y otra no se aprecia cuando cada respuesta se anuncia, porque las dos se presentan como orden. Se aprecia en lo que dejan. Una entrega un sistema más rígido y menos dispuesto al acuerdo del que recibió. La otra, uno organizado en torno a un rumbo que se puede seguir o disputar. La primera ofrece la apariencia del orden y produce su contrario, y en esa distancia entre lo que promete y lo que deja se reconoce el falso orden. Esta semana, conocido el dictamen de la Contraloría sobre la exministra Steinert, algunas voces ya reclaman una nueva acusación constitucional. Vale preguntarse qué le queda a un sistema para los casos graves cuando el primer instrumento que se tienta usar es el de mayor presión.

Miguel Ángel Fernández
Subdirector Académico Faro UDD
Ph.D. en Ciencia Política, Boston University