Durante demasiado tiempo, Chile ha tolerado una paradoja inaceptable: ciudadanos que ejercen la violencia amparados en el anonimato, destruyendo el trabajo de otros, agrediendo a Carabineros, sembrando el terror y afectando el derecho al libre tránsito, sin que la ley pudiera alcanzarlos con eficacia. La aprobación del proyecto antiencapuchados en la Cámara de Diputados es, por fin, una señal de avance en orden público y combate a la violencia.
Con 100 votos a favor tanto del oficialismo como también de algunos sectores de izquierda, la mayoría de la Cámara envió un mensaje claro: el derecho a manifestarse no incluye el derecho a destruir ni a agredir en el anonimato.
Vale también recordar que el anonimato en las manifestaciones no es solo un problema de identificación policial. Es el mecanismo que permite que minorías violentas secuestren causas legítimas y las conviertan en escenarios de destrucción.
Quienes marchan con genuina convicción no necesitan cubrirse el rostro. Son los que vienen a quebrar, incendiar y agredir quienes requieren del pasamontañas como escudo. Esta ley no persigue al manifestante pacífico, lo libera de ser confundido con el vándalo.
No llama la atención que el Frente Amplio y el Partido Comunista hayan votado en contra. Es la misma izquierda que durante el estallido social de 2019 guardó silencio cómplice ante la quema de iglesias, la destrucción del Metro y los ataques a pequeños comerciantes. Confunden sistemáticamente la protesta con la violencia, o peor aún, la justifican como una forma de expresión política válida.
No es casualidad que este proyecto haya contado con un respaldo tan amplio en la Cámara. Refleja un cambio de época. Chile vivió años en que cuestionar la violencia de ciertas manifestaciones era tildado de autoritarismo o de falta de empatía social. Hoy, esa narrativa está agotada. La mayoría transversal que votó a favor de esta ley demuestra que defender el orden público ya no es patrimonio exclusivo de la derecha, es sentido común.
La ciudadanía, en tanto, ya tomó partido. Una reciente encuesta Black & White reveló que el 80% de los chilenos identifica la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico como el principal problema del país. No es una estadística abstracta, es el grito de familias que no pueden caminar tranquilas por sus barrios, de comerciantes que levantan sus locales después de cada marcha y de vecinos que han normalizado el miedo como parte de su cotidianeidad. Ignorar esa realidad no es progresismo, es indiferencia.
Este avance legislativo debe leerse en un contexto más amplio. La misma semana en que la Cámara aprobó el proyecto antiencapuchados, el Gobierno anunció el estudio de una reducción en la edad de responsabilidad penal y se debatió con urgencia la modernización de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Son señales coherentes de una política de seguridad que avanza con convicción. El Estado está comenzando a ponerse, de verdad, del lado de las víctimas.
El ministro Arrau lo dijo con claridad: “La seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles”. Tiene razón. Pero lamentablemente, para una parte de la izquierda chilena, la violencia política sigue siendo un instrumento tolerable cuando sirve a sus fines.
Chile merece calles seguras y una ley que proteja a quienes viven honestamente. Este proyecto es un paso en la dirección correcta. Ahora le corresponde al Senado tener la misma valentía que mostró la Cámara de Diputados.
José Alonso Sánchez
Investigador de Res Publica
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