Expropiación de terrenos en megatoma de San Antonio: en qué consiste y a cuántas familias involucra

El Gobierno confirmó este martes la expropiación de 100 hectáreas en donde se encuentra emplazada la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. ¿En qué consiste este plan y a cuántas familias beneficiaría?

Se trata de un asentamiento ilegal donde viven más de 10 mil personas. Hasta ahora las autoridades gubernamentales han comunicado que serán 100 las hectáreas que el Gobierno expropiará, con el fin de impulsar un proyecto habitacional para las familias que allí habitan.

La iniciativa iría acompañada de acuerdo con el cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en el caso, con la intención de dar una solución definitiva e integral para las familias del denominado campamento Cerro Centinela, según explicaron desde La Moneda.

De esta manera, se busca mitigar el problema humanitario, con costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado, en el inminente desenlace de la causa que busca el desalojo de miles de familias que habitan los terrenos.

La megatoma de San Antonio

El campamento Cerro Centinela, conocida popularmente como la megatoma de San Antonio, se formó en 2019 y cubre 215 hectáreas de la comuna. Está compuesto por 4.136 hogares, habitados por 10.521 familias, de las cuales más de 3 mil son niños, niñas y adolescentes.

En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por los propietarios de los terrenos ordenando el desalojo del predio. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema en marzo 2024.

En ese contexto, desde el Ejecutivo han sido enfáticos en señalar que desde los inicios de la polémica en torno a este caso, las autoridades de Gobierno han manifestado su “voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional”.

Gobierno y megatoma de San Antonio: ¿Cuánto abarcará la expropiación de terrenos?

Para ello, “se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo”, aseveró el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“No obstante, como el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales”, explicó.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “el Presidente mandató al Ministerio de Vivienda, que lidera el ministro Montes a generar una conversación y un puente, tanto con los pobladores como con los dueños del terreno. Justamente porque ante un conflicto entre privados el Estado no podía estar ausente y tenía que intervenir”.

En ese sentido, resaltó que “la megatoma de San Antonio es una toma que reúne características que no reúnen ninguna otra toma y campamento de nuestro país. Es una toma totalmente excepcional”.

De lo anterior hizo eco el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien señaló que “la toma de San Antonio no es una toma cualquiera. Se inició hace seis años, en el Gobierno anterior, y en muy poco tiempo llegó a cubrir 215 hectáreas con 10 mil personas”.

“Estamos hablando de 4.000 familias en donde hay más de 3 mil niños. Por esta realidad tan particular, que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional, es que un desalojo de estas dimensiones sin un plan integral que lo acompañe podrá generar una grave crisis humanitaria, afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas. Chile sencillamente no tiene la capacidad de albergar simultáneamente a 10 mil personas”, detalló.

De esta manera, tras las gestiones correspondientes, “se levantó una comisión técnica, con técnicos de los dueños y técnicos del ministerio. (…) Se ayudó a las familias a organizarse en cooperativas para que ellas mismas compraran los terrenos. 40 cooperativas en las cuales están incorporadas 3.700 familias”, añadió.

Sin embargo, “esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños debido al precio a
nuestro juicio exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación”.

Información que maneja Radio Bío Bío es que el valor por metro cuadrado que pagará el Gobierno será de 0,23 UF, mientras que lo que solicitaban los dueños, era 0,44 UF. Con esto, ahora el Gobierno deberá pagar cerca de $9 mil millones por el total estimado de la expropiación.

A raíz de ello, “hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las cooperativas, constituidas las 40 cooperativas, que sea una solución definitiva e integral para esos abuelos, padres, madres y miles de niños. Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma”, precisó el ministro Montes.

“El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución”, agregó.

En ese sentido, el secretario declaró: “Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinen los tribunales, partiendo (con) el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional. Así cumpliremos con lo que diga la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria que es el punto fundamental”.

Desde el Gobierno indicaron que la organización de las familias en estas cooperativas cerradas de vivienda representan al 90% de los hogares del campamento. Esto se realizó con el objetivo de acogerse a una solución alternativa al desalojo. Las cooperativas a su vez constituyeron una Federación, para facilitar su gestión y la obtención de acuerdos.

Tras la expropiación de parte de la megatoma: ¿en qué consiste el plan habitacional?

La cartera de Vivienda y Urbanismo informó, hasta el momento, que el plan habitacional que se contempla para los terrenos expropiados de la megatoma de San Antonio consisten en aplicar “las facultades” del Minvu en la región de Valparaíso, “en el marco del ordenamiento legal y constitucional, para expropiar y adquirir el lote 1-A del terreno, que corresponde a 100 de las 215 hectáreas”.

Aquello se trata de un proceso normado por la Constitución y la ley donde el precio puede ser acordado con los propietarios o determinado por una comisión de peritos a partir de criterios técnicos, objetivos y de mercado, con mediación de los tribunales de justicia, afirman desde la cartera de Gobierno.

El desalojo se ejecutará, de manera gradual y responsable, en los terrenos que no serán expropiados, recalcan.

¿Cuántas familias accederían a la solución habitacional?

Así, se facilitará ofrecer una solución habitacional, en 100 hectáreas, a las más de 4 mil familias que actualmente residen en el campamento, en lotes debidamente urbanizados, con solución sanitaria.

“En ese marco, las familias que decidan radicarse tendrán que aportar recursos, complementando los subsidios del Minvu, para costear de manera compartida el futuro proyecto habitacional”, resaltan desde el ministerio.

Para que ello se cumpla, “la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela viene implementando un plan de ahorro, que contempla, a fin de año, que cada familia tenga 1 millón 500 mil pesos y continúe en los meses sucesivos, asumiendo así desde un principio la corresponsabilidad en el financiamiento de la solución.

Del mismo modo, “aproximadamente el 5% del suelo será destinado a usos de equipamiento de escala comunal y a la reserva de suelo para futuros proyectos habitacionales que incluyan a familias que no forman parte del campamento”, destaca la cartera de Gobierno.

Desde La Moneda informaron que el plan está en marcha y se proyecta que la expropiación esté dictada y se haya iniciado el diseño, así como la urbanización del proyecto habitacional, de aquí al término de la actual administración del presidente Gabriel Boric.