Un total de 238 solicitudes de libertad condicional recibió la comisión de Valdivia, entre los centros penitenciarios de la misma comuna y Osorno, de las cuales sólo un 11% fue aprobada, mientras que un 89% se rechazaron.

La Comisión de Libertad Condicional de Valdivia informó que se recibieron 238 solicitudes por condenados de las unidades penales de jurisdicción en el último semestre de 2022. De estas, un 89% fueron rechazadas.

En concreto, la decisión de rechazar o aceptar las solicitudes de los internos se tomó en base a informes psicosociales elaborados por Gendarmería, que evaluaron los factores de riesgo de reincidencia por parte de los postulantes.

El grupo de comisionados aplicó además -como criterio para el otorgamiento de la libertad- el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena o dos tercios (dependiendo del tipo de delito).

Asimismo, haber tenido conducta intachable en el establecimiento penal en los cuatro bimestres anteriores a su postulación o tres bimestres en el caso que la condena impuesta no exceda los 541 días.

Esto, además de riesgo de reincidencia y posibilidades de reinserción social.

Solicitudes de libertad condicional en centros de Osorno

Tras analizar los antecedentes y las 46 solicitudes de libertad condicional recibidas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, se acogieron las misivas de 3 internos. Asimismo, 43 fueron rechazadas.

En tanto, en el Centro de Estudio y Trabajo de la misma comuna, donde se recibieron 31 solicitudes, 10 de estas se aprobaron y 21 se rechazaron.

140 solicitudes rechazadas en Valdivia

En el caso de Valdivia, en el Complejo Penitenciario de dicha comuna se recibieron 148 solicitudes de libertad condicional. De estas, 8 fueron aprobadas, mientras que 140 rechazadas.

Del mismo modo, en el Centro de Estudio y Trabajo, donde se registraron 13 apelaciones, sólo 5 se aprobaron, siendo 8 rechazadas.

Cabe destacar que las personas que resultan beneficiadas con esta medida, quedan sujetas a la supervisión de un delegado de Gendarmería de Chile. Ante esta situación, este debe elaborar un plan de intervención individual.

Esto, con el compromiso de cumplir sus condiciones tendientes a su rehabilitación y reinserción social. En caso contrario, se revoca el beneficio al imputado.