Desde la región de Los Ríos, Fedesur y la Multigremial manifestaron la necesidad de que también se implemente el Estado de Excepción en la zona mencionada y en la región de Los Lagos. Esto porque, aseguran, los hechos violentos han aumentado en ambos territorios.
La Federación de Dueños de Camiones del Sur consideró que el Estado de Excepción anunciado por el Gobierno debiera extenderse a las regiones de Los Rios y Los Lagos, tras los atentados registrados en esa zona del sur del país.
La Multigremial del Sur, en tanto, llamó al Gobierno a actuar con celeridad.
El dirigente de dueños de camiones de Valdivia y vicepresidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, FEDESUR, Alejandro Fehrmann, valoró la decisión del Gobierno de, a través de un Estado de Excepción, buscar un aseguramiento del libre tránsito y seguridad en las rutas, tras un aumento de hechos violentos, trabajo de resguardo que se focalizará en el Bío Bío y La Araucanía.
El dirigente gremial si bien destacó esta medida y en razón a lo exigido hace unos días en movilizaciones, consideró que la acción debiera extenderse a las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. Según afirmó, el flagelo del terrorismo se estaría apoderando de todo el sur.
Al respecto, la delegada presidencial de Los Ríos, Paola Peña, dijo que la determinación es adoptadada a nivel central, afirmando que en esta región han buscado hablar con todos los actores, creyendo que la situación actual de esta zona es distinta.
En tanto, desde la Multigremial del Sur, su director Alex Aylwin, llamó a la delegada presidencial a considerar planes de resguardo a la seguridad a las personas, haciendo valer el Estado de Derecho, tras las últimas de denuncias por usurpaciones violentas en Río Bueno, esperando que si aumenta el riesgo en la región, el Gobierno actúe rápido.
Mientras que la autoridad sostuvo que buscan una paz social escuchando las legítimas demandas de todos los actores, el representante de la Multegremial enfatizó que resulta incomprensible que trabajadores y dueños de predios deban pagar por los costos, de una inseguridad que, a su juicio a juzgar por los hechos, va en aumento para ellos y sus familias.
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