El Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, ubicado en la región de Los Lagos, solicitó a la Corte Suprema que se revocara la decisión de la Corte de Apelaciones, que había determinado el regreso a clases de un alumno con TEA que había sido expulsado.
En la resolución se estableció que la decisión del colegio fue “ilegal” y “arbitraria” al aplicar sanciones disciplinarias sin contar con los instrumentos mínimos exigidos por la Ley TEA y la normativa educacional.
Si bien, el colegio había informado, a través de una circular dirigida a la comunidad y firmada por la directora, Ximena Schnettler, que acataría íntegramente lo ordenado por la justicia, recientemente se conoció que el proceso legal continúa, ya que acudió el máximo tribunal del país.
Colegio acude a la Suprema
Mediante un comunicado, desde el recinto aseguraron que han “mantenido una postura de responsabilidad, prudencia y respeto, priorizando el bienestar y la integridad de niños, niñas y de toda la comunidad educativa”.
Además, enfatizaron que la expulsión del menor “no se fundó en el diagnóstico” y que “asociar conductas agresivas a un diagnóstico de TEA es profundamente estigmatizador, incorrecto y contrario a los principios de la educación inclusiva, postura que el colegio ha sostenido y controvertido de manera clara”.
También afirmaron tener disposición para reunirse con la familia del estudiante, a fin de buscar acuerdos que permitan avanzar en la inclusión del menor, pero solo han recibido respuestas negativas.
“La institución considera legítimo ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico contempla, incluyendo la presentación de un punto de vista fundado en argumentos legales ante las instancias correspondientes, siempre con pleno respeto al marco normativo educacional vigente. En coherencia con ello, ha expresado permanentemente su disposición a la conciliación ante terceros imparciales”, precisaron en el comunicado.
Junto con eso, rechazaron cualquier afirmación que ponga en duda el carácter inclusivo del colegio, detallando que actualmente cuentan con un 20% de estudiantes con necesidades educativas especiales, entre ellos más de 90 con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).
En tanto, “Apoyo Legal TEA”, institución que representa a la familia, aseguró que la cancelación de la matrícula del menor habría sido producto de sanciones que recibió por conductas relacionadas a su trastorno, cuyos castigos fueron denunciados a la Superintendencia de Educación, que finalmente propuso una multa contra el colegio de más de 3 millones de pesos ante la detección de deficiencias en la aplicación del reglamento y la ausencia de un plan de acompañamiento emocional y conductual.
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