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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Siete de los 28 convenios cuestionados en el Gobierno Regional de Los Lagos aún no han sido cerrados por completo, incluyendo tres acciones civiles en contra de las organizaciones. De los 21 ya resueltos, destaca el caso de la Corporación El Canelo, que terminó con devolución de fondos por diferencias en la rendición de cuentas. Programas como el del Centro Universitario para la Innovación están siendo investigados, mientras que el gobernador Alejandro Santana destaca la importancia de mejorar los procesos de adjudicación para evitar errores futuros.

Siete de los 28 programas que debieron terminarse anticipadamente en el Gobierno Regional de Los Lagos aún no se encuentran cerrados por completo. Sumado a esto, hay tres acciones civiles en contra de estas organizaciones, aparte de la que se lleva adelante en el convenio con Kimün.

Recordemos que fueron 28 los convenios que Contraloría objetó en la región de Los Lagos entre el GORE e instituciones privadas. Esto obligó su término anticipado, por ende, muchos de ellos debieron efectuar una restitución de los fondos porque no se ejecutaron por completo.

Según informó el gobernador Alejandro Santana, hay 21 convenios ya cerrados, de los cuales solo el celebrado con la Corporación El Canelo culminó con cargo. Se trataba de un convenio para entregar maquinaria a comunidades indígenas de la zona.

Según fuentes de La Radio, el programa fue uno de los primeros en ejecutarse y culminarse, sin embargo, el juicio civil se abre a raíz de diferencias en la rendición de fondos.

Por otro lado, son 7 los programas que aún no se cierran: con Improa, Travolution, Codesser, Participa y el Centro Universitario Para la Innovación. En particular, esta última está siendo indagada en una arista desformalizada del caso Convenios, por la querella interpuesta por la excandidata al GORE del Partido Republicano. Además, está el convenio con Kimün que recordemos mantiene a personas formalizadas por Fiscalía.

El gobernador Alejandro Santana se refirió a los convenios que tienen una demanda civil.

En particular, con el Centro Universitario para la Innovación, se objetan $540 millones a devolver en un programa donde se acusó que la organización habría presionado por firmar una recepción satisfactoria del beneficio, pese a que esto no sería real.

Por su parte, Travolution está en proceso de garantía y Codesser firmó un convenio de retribución de fondos ante el GORE.

Santana reflexionó respecto a lo que no se debe repetir en convenios con el mundo privado.

“Hay que demostrar, hay que hacer cruce de la información, de las bases de datos. Las herramientas hoy día existen, para minimizar al máximo cualquier riesgo de equivocación en la adjudicación de cualquier iniciativa (…)”, comentó la autoridad.

Finalmente, el gobernador dijo que no se han abierto nuevos sumarios en esta administración respecto al caso Convenios, y los que ya estaban continúan en investigación.