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Jaime Millar Cisternas, director del Servicio de Mejor Niñez en La Araucanía, enfrenta una denuncia ante la Contraloría General de la República por supuesta ilegalidad al intervenir como abogado en una audiencia de pensión de alimentos mientras ya ejercía su cargo político. La denuncia, presentada por María José Pizarro, cuestiona la probidad administrativa de Millar, quien también se reunió con la jueza antes de la audiencia.
El director del Servicio de Mejor Niñez de La Araucanía fue denunciado ante la Contraloría General de la República (CGR), y el Gobierno está investigando si actuó cometiendo una ilegalidad al presentarse a una audiencia en el Tribunal de Familia cuando ya estaba ejerciendo el cargo político.
Se trata de Jaime Millar Cisternas, abogado que asumió el cargo como director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia el lunes primero de junio. Desde esa fecha comenzaron sus funciones políticas en las provincias de Malleco y Cautín.
El profesional -de acuerdo con la denuncia que fue ingresada en la CGR, y que también fue enviada al Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección Nacional de Mejor Niñez-, estando ya en ejercicio de su cargo se presentó el 5 de junio como abogado a una audiencia en una causa por pensión de alimentos en el Tribunal de Familia en Temuco.
La denunciante, María José Pizarro, solicitó fiscalizar e investigar si Millar incumplió principios de probidad administrativa. Además, agregó que el día previó a la audiencia estuvo en el tribunal y se reunió con la misma jueza de la causa.
La denuncia también fue entregada al Delegado Presidencial de La Araucanía y a los parlamentarios de la región. En el documento se hace mención respecto de otros hechos donde se cuestiona la idoneidad de Millar para asumir el cargo.
La seremi de Desarrollo Social, Paulina Fernández, confirmó que el caso se está investigando.
A Radio Bío Bío se informó que el director de Mejor Niñez en La Araucanía se encuentra en jornadas de capacitación en la capital. Tras la denuncia, se espera la fiscalización de Contraloría y el resultado de la investigación del Gobierno.
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