Araucanía: Fiscal Garrido reconoce que pese a baja en denuncias, aún hay orgánicas radicales operando

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, reconoció que en la región hay grupos radicales que no han sido desarticulados y que siguen operando.

De igual forma, el persecutor penal aseveró que los grupos radicales están utilizando el concepto de “preso político” para justificar la comisión de delitos graves y presionar al sistema de justicia.

Estas afirmaciones fueron realizadas por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, en su Cuenta Pública del año 2025 que entregó a la comunidad en el Cerro Ñielol de Temuco, donde aseveró que, si bien los delitos vinculados a la llamada violencia rural han tenido una baja importante, van a seguir trabajando porque aún hay grupos radicales que no están desarticulados y siguen operando en la zona.

Durante el año 2025, el Ministerio Público en La Araucanía recibió 226 denuncias, una baja del 6% respecto del año anterior y un 77% menos en comparación con el peak registrado en el año 2021.

“Presos políticos”

En La Araucanía se han atribuido atentados a organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichán Auka Mapu (WAM), Liberación Nacional Mapuche (LMN)y Resistencia Mapuche Malleco (RMM).

El fiscal regional también reconoció que uno de los hechos más complejos de investigar fue el crimen de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobio, cuyo juicio oral parte el próximo 19 de enero.

En su discurso, el fiscal regional Roberto Garrido hizo referencia a la utilización que han hecho los grupos radicales del concepto “preso político”, afirmando que “en un mundo donde aún persiste la persecución de las ideas, pretender llamar “preso político” a quien roba un automóvil y luego mutila a su víctima, no solo distorsiona el sentido de ese concepto, sino que constituye una falta de respeto a la memoria de quienes han luchado por construir una sociedad más inclusiva y democrática”.

El seremi de seguridad pública de La Araucanía, Israel Campusano, aseveró que en el contexto de la llamada violencia rural no existen los presos políticos.

Según las cifras entregadas en la Cuenta Pública, durante el año 2025 hubo 93 personas condenadas por delitos vinculados a la violencia rural en La Araucanía, hay 38 imputados en prisión preventiva y se avanzó en 22 acusaciones, donde hay personas que serán llevadas a juicio oral.