Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La jueza Marcia Castillo de Temuco rechazó la solicitud de cambiar el arresto domiciliario total a parcial para el empresario José Alvo involucrado en el caso Operación Imperio por presunto lavado de activos. Otro imputado, Rodrigo Chávez quien fuera funcionario del Tribunal Oral, está suspendido tras hallarse una avioneta a su nombre vinculada a la organización criminal del caso.
La jueza de Garantía de Temuco, Marcia Castillo, rechazó la petición de la defensa del empresario José Alvo, investigado por el delito de lavado de activos en la llamada Operación Imperio, y ratificó la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumple desde hace algunos meses tras ser formalizado junto a otras cuarenta personas.
La intención de la defensa de Alvo era rebajar la cautelar de arresto domiciliario total a parcial, lo que fue rechazado por el fiscal Enrique Vásquez, quien aseveró ante el tribunal que aún quedan diversas diligencias por realizar.
En tanto, la magistrada acogió la petición de la defensa del funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco que también fue formalizado por lavado de activos (de iniciales R.C).
Ratifican arresto domiciliario total para empresario investigado por Operación Imperio
En tal caso, la jueza ordenó rebajar el arresto domiciliario total a arresto domiciliario parcial nocturno para el imputado.
Recordemos que el funcionario del Poder Judicial fue aprehendido luego de que se estableciera en la investigación que había una avioneta inscrita a su nombre comprada por la organización criminal implicada en la causa.
Según antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, el involucrado fue suspendido de sus funciones que realizaba en el Tribunal Oral en Temuco a la espera del término del sumario que se ordenó por parte del pleno de la Corte de Apelaciones.
En la Operación Imperio, personal de la PDI y el Ministerio Público detuvieron a más de 40 personas por delitos de lavado de activos y otros ilícitos económicos, logrando incautar más de 3 mil millones de pesos en bienes muebles e inmuebles.
Hay que considerar que más de 20 imputados en esta causa han aceptado hechos de la carpeta de investigación y han accedido a juicios abreviados, cuyas penas, que no superan los 5 años de presidio, están siendo cumplidas en libertad vigilada.
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Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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