En las últimas semanas, el Gobierno de Javier Milei impulsó en el Congreso argentino un proyecto que buscaba eliminar los límites que existen desde 2011 para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Uno de los casos que se nombraron en el debate es el de la forestal chilena Arauco, que en la provincia de Misiones, al norte de Argentina, es propietaria de más de 240.000 hectáreas y controla, según datos del Observatorio de Tierras, casi ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de toda la provincia.
Arauco llegó a Misiones a través de sociedades vinculadas, entre ellas Alto Paraná S.A., y hoy es uno de los mayores propietarios privados de suelo rural del país. Su negocio son las plantaciones de pino y eucalipto para producir celulosa, un modelo de monocultivo a gran escala que, según organizaciones locales, desplaza la producción diversificada y el arraigo de los pequeños productores misioneros.
El 11,29% del territorio de Misiones —más de 325.750 hectáreas— está en manos de capitales extranjeros, y a diferencia de otras provincias argentinas, donde esa propiedad se reparte entre varias nacionalidades, en Misiones domina el capital chileno. Los departamentos con frente sobre el río Paraná son los más comprometidos: Iguazú lidera con casi el 40% de su superficie rural en manos foráneas —114.400 hectáreas—, seguido por Montecarlo (18,4%), Libertador General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%).
En Iguazú se encuentra Puerto Libertad, un municipio en el que su intendente, Fernando Ferreira, lleva más de dos años intentando comprarle a Arauco diez hectáreas para instalar un parque industrial, sin éxito, porque la decisión final depende de un directorio con sede en Santiago de Chile. “La localidad es una prueba viva de que la extranjerización de la tierra trae complejidades para el desarrollo de los pueblos”, aseguró. Según sus propias declaraciones, alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenecen a esa única empresa, algo que —dijo— dificulta el crecimiento urbano y la planificación de obras.
“Nosotros hoy tenemos el 13,9% del territorio extranjerizado; si eso se llevaba al 25%, era el final directamente de esta provincia. No nos quedaría nada, porque de las 900.000 hectáreas aptas para la agricultura, ya tenemos 500.000 con pino y eucalipto, que es la materia prima que utilizan las plantas de Arauco”, dijo a BioBioChile Rubén Ortiz, secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, que sigue ese proceso desde hace años antes de que ese capítulo cayera del proyecto.
El fenómeno no es exclusivo de Misiones ni empezó con este Gobierno. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra— ya está en manos extranjeras, con ciudadanos estadounidenses a la cabeza, seguidos por capitales italianos y españoles. Existen 36 departamentos que superan el tope del 15% vigente, y en cuatro de ellos la extranjerización supera el 50%, siempre sobre zonas con agua dulce o recursos mineros.
El camino del proyecto
El proyecto que llegó este año al Congreso, bautizado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, buscaba eliminar el tope del 15% que la Ley de Tierras Rurales fija desde 2011 para la propiedad extranjera. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la derogación comparándola con la Ley de Glaciares aplicada a la minería, y aseguró que abrir el mercado de tierras podría atraer 15.000 millones de dólares en inversión extranjera. Era, además, el segundo intento del oficialismo: Milei ya había querido derogar la ley por decreto en 2023, pero una medida judicial lo frenó.
El capítulo tuvo un recorrido accidentado incluso dentro del propio oficialismo. Llegó a manejarse un texto que subía el tope al 25% en vez de eliminarlo, tras dieciséis versiones y cuatro postergaciones de la votación. Gobernadores aliados instruyeron a sus senadores a votar en contra, y una encuesta de fines de julio mostró que el 77% de los consultados quiere que sigan existiendo límites a la compra extranjera. Sin los votos, el oficialismo retiró el capítulo dos días antes de la sesión.
Algo similar pasó con el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, retirado minutos antes de la votación general. Esa ley impide cambiar el uso del suelo en tierras quemadas durante 30 o 60 años, para evitar que se incendie con el fin de habilitar otro destino; la reforma buscaba flexibilizar eso, y senadoras como Edith Terenzi (Chubut) advirtieron que dejaría los ecosistemas sin protección.
Una sesión de casi doce horas, con represión afuera
Desde la noche del miércoles, las fuerzas de seguridad habían vallado el perímetro del Congreso. El jueves, mientras adentro se debatía el proyecto, afuera se desarrolló una movilización de sindicatos y organizaciones ambientales y campesinas. Durante las primeras horas la protesta fue pacífica, pero pasadas las cinco de la tarde la Policía Federal utilizó gases y camiones hidrantes para desalojar a los manifestantes que se concentraban junto al vallado, con manifestantes detenidos y heridos.
La sesión en el recinto se extendió desde las dos de la tarde del jueves hasta la una y media de la madrugada del viernes. Finalmente, el Senado aprobó una versión reducida del proyecto: quedaron en pie los capítulos sobre expropiaciones y desalojos, pero sin los de tierras rurales y Manejo del Fuego. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Para Ortiz y para quienes vienen documentando el avance de Arauco sobre Misiones, la discusión de fondo no se cierra ahí: la provincia sigue con su 13,9% de territorio en manos extranjeras, casi todo concentrado en capital chileno, y cada punto adicional que se sume la acerca cada vez más al tope del 15% que la ley todavía permite.
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