Infraestructura que nos protege: la mejor defensa de nuestras ciudades es la naturaleza

Los intensos temporales que enfrentó nuestro país recientemente nos dejaron una lección empírica, invaluable y profundamente pragmática: la infraestructura natural de nuestras ciudades funciona, entrega seguridad a las familias y ahorra miles de millones al Estado en labores de reconstrucción.

Al observar las ciudades afectadas por anegamientos e inundaciones históricas, surge una constatación transversal. Los Estados modernos y con visión de futuro ya no planifican su desarrollo basándose únicamente en la capacidad de reacción ante la emergencia, sino en la gestión inteligente del riesgo territorial. Debemos asumir que el avance del cambio climático nos desafía con escenarios cada vez más extremos, los cuales ponen a prueba toda nuestra infraestructura pública.

En Chile, es justo reconocer que contamos con un punto de partida clave. La Ley de Humedales Urbanos nos ha entregado herramientas concretas para anticiparnos a estas crisis.

El caso de Valdivia —nuestra primera Ciudad Humedal de América Latina— es un ejemplo de éxito en materia de seguridad ciudadana: ecosistemas como Angachilla, Catrico, Krahmer y Teja actuaron como una red de contención pluvial de alta eficiencia. Lo mismo observamos en Coquimbo, donde el humedal El Culebrón mitigó la activación de quebradas; en el sistema Rocuant-Andalién en Talcahuano; y en Paicaví en Concepción, demostrando su valor estratégico como barrera defensiva frente a las inundaciones. Este último es un ecosistema crítico que hoy enfrenta la presión de un proyecto habitacional que, de concretarse, terminará heredando un riesgo directo de anegamiento a sus futuros residentes.

Frente a un clima que supera nuestras capacidades estructurales, garantizar la seguridad de nuestras ciudades exige una actualización profunda de nuestra planificación. Ya no resultan suficientes las medidas aisladas; se requiere una política de Estado articulada a lo largo de todo el territorio nacional.

Esta actualización estructural parte por comprender que el recorrido del agua no se detiene donde termina el radio urbano. Hoy resulta indispensable la protección integral de las cuencas, lo que incluye la conservación de turberas y humedales rurales en el sur de Chile, además de la periódica limpieza de cauces a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Conservar estas áreas fuera de la ciudad es la primera línea de defensa para evitar el desborde aguas abajo. La gestión del riesgo debe abarcar la cuenca completa.

Esa misma visión de continuidad territorial es la que debe fijar un nuevo estándar habitacional. La urgencia de entregar viviendas debe ir acompañada de la garantía de habitar un entorno seguro. La política pública del futuro no hace competir a la vivienda con su entorno, sino que utiliza el territorio a su favor, promoviendo una alianza virtuosa entre la infraestructura de ingeniería tradicional y la infraestructura verde para planificar barrios resilientes desde su origen.

A su vez, esta planificación territorial carece de viabilidad sin certeza técnica para el desarrollo. Consolidar criterios de delimitación rigurosos, lejos de ser una traba, es el mayor incentivo para la inversión formal. Reglas claras y definitivas protegen el patrimonio de las comunidades, otorgan garantías a quienes desarrollan proyectos sostenibles y nos posicionan a la altura de socios estratégicos internacionales, como la Unión Europea, que trabaja en políticas urbanas resilientes al cambio climático.

El eslabón operativo para que esta cadena de medidas funcione en la realidad es contar con instituciones robustas. La puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dotado de reglamentos claros y capacidad de fiscalización en terreno, es una condición habilitante para materializar estas políticas. El trabajo de los municipios y de otras entidades competentes para prevenir intervenciones irregulares a tiempo, es la herramienta más eficiente del Estado para cuidar sus recursos y proteger la vida de las personas.

Proteger nuestra red de humedales es, hoy más que nunca, una política de sentido común, responsabilidad fiscal y seguridad territorial.