INDH se querella por vejaciones injustas en caso de teniente Ruiz Yáñez que murió en COP de Ercilla

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por la muerte del teniente de Carabineros, Robert Ruiz Yáñez, de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Ercilla, en la región de La Araucanía.

La acción legal fue presentada por la sede regional del INDH en el Tribunal de Garantía de Collipulli contra quienes resulten responsables del delito de vejaciones injustas en contra del teniente Ruiz Yáñez, que murió la noche del 15 de noviembre al interior del (COP) de Ercilla.

Pamela Nahuelcheo, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la sede Araucanía, explicó que, de acuerdo con los antecedentes que manejan, no existe constancia de que el teniente haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado en la investigación que desarrollaba Carabineros por la pérdida de un fusil.

Por ello, resolvieron presentar una querella a fin de “asegurar que se cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y particularmente con la obligación del Estado de realizar investigaciones imparciales y oportunas”.

Muerte de teniente Ruiz Yáñez

De acuerdo con una versión estampada en un documento, el efectivo policiales estaba siendo entrevistado por personal del Servicio de Asuntos Internos (Saicar) de Carabineros, por la pérdida de un fusil desde el interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público.

En ese contexto, según se sostiene en ese relato, el funcionario forcejeó con los efectivos del Saicar con la intención de arrebatarle el arma a unos de ellos, lo que no logró. Luego corrió a otra dependencia, donde tomó el arma de otro funcionario y se disparó en la cabeza, lesión que le provocó la muerte en el Hospital Regional de Temuco.

En esta causa, la familia del teniente presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Collipulli por el delito de homicidio, solicitando que el caso sea indagado por el Ministerio Público y no por la Fiscalía Militar, situación que se debe resolver en una audiencia fijada para el 23 de febrero.