Nuevamente la causa de la Operación Huracán, que involucra a 10 carabineros y un civil, quedó suspendida, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara admisible la reclamación por inaplicabilidad presentada por la defensa del mayor (r) Patricio Marín Lazo.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible la reclamación por inaplicabilidad presentada por la defensa de uno de los acusados en la causa por la Operación Huracán que, luego de 5 años, recién en agosto logró terminar la etapa de preparación de juicio oral.

Recordemos que el pasado 21 de agosto, fue admitido a trámite este requerimiento presentado por la defensa del mayor en retiro (r) de Carabineros, Patricio Marín Lazo, por cuanto consideraba que no se aplicó correctamente la legislación para excluir prueba que iba a presentar en este juicio.

Esta acción fue presentada poco más de dos semanas después luego de dictado el auto de apertura, cuya audiencia de preparación del juicio oral se inició el 16 de marzo de 2020, disponiendo que los antecedentes pasaran al Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco para el respectivo juicio.

Durante el período de apelaciones al auto de apertura, que es el documento que reúne todos los antecedentes que conocerán los jueces del Tribunal Oral, algunos intervinientes apelaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

Ahora, al declararse admisible este requerimiento por inaplicabilidad presentado por la defensa del mayor (r) Patricio Marín, se paraliza también la posibilidad de que sean vistas las apelaciones que el resto de los intervinientes presentaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en relación a la misma audiencia de preparación de juicio oral.

De esta manera, hasta que no se alegue ante el TC esta causa, todo el resto de acciones que puedan estar relacionadas con la misma causa quedan suspendidas.

Cabe recalcar que en esta causa hay 11 acusados, 10 de ellos efectivos de Carabineros, por asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros delitos.