El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió abrir una nueva etapa de participación ciudadana en la evaluación del proyecto. La decisión se adoptó tras el ingreso de una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental que introdujo modificaciones consideradas “sustantivas” y que generan nuevos impactos ambientales y culturales.

En medio del proceso de evaluación ambiental del proyecto de la desaladora de Coquimbo, iniciativa ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental en octubre de 2024, que contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar con una superficie de 22,5 hectáreas y obras complementaria, durante el proceso de revisión, el SEA emitió observaciones a través del Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones (Icsara), las cuales fueron respondidas en agosto de 2025 mediante una Adenda.

Tras analizar este nuevo documento, la autoridad ambiental concluyó que las aclaraciones y rectificaciones introducidas implican cambios sustanciales en los impactos del proyecto.

Entre ellos, destacan la pérdida de especies vegetales nativas, como Adesmia littoralis y Alstroemeria magnífica, catalogados como impactos significativos.

Asimismo, se identificó la afectación a actividades y manifestaciones culturales de comunidades indígenas, especialmente en la zona de la ensenada de El Panul, así como la disminución de recursos vegetacionales que forman parte de su sustento económico.

Según se explica, de acuerdo con la normativa vigente, cuando un proyecto presenta modificaciones de este tipo, es obligatorio abrir una nueva fase de participación ciudadana, de modo que la comunidad pueda conocer los cambios y expresar sus observaciones.

En este caso, el proceso se extenderá por 30 días y comenzará a contarse desde la publicación de un extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional, trámite que deberá ser realizado por el titular.

Durante este período se suspenderá automáticamente la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de la desaladora.

La resolución fue firmada por el director regional del SEA, Erwin Gajardo Pizarro, quien destacó que esta medida busca reforzar la transparencia y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que puedan tener un impacto significativo en su entorno.

“La participación ciudadana es un pilar fundamental de la evaluación ambiental, ya que permite que las comunidades directamente afectadas puedan incidir en el proceso con información relevante y sus propias percepciones”, señaló.

Con esta determinación, el SEA subraya que los grandes proyectos de infraestructura, como la desaladora, deben no solo cumplir con los requisitos técnicos y ambientales, sino también incorporar la visión de las comunidades que serán parte de su área de influencia. Se espera que en los próximos días se concrete la publicación del extracto que dará inicio formal a esta nueva etapa de diálogo y consulta pública.

Parlamentarios muestran preocupación por aplazamiento

Al respecto, el senador Matías Walker, sostuvo que “lo que es posible cuestionar es la oportunidad de esta nueva participación ciudadana y por qué no calzó con la prórroga que se hizo de la licitación propiamente tal y que supuestamente pidieron los propios presuntos oferentes para los efectos de poder preparar sus ofertas”.

“Es una nueva dilación y lamentablemente no han calzado los tiempos del Servicio de Evaluación Ambiental con los tiempos de la Dirección de Concesiones y se hace cada día más difícil cumplir el compromiso del gobierno del Presidente Boric de adjudicar esta obra que es trascendental para la región de Coquimbo”, agregó.

Por su parte, el diputado Víctor Pino, indicó que “me preocupa que esta resolución emitida hace pocos días por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo pueda generar incertidumbre nuevamente en la ciudadanía y en quienes desean invertir en este proyecto tan importante para la región de Coquimbo”.

“Tenemos que recordar que nos encontramos en una sequía hace varios años y que ya esta situación se está tornando insostenible, cómo nos han dicho de los expertos”, acotó.

En esa línea, aseguró que “por lo tanto, es fundamental que se pueda realizar a la brevedad esta consulta ciudadana que resolvió el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, lo cual también no debería afectar en ningún caso el proceso de licitación que se está llevando a cabo por parte de la Dirección General de Concesiones, la que tiene para octubre la recepción de la oferta y para mediados de noviembre la apertura de las mismas”.

“También recordar que en el mes de marzo, de acuerdo al calendario, la Dirección General de concesiones debería adjudicar esta obra. Así que lo que esperamos es que puedan acelerar el paso para dar respuesta al requerimiento del Servicio de Evaluación Ambiental por parte de la Dirección General de Concesiones y así poder tener todos los antecedentes requeridos en tiempo y forma para que este proyecto pueda seguir avanzando cómo todos los habitantes de la región de Coquimbo y principalmente de las comunas de La Serena y Coquimbo esperamos”, recalcó.