La oposición enfrenta el desafío de reunir los votos para aprobar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Con 65 apoyos preliminares y 78 necesarios, las miradas están puestas en el Partido de la Gente, que aún no define si respaldará el libelo.
La presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrió un desafío para la oposición, que tendrá que conseguir los votos necesarios para que el libelo prospere en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Después de 16 días de conversaciones y diferencias entre las distintas fuerzas opositoras, el documento ingresó finalmente el jueves 12 de noviembre.
Fue suscrito por diez parlamentarios de seis partidos y busca establecer responsabilidades del ministro por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.
El texto contempla tres capítulos.
El primero cuestiona los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; el segundo aborda las rebajas concedidas a responsables de crímenes de lesa humanidad, y el tercero apunta a eventuales vulneraciones al principio de probidad.
El jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, destacó la coordinación que permitió concretar la presentación del libelo.
“Esto es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto. Y esperamos y confiamos en que las y los diputados de esta Cámara de Diputados den lugar a la misma para que proceda la acusación constitucional”, sentenció.
Con la acusación ya ingresada, las miradas se trasladaron hacia los 14 diputados del Partido de la Gente. La oposición cuenta preliminarmente con 65 votos y necesita 78 para aprobar el libelo, por lo que requiere sumar —al menos— otros 13 apoyos.
Sin embargo, en el PDG todavía no existe una definición. La bancada espera revisar íntegramente los antecedentes antes de adoptar una postura, mientras toma fuerza la posibilidad de dar libertad de acción a sus parlamentarios.
Su jefe de bancada, Juan Valenzuela, reconoció que existen cuestionamientos políticos a la actuación de Rabat, pero advirtió que eso no necesariamente constituye una infracción constitucional.
“Otro ámbito tiene que velar con el tema jurídico, que es lo que incluso algunas voces autorizadas han dicho que podría existir un reproche moral, mas no hay una infracción constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros nos corresponde, efectivamente, es mirar aquellos capítulos que tengan el libelo”, detalló.
Además de buscar los votos del PDG, la oposición observa a parlamentarios oficialistas que han manifestado reparos a la gestión del Ministerio de Justicia. Eventuales abstenciones o ausencias podrían modificar el escenario de la votación.
Desde el Gobierno, en tanto, han cerrado filas en defensa del ministro y cuestionado los fundamentos del libelo. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó la acusación como “liviana” y “mal preparada”, manifestando su confianza en la defensa que pueda realizar Rabat.
“El ministro Rabat no cometió ningún acto ilegal y tampoco inconstitucional; por el contrario, cumplió con la Constitución y la ley y, por tanto, esa acusación constitucional, a nuestro juicio, no cumple con ninguno de los requisitos necesarios para hacer una acusación constitucional que se pueda votar a favor”, apuntó.
El próximo lunes comenzará formalmente la tramitación en la Cámara, con la cuenta del ingreso y la conformación de la comisión revisora. A partir de entonces, se abrirá una nueva etapa de discusión jurídica y de negociaciones políticas para definir el futuro del ministro.
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