Una acusación al achunte

“Entonces vamos también por los ministros de la Corte Suprema”. La frase es de Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, y resume con brutal franqueza el sentido de la acusación constitucional que su partido estudia contra ministros de la Corte Suprema, por las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores.

El fundamento sería que esos ministros “forzaron en la práctica 276 liberaciones o reducciones de pena”. Fíjese bien: no les imputa haber delinquido, sino haber fallado. Es decir, se trata de acusarlos por el contenido de sus sentencias.

La Reina de Corazones de Lewis Carroll estaría orgullosa de sus alumnos chilenos. “¡Que le corten la cabeza!”, gritaba, y el juicio venía después. Su hermana, la senadora Vanessa Kaiser, lo tradujo sin metáforas: si se va por la cabeza de Rabat, hay que ir también por la de los ministros que fallaron igual que él. El orden es el mismo: primero se anuncia la acusación y después se buscan los hechos.

Para eso, pidieron al Ministerio de Justicia el detalle de más de 300 resoluciones judiciales. 300 fallos (sí, leyó bien), revisados uno a uno, a ver si en alguno aparece algo. Y si no aparece, siempre se puede seguir buscando. Como en los mejores tiempos de esa izquierda octubrista que tanto dicen detestar.

En buen chileno, eso se llama disparar al achunte: tirar a la bandada sin apuntar, a ver si algún perdigón da en algo. Quien dispara así rara vez le achunta al blanco y casi siempre hiere a quien no correspondía. En este caso, a la independencia judicial.

Obviamente me indigna y me enrabia que se deje en libertad a violadores y pedófilos, y creo que cualquier autoridad que lo haya hecho teniendo otra opción debe renunciar sin más. Pero la indignación no es un capítulo acusatorio. La Constitución es clara: su artículo 76 prohíbe al Congreso, en caso alguno, revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales.

No dice “salvo que el fallo nos parezca indignante”. Tampoco “salvo que los diputados quieran hacer un reel para Instagram”. Ni tampoco dice “salvo que la oposición haya hecho otra acusación que no me guste”. No. Dice: en caso alguno.

Es curioso quiénes lo olvidan. Durante años, los que proponen esta acusación se presentaron como los guardianes más celosos de la Constitución de 1980. No se le podía tocar una coma. Quien osaba proponer cambios era sospechoso de octubrismo, de chavismo o de algo peor: de cobardía. Pues bien: el artículo 76 no es un invento de la Convención ni de Rojas Vade. Está en el texto que tanto defendieron. ¿Lo habrán leído? Claro que sí, y eso es lo que más molesta. La Constitución era sagrada… hasta que no nos sirve.

¿Significa esto que los jueces son intocables? En absoluto. El artículo 52 permite acusarlos por notable abandono de sus deberes, causal que la doctrina, desde Silva Bascuñán, reserva para hechos que revelan una torcida intención.

Un juez que falla a cambio de dinero o conversa causas por chat con un operador abandona sus deberes. Uno que interpreta la ley de un modo que no nos gusta no abandona su deber, sino que lo ejerce. Así lo entendió la derecha en 2018, cuando la izquierda acusó a tres supremos por conceder libertades condicionales a presos de Punta Peuco. La Cámara la rechazó por 73 votos contra 64, con un argumento muy sensato: a un juez no se le juzga por su sentencia.

Una acusación por el contenido de los fallos es un instructivo para todos los jueces del país: o fallan como queremos o aténganse a las consecuencias. Es pautear sentencias desde el Congreso, como quien le pasa la pauta a un panelista antes de salir al aire. Imagine al juez de turno, con un amparo sobre la mesa, preguntándose no qué dice la ley, sino qué tuiteará esa noche la bancada libertaria. Y que nadie se haga ilusiones: mañana la mayoría será otra, y el libelo apuntará al juez que falle a favor de un carabinero o de un agricultor de La Araucanía.

Hay, además, una pregunta que nadie formula en voz alta. La Sala Penal de la Suprema es a la que inevitablemente apunta esta ofensiva. “Son puros jueces de izquierda todos estos garantistas”, dijo en Descarados, su programa semanal, la senadora Kaiser. Cuesta no sospechar que bajo la bandera de los niños se esconda una pasada de cuentas por otros fallos. Ojalá me equivoque, porque si las víctimas son usadas como un pretexto, eso sería todavía más indignante.

Quien quiera evitar estas rebajas tiene un camino más aburrido, pero constitucional: cambiar la ley.Es lo que otros hicieron al promover una reforma que excluya a los condenados por delitos sexuales contra menores de todo beneficio de reducción de condena. Y si en esos 300 fallos aparece un juez que torció el derecho a sabiendas, para eso existen herramientas precisas, no actos al achunte: la querella de capítulos y el delito de prevaricación judicial.

Los diputados tienen asesores y, entiendo, les regalan un ejemplar de la Constitución. Les sugiero desempolvarla. Probablemente se acuerden releyéndola que no tienen, ni deben tener, facultades para decirle a un juez cómo juzgar. En cambio, podrán recordar que lo que les toca hacer es legislar bien. ¡Eso sí sería fortalecer la institucionalidad y proteger la Constitución!