El costo de la amnesia: por qué Chile no puede volver a regalarle la calle al caos

La memoria colectiva suele ser frágil, pero en materia de seguridad pública y estabilidad institucional, olvidar el pasado reciente constituye una irresponsabilidad mayúscula.

En octubre de 2019, Chile vivió una de las fracturas más profundas de su historia democrática. Lo que se inició bajo el alero de demandas sociales legítimas derivó en una espiral de violencia, vandalismo y destrucción de infraestructura pública y privada que mantuvo al país en vilo durante 165 días continuos y sometió a una severa prueba a nuestra institucionalidad democrática.

Años después, cuando observamos con inquietud cómo diversas capitales europeas enfrentan movimientos sociales marcados por episodios de violencia, saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, así como a fuerzas policiales sometidas a exigencias extraordinarias, resulta imperativo mirar hacia nuestro propio país y preguntarnos: ¿aprendimos realmente la lección o estamos propiciando las condiciones para repetir los mismos errores?

El escenario actual exige máxima lucidez. Convivimos con un complejo panorama económico y social, caracterizado por un crecimiento insuficiente, presiones sobre el costo de la vida, dificultades de empleo y una creciente desafección hacia las instituciones. Esta combinación de factores configura un terreno fértil para el malestar y la frustración.

En este contexto, los llamados irresponsables a la movilización social, particularmente cuando se desentienden de los riesgos de instrumentalización por grupos violentos, pueden convertirse en la chispa que encienda nuevamente un escenario de conflictividad.

Esta realidad adquiere especial relevancia a la luz de la teoría de la sociedad del riesgo, desarrollada por el sociólogo alemán Ulrich Beck, quien advirtió que “los procesos de globalización y modernización generan nuevas incertidumbres que desbordan las capacidades tradicionales de respuesta de los Estados. Las transformaciones económicas, las amenazas transnacionales y la creciente percepción de inseguridad configuran riesgos que afectan directamente la vida cotidiana de las personas. Cuando estas incertidumbres se encuentran con sistemas políticos que no interpretan adecuadamente las demandas ciudadanas, se profundiza una crisis de representación que alimenta la desconfianza institucional y la frustración social”.

El problema surge cuando esa distancia entre ciudadanía y representación política termina siendo aprovechada por sectores que pretenden sustituir la deliberación democrática por la presión de la calle, desconociendo que ninguna demanda, por legítima que sea, puede justificar la violencia ni la vulneración del Estado de derecho.

El derecho a la manifestación pacífica es un pilar fundamental de cualquier democracia sana. Sin embargo, existe una frontera nítida entre el ejercicio legítimo de ese derecho y la instrumentalización de la protesta para socavar el Estado de derecho.

La experiencia de 2019 demostró el altísimo costo que paga el país cuando se relativiza la violencia o se debilita moral y operativamente a quienes tienen el mandato de resguardar el orden público. Carabineros de Chile enfrentó entonces una exigencia sin precedentes, operando bajo un intenso escrutinio político y mediático, mientras sus funcionarios y cuarteles eran objeto de ataques directos.

Desde una perspectiva técnica y operativa, el desafío actual es aún más complejo. Chile ya no enfrenta únicamente la delincuencia común; hoy debe responder también a estructuras de crimen organizado transnacional de alta peligrosidad. Cada vez que una convocatoria deriva en desmanes, barricadas, bloqueos de rutas y saqueos, el Estado se ve obligado a redistribuir importantes capacidades policiales desde los barrios y las labores preventivas e investigativas hacia el control del orden público.

Esta reasignación puede debilitar la presencia territorial y generar oportunidades que las organizaciones criminales aprovechan para consolidar sus actividades ilícitas. En consecuencia, la violencia callejera no solo afecta la convivencia democrática, sino que también compromete capacidades institucionales indispensables para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia en nuestros barrios.

Evitar un nuevo retroceso exige que cada actor asuma su cuota de responsabilidad con verdadero sentido de Estado. El Gobierno tiene el deber ineludible de ejercer la autoridad, seguir respaldando sin ambigüedades la labor policial dentro del marco de la ley y anticiparse a los conflictos mediante una gestión eficiente. El Congreso, por su parte, debe actuar con responsabilidad y celeridad legislativa, dotando a las instituciones de herramientas modernas y certeza jurídica, dejando atrás los cálculos electorales de corto plazo, ya que para eso fueron electos.

Asimismo, los gremios productivos y del comercio cumplen un papel fundamental en la defensa de la continuidad operacional, el empleo y la inversión, procurando que sus legítimas demandas se canalicen institucionalmente y no sean instrumentalizadas por sectores que persiguen objetivos ajenos al interés general.

Las organizaciones sociales y la ciudadanía, por su parte, deben demostrar una madurez cívica intransable, aislando a los grupos violentistas y comprendiendo que destruir el transporte público, los barrios y los espacios comunes, así como bloquear rutas y caminos, termina perjudicando especialmente a las familias más vulnerables. La legitimidad de una causa no puede medirse por la intensidad de la confrontación, sino por su capacidad para promover transformaciones dentro de las reglas de la convivencia democrática.

El costo de la amnesia no consiste únicamente en olvidar los daños materiales, las víctimas o las profundas fracturas sociales que dejó nuestra historia reciente. Su verdadero peligro radica en perder la capacidad de reconocer las condiciones que hicieron posible aquella violencia y, peor aún, volver a justificarla cuando responde a intereses que algunos consideran legítimos.

Chile enfrenta nuevamente una pregunta fundamental: ¿seremos capaces de rechazar la violencia sin distinciones ni conveniencias políticas, respetar nuestras instituciones y defender el Estado de derecho incluso cuando sus decisiones no satisfagan nuestras expectativas? La respuesta determinará si hemos aprendido de nuestra historia o si estamos condenados a repetir sus errores.

Una democracia que olvida el costo de la violencia corre el riesgo de terminar aceptándola nuevamente.