Pese a no haber sido invitado, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, asistió de todas formas a la Comisión de Constitución del Senado, en la antesala del debate que comenzará este miércoles sobre los distintos proyectos que buscan modificar el sistema de rebajas de penas. Entre ellos, la iniciativa que apunta a derogar la ley promulgada durante el gobierno de Ricardo Lagos, que estableció un mecanismo de reducción de condenas.
El presidente de la comisión, Vlado Mirosevic, abrió la sesión de este lunes dejando en claro que Rabat no será invitado formalmente mientras el Gobierno no entregue los 56 decretos de rebajas de condenas. Además, cuestionó que el secretario de Estado pretenda ser parte de las soluciones cuando, a su juicio, ha sido parte del problema.
Sin embargo, el ministro tiene la facultad de asistir a las sesiones sin necesidad de una invitación, por lo que el senador liberal aseguró que la agenda legislativa continuará según lo previsto.
Mirosevic sostuvo que existe un acuerdo en la oposición para evitar que Rabat participe en la comisión como si nada hubiese ocurrido.
“Nadie le negó el ingreso. Sin embargo, yo lo dije públicamente: el acuerdo de la oposición era no invitar al ministro, porque que llegue el ministro aquí como que no ha pasado nada, tampoco es lo correcto. La sesión se desarrolló; nuestra disposición era que un ministro que no transparenta los decretos a esta misma comisión no le entrega la información, bueno…”, fustigó.
Oficialismo cuestiona decisión de la oposición
Desde Renovación Nacional, el senador Andrés Longton arremetió contra la decisión de la oposición de bloquear la convocatoria que la mesa del Senado intentó concretar el pasado viernes para adelantar la tramitación de los proyectos.
El parlamentario acusó un “falso interés en las víctimas” por parte del sector y recordó que el Congreso no puede limitar las facultades colegisladoras del Ejecutivo.
“Por lo que pude recabar, no hay precedentes respecto a que se deje de invitar a un ministro de Estado para hacer un punto político. Tiene funciones colegisladoras. Una mala práctica porque termina arrogando funciones a parlamentarios que no le corresponden. Es avanzar hacia prácticas de parlamentarismo de facto”, cuestionó.
Los tiempos de tramitación abren un nuevo flanco
Los plazos legislativos también anticipan un nuevo foco de tensión. Mientras el Ejecutivo busca acelerar la discusión, Mirosevic ha dado señales de que pretende avanzar con mayor cautela, contemplando un período de audiencias para recoger distintas opiniones de expertos sobre la materia.
En esa línea, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, llamó a legislar con mesura y advirtió que resulta indispensable conocer el contenido de los decretos que el Gobierno aún no entrega.
“Hay que revisarlo con cautela, para que no volvamos a cometer los errores que cometió el ministro, porque si se nos pide discusión inmediata y aún el ministro no ha sido capaz de entregarnos los decretos y podamos legislar de adecuada manera, es difícil. Es incompatible esta urgencia con la ausencia de información oficial”, criticó.
Por su parte, el Gobierno ingresará una urgencia de discusión inmediata al proyecto que busca eliminar por completo el mecanismo de reducción de condenas por buena conducta, independientemente del delito cometido.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, explicó que la decisión de presentar esta iniciativa se adoptó luego de constatar que existían los apoyos políticos necesarios para avanzar en su tramitación.
“Tomamos la decisión luego de indagar sobre los apoyos políticos, derechamente presentar un proyecto que deroga la ley que permite rebajas de condenas. Probablemente, se alteren las urgencias. El mismo Ejecutivo ha dicho que esa es la solución definitiva”, apuntó.
El llamado a evitar los extremos
Una postura distinta manifestó la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, quien llamó a buscar un equilibrio en la discusión.
Si bien reiteró su rechazo a la firma de decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores, advirtió que tampoco respaldará una reforma que elimine indiscriminadamente los beneficios penitenciarios.
A su juicio, el debate no debe oscilar entre dos posiciones extremas, sino considerar los efectos de cada propuesta.
“Tenemos que escuchar a expertas y expertos, tenemos que ver todos los proyectos en su mérito y que hay que ser muy fino en el justo equilibrio. No voy a estar en el péndulo de que se excluya a todos o no se excluya a nadie. Esos dos extremos no sé si nos ayudan”, sentenció.
La Comisión de Constitución volverá a sesionar este miércoles para abordar los proyectos de rebajas de penas, aunque todavía no existe una nómina definitiva de invitados.
Mientras Mirosevic prepara una ronda de audiencias para profundizar el análisis, el oficialismo y el Gobierno apuestan por despachar las iniciativas en apenas un par de sesiones.
En medio de esa disputa por los tiempos y el rumbo de la discusión, Rabat buscará mantenerse presente, con o sin invitación, para participar en la búsqueda de soluciones a una crisis que lo tiene en el centro de los cuestionamientos de la oposición.
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