El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reveló este lunes que su cartera está tramitando cerca de 50 solicitudes de información del Congreso, en medio de los cuestionamientos por la demora en la entrega de los decretos de rebajas de condena., documentos que la Comisión de Constitución del Senado considera fundamentales para discutir los proyectos de ley que buscan modificar este beneficio.
La explicación llegó durante una tensa sesión de la comisión, encabezada por Vlado Mirosevic, quien reconoció que decidió no invitar al secretario de Estado debido a la molestia de la mayoría de sus integrantes por la falta de respuesta. Pese a ello, Rabat asistió igualmente, amparado en sus facultades constitucionales.
“Quiero hacer presente la molestia de la mayoría de los miembros de esta comisión respecto de la demora en la entrega de los antecedentes, en particular el oficio que nosotros despachamos semanas atrás respecto de los decretos firmados”, señaló Mirosevic.
El parlamentario explicó que se trata de información necesaria para avanzar en las iniciativas que serán discutidas durante esta semana: “Estamos tramitando proyectos donde necesitamos esa información y la razón, y quiero ser muy franco y directo, ministro, por la cual no lo invitamos, es precisamente eso: la molestia de la mayoría de la comisión respecto de la demora en la entrega de esa información”, sostuvo.
Rabat explica la demora: cerca de 50 solicitudes en tramitación
Antes de comenzar la sesión, Mirosevic ya había cuestionado duramente al secretario de Estado por la falta de antecedentes. “El ministro a esta comisión le ha negado el acceso a los decretos que él firmó. Necesitamos tener esa información, eso es clave. Porque estamos tramitando proyectos que tienen que ver con esto”, afirmó.
Ante los cuestionamientos, Fernando Rabat defendió su presencia en la comisión y aseguró que el Ministerio de Justicia continúa recopilando los antecedentes solicitados por los parlamentarios.
“Para responderle al Congreso Nacional tenemos aproximadamente 50 solicitudes de información. Por lo tanto, se están recopilando los antecedentes que son de variada naturaleza”, explicó.
El ministro agregó que las respuestas deben contener información completa para permitir que el Congreso adopte sus decisiones con todos los antecedentes disponibles. Además, insistió en que parte de los documentos contienen datos sensibles, lo que obliga a adoptar precauciones antes de entregarlos.
No comprometió en todo caso una fecha concreta para responder los requerimientos.
Senadores presionan a Rabat por decretos para legislar
La falta de antecedentes generó nuevos cuestionamientos entre los parlamentarios, especialmente porque la comisión tiene previsto revisar cuatro proyectos relacionados con las rebajas de condena.
La senadora Paulina Vodanovic (PS) recordó que la solicitud fue aprobada por unanimidad y que los documentos son indispensables para conocer qué delitos fueron beneficiados y bajo qué condiciones.
“Aquí hay un deber desde el Ministerio de Justicia que no se está cumpliendo”, afirmó.
La senadora emplazó al Gobierno a entregar los antecedentes antes de la discusión legislativa: “Ojalá podamos apretar el botón, presidente, de aquí a mañana y que esta comisión sea tratada con el respeto que merece para poder mejor legislar”, sostuvo.
A los cuestionamientos se sumó la senadora Claudia Pascual ((PC):
“Es bien poco razonable que a solicitud formal de la Comisión de Constitución no podamos tener la respuesta solo de los primeros 56 oficios más los tres oficios que involucran a criminales de lesa humanidad, son 59”, señaló.
Pascual también advirtió que legislar sin conocer los decretos podría llevar a modificar apresuradamente el sistema de beneficios penitenciarios.
Por su parte, el senador Andrés Longton (RN) defendió que el Ejecutivo todavía se encuentra dentro de los plazos que considera aplicables para responder y cuestionó la decisión de no invitar al ministro.
Así, mientras el Gobierno insiste en que necesita tiempo para recopilar los antecedentes y resguardar los datos sensibles, la Comisión de Constitución mantiene la presión para recibir los decretos antes de avanzar en las reformas.
El punto de fondo, según los senadores que exigen la información, es que deberán discutir cambios a la ley sin conocer todavía todos los casos que originaron la controversia.
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